El lunes el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, recibió en Brasilia al dictador venezolano Nicolás Maduro. Durante la conferencia conjunta que brindaron, el mandatario local, mirando a los ojos el líder chavista, dijo que los señalamientos de autoritarismo y antidemocracia en el país caribeño forman parte de una “narrativa construida”. Esto, pese a los innumerables informes de violaciones a los derechos humanos, torturas y presos políticos que reflejan la dramática situación que sigue viviendo el pueblo venezolano.
Por Lucas Goyret / infobae.com
Informes elaborados por los más diversos organismos internacionales, como la ONU, Human Rights Watch y Amnistía Internacional, entre otros; y por organizaciones no gubernamentales que velan por los derechos humanos. Una de ellas es el Instituto Casla, con sede en Praga, cuya directora es la abogada y activista Tamara Suju, quien desde hace años denuncia -con contundentes pruebas y testimonios- las atrocidades cometidas por el régimen chavista. Entre sus múltiples investigaciones, elaboró un reporte con “los rostros de la tortura” en Venezuela.
Este informe fue publicado hace pocos años. Sin embargo, en las últimas horas usuarios de las redes sociales volvieron a compartir las denuncias del Instituto Casla en momentos en que el dictador Maduro busca, de a poco, reinsertarse en la comunidad internacional de la mano de líderes de la región.
Uno de los primeros en ser expuestos por el informe de la ONG, es el capitán Jonathan Becerra, alias Piraña, de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). Las denuncias en su contra aseguran que “disfruta aplicando shock eléctricos en partes íntimas y viola con palos a los detenidos”. Su nombre aparece en el informe de la Misión de Investigación de la ONU, y fue señalado de criminal de lesa humanidad por el organismo.
Pese a estos señalamientos, Becerra fue convocado por la Fiscalía Militar a cargo de la capitana María Marcelina Martínez Salazar como testigo en uno de los juicios contra militares detenidos en la DGCIM.
Los otros dos que, según el Instituto Casla, se encargaban de ejecutar las torturas a los detenidos y secuestrados en los sótanos y calabozos del DGCIM, en Boleíta, Caracas, son el mayor José Sánchez Castro y el teniente coronel Néstor Blanco Hurtado.
La ONG indicó que Blanco Hurtado tortura a civiles y militares “con sus manos en las catacumbas” del DGCIM. Asimismo, es señalado de ser uno de los ejecutores del asesinato de Óscar Pérez. Este largo historial de torturas y vejaciones lo llevó a ser sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Sin embargo, después de extorsionar a un presunto narco que estaba detenido en el DGCIM, fue separado del cargo y aprehendido en Fuerte Tiuna.
Este grupo de torturadores operaba bajo la orden del coronel Hannover Esteban Guerrero Mijares, y de Iván Hernández Dala, director del DGCIM.
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