En el marco de los 25 años de la Declaración de la ONU sobre Defensores de Derechos Humanos, se realizó el evento paralelo al Consejo de Derechos Humanos #HRC53 “Situación del Espacio Cívico en Venezuela”, donde personas defensoras de derechos humanos y el asesor de la Relatora Especial de la ONU sobre la situación de defensores, compartieron sus perspectivas sobre el contexto de riesgo que vive la sociedad civil venezolana.
El panel se abrió con los datos ofrecidos por Marco Antonio Ponce del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social sobre el aumento de las manifestaciones sociales. “Durante los primeros cinco meses del año se registraron 3900 protestas pacíficas en Venezuela. 86% de las cuales, se producen por la exigencia de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales. La otra parte de las manifestaciones la encabezan sindicatos y líderes gremiales que salen a las calles a exigir sean cumplidos sus derechos laborales, en especial sueldos justos”. En Venezuela el salario mínimo que devengan trabajadores y pensionados no sobrepasa los 5 dólares mensuales.
Las protestas y la inconformidad de las personas no han cesado, como lo quiere hacer ver el gobierno nacional en su discurso internacional. “La respuesta del Estado venezolano no ha resuelto los problemas de la gente, más bien la política de represión hacia la sociedad civil continua. Durante el 2023 se reportaron 74 manifestaciones restringidas en el país”.
Al respecto, Valentina Ballesta, investigadora de Asuntos Sudamericanos de Amnistía Internacional, dijo que en Venezuela siguen vigentes la represión a la disidencia, uso excesivo de la fuerza, la tortura en centros de detención, y muchas otras situaciones que podrían representar crímenes de lesa humanidad.
“El gobierno venezolano trata de difundir una narrativa de normalización y arreglo de la situación en el país, pero la verdad es que existen más riesgos y más persecución contra quienes reclaman derechos. Sofocar el espacio cívico en Venezuela repercutiría en la obstaculización de la búsqueda de la justicia y en la exigencia derechos”.
Amnistía Internacional ha alertado que las autoridades venezolanas suelen utilizar las detenciones arbitrarias para desarticular o desactivar focos de protesta social. Estas detenciones pueden ocurrir en el marco de la protesta, o en contra de quienes las convocan y organizan.
Para Michael Phoenix del equipo de la Relatora Especial de la ONU sobre la situación de defensores, el Estado venezolano parece haber construido un sistema de hostigamiento en contra de defensores y para limitar su trabajo.
“Hemos hablado con más de 30 personas defensoras venezolanas y nos preocupan sus testimonios de ataque y persecución. Observamos altos niveles de inseguridad, riesgo y violencia especialmente contra mujeres defensoras y personas defensoras de comunidades indígenas en contexto de actividades mineras”.
“El gobierno venezolano está avanzando en al menos 3 iniciativas de leyes que asfixiarían a las organizaciones de derechos humanos en el país”, alertó Phoenix.
El debilitamiento del estado de derecho, en particular de las garantías de la independencia judicial, se ha transformado en otro agente agresor contra los defensores de derechos humanos. Según Carlos Lusverti de la Comisión Internacional de Juristas, “el sistema de justicia venezolano es incapaz de proteger a las personas, más bien se han prestado para la judialización arbitraria”.
“El sistema judicial venezolano ha sido usado para hostigar y atacar a defensores de derechos. Los jueces y magistrados no tienen los méritos requeridos para ejecutar sus cargos y, por instrucciones, establecen condenas injustas a como dé lugar “.
En el Centro para los Defensores y la Justicia reconoce que en la medida que se profundiza la criminalización por la defensa de derechos, varios mecanismos internacionales se han pronunciado a favor de investigar violaciones y exigir el cese de la persecución y represión de las protestas.
“La Misión de Determinación de Hechos alertó que el uso de la lógica del enemigo, por parte del gobierno venezolano para criminalizar a personas consideradas disidentes, se estaba aplicando para atacar a la sociedad civil”, dijo Mariana Romero del Centro para los Defensores y la Justicia.
Además agregó: “Nos preocupa que el Estado no tenga la voluntad de cumplir con sus compromisos internacionales y siga cerrando el espacio cívico con medidas represivas y leyes restrictivas”
En los últimos cinco meses, el Centro para los Defensores y la Justicia ha registrado 288 agresiones a la defensa y promoción de derechos humanos, representadas en amenazas, persecución, hostigamiento, ataques digitales y promoción de leyes restrictivas.
Igualmente, Rigoberto Lobo de Promedehum, resaltó que el Estado venezolano estigmatiza y criminaliza el funcionamiento de las ONG e incumple con el artículo 22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Explicó las dificultades que han tenido que enfrentar las organizaciones de la sociedad civil para la realización del registro y actualizaciones reglamentarias para seguir operando en el país.
“Al menos 28% de las ONG en Venezuela no se encuentran debidamente registradas; mientras que el 54% registradas han tenido problemas para actualizar sus juntas directivas y legalizar sus documentos internos”.
Del mismo modo, denunció que las organizaciones que realizan asistencia humanitaria son atacadas y su trabajo es obstaculizado por funcionarios del Estado venezolano. Los insumos que entregan a las comunidades son retenidos en muchos casos.
Como es el caso de Javier Tarazona, director de la ONG humanitaria FundaRedes, quien en julio de 2023 cumplirá 2 años en detención arbitraria. Antes de su ilegal detención, Tarazona había denunciado hechos de persecución, amenazas y hostigamiento en su contra, a miembros de su familia y a su equipo de trabajo.
Recientemente, Amnistía Internacional ha alertado sobre el cierre del espacio cívico en la región y ha pedido garantizar el fin de políticas represivas para atender las demandas sociales de la población.
La organización mantiene y recuerda a la comunidad internacional la urgente necesidad de que existan mecanismos de rendición de cuentas, imparciales e independientes, que procuren el fin de la impunidad de estos hechos y de otras graves violaciones de derechos humanos en Venezuela, como único mecanismo para apuntar hacia la no repetición de estos hechos. Por lo tanto, recomienda:
• Respaldar la actuación de la Misión Internacional e Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela creada por el Consejo de Derechos Humanos (MIIDH) las Naciones Unidas;
• Solicitar al gobierno de Nicolás Maduro permita la entrada de la MIIDH para que lleven a cabo el mandato otorgado por el Consejo de Derechos Humanos, y se extienda una invitación y/o acepten las solicitudes dirigidas.
Nota de prensa