La Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional (CPI) ha decidido que la Fiscalía de la Corte reanude su investigación sobre los crímenes de lesa humanidad ocurridos en Venezuela. La investigación estaba suspendida desde abril del año pasado gracias a un recurso interpuesto por la revolución bolivariana, que aseguró haber emprendido la investigación de los crímenes.
Por: El Mundo
La solicitud del fiscal Karim Khan, realizada en noviembre del año pasado, y los testimonios de 1.875 víctimas del chavismo han pesado más que las observaciones del oficialismo venezolano, reiteradas al propio Khan a principios de junio durante la puesta en marcha de una oficina de la Fiscalía en Caracas.
“La Sala concluyó que si bien Venezuela está tomando algunas medidas de investigación, sus procesos penales internos no reflejan suficientemente el alcance de la investigación prevista por la Fiscalía. El enfoque parece estar generalmente en los perpetradores directos y/o de menor nivel”, arguyó la CPI, quien además ha definido como “inexplicables” los periodos de inactividad investigativa. “No reflejan el alcance del caso”, han concluido en el informe.
Este proceso comenzó en 2018 gracias a la iniciativa de Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú. La decisión, recibida con euforia por organizaciones de derechos humanos y de sociedad civil en Venezuela, se hizo pública un día después del Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, precisamente uno de los crímenes de lesa humanidad investigados junto a las ejecuciones extrasumariales, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias y los violaciones sexuales.
“Es un paso histórico hacia la justicia”, reaccionó la ONG Provea, mientras Delsa Solórzano, candidata para las primarias de la oposición, aseguró que se trataba de un nuevo triunfo de las víctimas y “un nuevo revés para la dictadura”.
“¡Bravo, Venezuela. ¡Avanzamos!”, se congratuló Tamara Suju, directora del Instituto Casla de derechos humanos, cuyos testimonios aportados a la CPI reflejan cómo las torturas se aplican de forma sistemática no sólo en las sedes de la Dirección General de Contrainteligencia Criminal (DGCIM) y del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), también en centros clandestinos de detención.
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