Luego de que la Corte Suprema de Estados Unidos respaldara las políticas de deportaciones de la administración Biden, se detalló el enfoque y las prioridades que tendrán estas acciones a partir de lo que establece el reglamento del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y las instrucciones que dio el secretario Alejandro Mayorkas a los jefes de todas las agencias de inmigración bajo su mando.
Por La Nación
De acuerdo con estos lineamientos, los operativos para arrestar y detener indocumentados estarán enfocados en aquellos inmigrantes que cometieron delitos graves durante su estancia en el país, o bien que hayan ingresado de manera ilegal después del 1° de noviembre de 2020. “Daremos prioridad a la detención y expulsión de no ciudadanos que sean una amenaza a nuestra seguridad nacional, seguridad pública y seguridad fronteriza”, explicó Mayorkas en un documento interno.
El reglamento del DHS sobre las deportaciones instruye que cuando los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) detengan a una persona indocumentada, deberán evaluar si “actualmente representa una amenaza para la seguridad pública”, así como “la extensión, seriedad y actualidad de la actividad delictiva” que pudo haber cometido el inmigrante antes de proceder con los trámites correspondientes a la deportación.
Adicional a este primer criterio, los agentes también deben considerar factores atenuantes, tales como entornos familiares, condiciones de salud, los vínculos de la persona con la comunidad, evidencias de rehabilitación social, e incluso si la persona en cuestión tiene posibilidades de recibir algún tipo de ayuda gubernamental.
“Confío en la fuerza laboral de ICE y confío en el liderazgo del equipo. Tengo confianza en mi propio liderazgo y en los esfuerzos que he hecho para relacionarme con los agentes y discutir con ellos estos mismos temas”, refirió el secretario Mayorkas al enviar el comunicado en septiembre del año pasado, que refuerza los lineamientos previamente anunciados en febrero de 2021.
Con estas determinaciones, la Corte establece que la falta de documentos que acrediten una estancia legal en Estados Unidos no deberá ser la “única causa” para ordenar una deportación. Por lo tanto, la decisión de los agentes para detener y expulsar a una persona debe estar justificada por otras agravantes que impliquen razones de seguridad.
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