Hay una galería de fotos en la que puedes leer sus nombres completos y la edad que tienen. Hay retratos con gestos tiernos, sorprendidos, ojos inocentes, pero también hay miradas tristes. En algunos casos, en vez de fotos, una silueta de niña o niño sustituye sus identidades reales. A veces, estas imágenes no corresponden a sus edades actuales. La coincidencia de los dos apellidos en varios niños, niñas y adolescentes en esa página hace pensar que allí hay varios grupos de hermanos.
Por Vorágine / Paula Andrea Jiménez
Es la galería que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), entidad que protege a la niñez en Colombia, deja ver de los niños, niñas y adolescentes migrantes de Venezuela que están abandonados en Colombia por múltiples razones. Se llama ‘Me Conoces, Niños Venezolanos’. Es inevitable preguntarse si habrá alguien buscándolos, extrañándolos o si en su país de origen las familias que dejaron sabrán que están solos, separados de sus padres o del núcleo familiar que migró de Venezuela.
El Santuario, el viacrucis
El 3 de noviembre de 2022, El Santuario, un pequeño pueblo en el oriente de Antioquia, se convertiría paradójicamente en una de las estaciones de otro calvario que Yenifer Maestre comenzaría a transitar. Después de más de nueve días atravesando Perú, Ecuador y parte de Colombia junto a sus dos niños y a su compañero, consiguieron refugio y comida en una casa de esa localidad para descansar y continuar el camino que habían decidido emprender de regreso a Venezuela.
La mañana de ese jueves, los cuatro se sentaron en la plaza del pueblo a esperar que aclarara el día para seguir el largo periplo. Cuando Yenifer corrigió con firmeza a uno de los niños, una mujer que pasaba la reportó en una oficina del ICBF. Lo que sucedería no lo vio venir.
“Intentamos correr cada uno con un niño en brazos, pero no pudimos. Los niños gritaban y gritaban, pero se los llevaron en una camioneta”.
Entre el llanto y la desorientación, ambos adultos vieron cómo la Unidad de la Policía de Infancia y Adolescencia trasladaba a sus hijos, una intervención que se hace cuando se advierte una vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
“Lloramos muchísimo, me enfermé y estuve varios días con fiebre. En Santuario me dieron posada e iba todos los días a preguntar que a dónde se habían llevado a mis hijos. Me decían que no podía saber. Llevábamos varios días de mochileros y tal vez las ropas no estaban tan limpias”.
El teléfono de Yenifer timbró una semana después. Al otro lado de la línea oyó las voces de Elián y de Jesús Manuel, sus niños de 4 y 6 años. Los dos hermanitos estaban oficialmente bajo custodia del ICBF, en la modalidad de internado, en la Corporación Casa de María y el Niño, a una hora de allí, en Medellín, la capital de Antioquia.
Faltando un día para la Navidad, Yenifer recibió la autorización para ver finalmente a sus hijos. Habían pasado casi dos meses. “Yo estaba desesperada, les insistía en el ICBF que quería ver a mis niños”.
Tuvieron que establecerse como pudieron en el país que solo atravesaban para regresar al suyo. El dinero de las golosinas que venden en las calles solo alcanza para pagar un cuarto diario, la comida y los pasajes de ella para ir a ver a los niños todos los miércoles.
A las siete de la mañana, los autobuses que suben a las colinas del exclusivo barrio El Poblado van a reventar; la mayoría de los pasajeros trabaja en las zonas residenciales o comerciales. Para llegar al internado hay que hacer otro trayecto a pie por las empinadas calles. Allí, varias mujeres jóvenes se agolpan afuera en el cercado, esperando que sean solo las ocho de la mañana.
El vigilante, con acento caribeño y trato cercano, conoce casi al detalle las historias de cada una de ellas. Se abren las puertas y entonces se empiezan a oír unas vocecitas muy agudas: “Mamá, mamá, aquí estoy”. Son las cuatro horas más fugaces para Yenifer y otras madres cada semana.
Las cifras silenciosas del éxodo
Las letras pequeñas de los decretos a veces pasan desapercibidas. Cuando el Gobierno de Iván Duque lanzó en 2021 el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (ETPV), quedó plasmada en su marco de justificación una cifra de la que pocos hablan: los casi 6.500 niños, niñas y adolescentes migrantes que sufrieron vulneraciones a su integridad entre 2015 y 2020. Ante ese panorama, el Estado colombiano intervino y abrió los llamados Procesos Administrativos de Restablecimiento de Derechos, conocidos como PARD por sus siglas.
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