El 85,2% de los venezolanos considera que es necesario un cambio político en Venezuela, y en ese marco el 67,1% afirman estar dispuestos a votar en la primaria del 22 octubre donde se elegirá al candidato único de la oposición para las elecciones presidenciales de 2024. Así lo revela el estudio de coyuntura nacional realizado por el Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la UCAB con trabajo de campo de la firma Delphos desarrollado entre el 19 y el 26 de junio del presente año a través de 1.200 encuestas directas en todo el territorio nacional a personas mayores de 18 años.
Los resultados de la encuesta fueron dados a conocer durante el evento Prospectiva Venezuela 2023-Semestre II, organizado por el CEPyG-UCAB, donde el rector de esta universidad, padre Arturo Peraza S.J., destacó que el trabajo realizado por este centro forma parte de la misión de investigación que realiza la universidad como institución, que incluye también la Encuesta Encovi, el estudio Psicodata, entre otras iniciativas. “Se trata de un esfuerzo de comprensión del país. Si queremos hacer propuestas, tenemos que hacer este esfuerzo de comprensión del país y de allí la relevancia de este evento”.
Félix Seijas, director de Delphos, se refirió a tendencias políticas que se observan en Venezuela según la última medición realizada. Destacó que 60,6% cree que la capacidad de lograr el cambio está en “nosotros mismos”, lo que refleja una importante evolución de la conciencia de ciudadanía de los venezolanos, que ya no esperan que los cambios sean el resultado de la acción de terceros, desde dentro o fuera del país. En esta oportunidad, solo 22,7% de los consultados se identificó como chavista, 37,5% como opositores y 39,8% dijo no estar en ninguna de esas tendencias.
Con respecto a quien es actualmente el principal líder de la oposición, 33,3% dijo que María Corina Machado; 6,4% Henrique Capriles; 4,1% Benjamín Rausseo; Manuel Rosales 3,6% y Juan Guaidó 1,4%; mientras que en noviembre de 2022, Guaidó era el líder con 10,8% y Machado apenas contaba con 6,1%. Y con respecto a los partidos que gozan de mayor aceptación destaca Vente Venezuela (30%), la MUD (19%); Primero Justicia (18,9%) y el PSUV (17,4%).
Llama la atención el interés que ha despertado el proceso de primaria, al punto que 67,1% de los encuestados afirmó que votaría el 22 de octubre, una cifra que hace un año estaba en 39,8% y en noviembre se ubicaba en 45,9%. Adicionalmente, cuando se preguntó sobre la posibilidad real de asistir a la primaria, 17% dijo que era alta y 13,3% moderada, lo cual es un número suficiente para considerar la Primaria un éxito libre de cuestionamientos.
Del total de respuestas, 29,5% dijo estar dispuesto a participar en la organización de la primaria. Pero cuando se preguntó si estaban dispuestos a protestar por algo relacionado con la primaria, 34,5% dijo que lo haría si el gobierno la impedía; 34% si el gobierno inhabilita al ganador y 29,9% para que se habilite al ganador. Adicionalmente, 47,4 % confía en la Comisión Nacional de Primaria (CNP).
Cierre de ciclos políticos
Al presentar los escenarios políticos para el segundo semestre del año, Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno (CEPyG) de la UCAB, resaltó que hay cambios importantes en el escenario político, que está condicionado por una serie de factores que conforman un sistema en el cual se engranan factores del entorno internacional y local con las dinámicas del tablero político en el que interactúan dinámicas muy variadas que incluyen no sólo temas como lo electoral y la negociación en lo político, sino otros “subjuegos” que incluyen intereses económicos, geopolíticos, investigaciones y procesos judiciales, el control militar, entre muchos otros. Internacionalmente afecta a este sistema las actitudes tanto de aliados democráticos como autoritarios en la comunidad internacional y su actitud (activa o pasiva) ante el caso venezolano. Pero además, entre los aliados internacionales se impone el dilema entre contribuir a la democratización o privilegiar la normalización de relaciones con Venezuela. Mientras que internamente prevalece la carrera de obstáculos para realizar la primaria que podría cohesionar a la oposición en torno a un candidato unitario, además de generar un efecto sobre la actitud de la sociedad civil, y desde el lado del gobierno la necesidad de mantener la cohesión entre actores políticos del oficialismo y quienes le sirven de sustento.
El análisis de Alarcón apunta a que se está cerrando el ciclo del chavismo vs la MUD para entrar en uno nuevo y diametralmente opuesto. Muere el chavismo e incluso, curiosamente, los actores tradicionales de la oposición también desaparecen simultáneamente, y se abre el camino a nuevos actores.
El gobierno, ante la pérdida de su piso político, solo puede sostenerse por la fuerza, lo que lo hace muy dependiente de otros actores estatales y paraestatales. Pero el oficialismo tiene un menú de alternativas estratégicas que va desde la que el régimen considera más deseable: divide et impera (cada vez menos factible) a la menos deseable para el gobierno, pero a la que podría apelar: el escenario Nicaragua.
“Una de esas jugadas fue el cambio de rectores del CNE. ¿Y por qué lo hizo justo ahora? Porque el CNE (gobierno) nunca estuvo dispuesto a cooperar con el éxito de la Primaria y la CNP estaba dispuesta a aceptar las condiciones del CNE; porque este CNE no es el que el gobierno necesita para las próximas elecciones (2024 y 2025); y porque para legitimar la presidencial se necesita suficiente tiempo para legitimar al nuevo CNE (proceso de 100 días), instalación de los nuevos rectores y reconfiguración del CNE (3 meses), convocatoria (6 meses antes) ya que necesita tener un CNE listo para convocar elección en cualquier momento del próximo año. Pero sobre todo porque este CNE no era el que el gobierno necesita para las próximas elecciones (presidencial 2024 y megaelecciones 2025), donde requiere tener una figura allí que provoque el abstencionismo opositor”.
Según Alarcón, dado que en una elección presidencial libre el gobierno la perdería porque más del 80% de los venezolanos pide cambio político, es predecible que se intentará detener las primarias por su efecto. Así las cosas, se presentan dos escenarios. Uno, que no haya primaria por intervención judicial si el gobierno calcula que la elección opositora puede tener éxito; o por anuncio de adelanto de elecciones. Ambas serían alternativas no deseables para el gobierno porque le resta legitimidad. Y dos, que se celebre la primaria y que fracase o que haya sabotaje; o que sea exitosa, por error de cálculo del gobierno.
El gobierno además teme que se active un escenario de movilizaciones, lo cual es posible, ya que es una tendencia que se observa en la encuesta presentada en el evento: en noviembre pasado 21,3% estaba dispuesto a protestar contra el gobierno y ahora la cifra ha subido a 32,7%.
¿Normalización versus democratización?
En cuanto al escenario internacional, los especialistas Elsa Cardozo y Félix Arellano admitieron que la situación de Venezuela ya no está en el centro de las discusiones. En estos momentos donde el orden mundial está conmocionado, no solo por la guerra en Ucrania, sino también por los avances de China y la crisis en Taiwán, Venezuela no aparece como prioridad. Pero a pesar de este escenario, hay que seguir insistiendo para que los países democráticos apoyen el esfuerzo por lograr condiciones de competitividad electoral, para lo que es importante que se reactive la mesa de negociación en México. Cosa que ahora luce como una utopía.
Recalcan Cardozo y Arellano que el tema es muy complejo. Hasta ahora la mayoría de las normalizaciones se han dado en aspectos administrativos, técnicos, consulares, y diplomáticos. Pero allí ha imperado la prudencia entre los otros países y un cambio en las expectativas sobre las posibilidades de una transición venezolana a la democracia, tras el fracaso de la presión impuesta durante 2019 y 2020.
En este caso, lo que busca Miraflores es reconocimiento de plena legitimidad, eliminación de sanciones, acceso a recursos financieros sin o con mínimos compromisos políticos democratizadores, sobre integridad electoral, presos políticos e inhabilitaciones y sin o con muy limitado escrutinio internacional sobre temas humanitarios, de derechos humanos y de erosión de libertades.
Se observa un falso dilema entre necesidades y urgencias (económicas, energéticas) y valores e institucionalidad (seguridad jurídica y gobernabilidad democrática). Pero a la vez se entreabre una ventana de oportunidad en la ruta hacia las presidenciales de 2024 y la importancia de contar con el apoyo de las democracias del mundo.
Diáspora abandonada
No se puede olvidar que la grave crisis económica, política y social que ha vivido el país en los últimos 23 años generó una fuerte migración que ha llevado a una nueva geografía nacional. Hoy en día, 8.200.000 venezolanos están fuera del país, lo que representa 27,42% de la población nacional.
Así lo señaló Alejandro Oropeza, director del Observatorio de la Diáspora Venezolana, quien agregó que de las 5.740.000 de personas mayores de 18 años que representan el 70% de la diáspora con derecho a voto, solo 107.892 (1,87%) están inscritas en el Registro Electoral Permanente. Y lamentablemente, no se ha legislado, reglamentado ni viabilizado, procesos de inscripción para elegir y ser electos para los nacionales que se encuentran fuera del país.
Bajo esta perspectiva se presenta una nueva realidad que ha generado un espacio público fragmentado, con obstrucción o limitación del ejercicio de los derechos y la no atención/reconocimiento de nuevos agentes sociales emergentes que complementa lo nacional.
Oropeza destacó que ese desconocimiento por parte del gobierno de la realidad de esa migración y la falta de estrategia por parte de la oposición que considere la Agenda Social emergente de los venezolanos en el exterior, así como la imposibilidad de votar de ese 27,42% de la población podría darle ventaja al oficialismo en los próximos comicios presidenciales, a pesar de que se supone que la mayoría de los emigrantes también quiere cambio de gobierno. Y advirtió que una posible continuación chavista en el poder haría que la actual intención de migración ubicada en 8,8% se duplique, profundizando su impacto en la región y en el mundo.
La bomba de tiempo del tipo de cambio
En materia económica, Asdrúbal Oliveros, director de Ecoanalítica, presentó un panorama bastante complejo. En principio señaló que luego de la “sensación de bienestar” del primer semestre de 2022, el país se encuentra en un escenario de crecimiento con el “techo bajo” debido a cinco problemas estructurales: somos un país pobre; con un sector petrolero herido de gravedad (producción de unos 600 mil a 700 mil B/d para ingresos de 2.000 millones de dólares anuales); una banca que no tiene suficientes recursos; una oferta restringida; y una economía poco competitiva.
Oliveros resaltó que la economía sigue siendo pequeña y frágil, altamente volátil, triplemente desigual, con un sistema de precios destruido, crédito escaso y caro y baja competitividad, donde la dinámica está concentrada en pocos sectores: alimentos, tecnología y salud. La inflación sigue siendo alta y persistente en divisas, con una dolarización transaccional que vuelve a ganar impulso. Destaca que la proporción de transacciones comerciales en divisas es muy desigual entre ciudades, pasando desde Mérida con 30%; Caracas con 49,9% y San Cristóbal con 87,5%. Y desdolarizar no será tarea fácil si se toma en cuenta que circulan $4.825 millones en efectivo versus $1.279 millones en bolívares. Y otro punto a tomar en cuenta es que el tipo de cambio oficial está en 28 Bs; el no oficial en casi 30 Bs y el de equilibrio en 70 Bs., lo que podría ser una bomba de tiempo.
Así las cosas, el gobierno enfrenta un serio dilema: lograr crecimiento aumentando el gasto y ganar elecciones; o controlar la inflación, restringir el gasto y quemar divisas. Las perspectivas para el segundo semestre apuntan a un aumento de flujos del gobierno, incremento moderado del consumo, aceleración de la inflación en bolívares y en divisas, mayor crédito bancario y más importaciones. Se proyecta que el PIB se ubique al cierre del año en 3,4% (versus 7,6% de 2022); la inflación en 228,5% y el tipo de cambio oficial en Bs 61,23.
La crisis de los servicios públicos
Asimismo Egleé Iturbe, exministra de Finanzas, abordó la crisis de los servicios públicos en Venezuela en las áreas de educación, salud, agua, energía eléctrica, suministro de gasolina y gasoil y telecomunicaciones; cómo afectan a la ciudadanía y las posibilidades de crecimiento de la economía y ofreció recomendaciones para superar esta problemática.
En cuanto a la educación, reconoció que hay una situación muy crítica debido al deterioro de la infraestructura de los planteles cuyo número ha disminuido, y la deserción de docentes debido a los bajos sueldos. Algo similar ocurre con el área de la salud, donde el sector público apenas invirtió 1,39% del presupuesto, muy por debajo del 3,90% del resto de los países de América Latina.
Con respecto al suministro de gasolina y gasoil, indicó que se debe a la baja capacidad de producción de PDVSA. Esto, aunado a las sanciones y la corrupción, ha generado una fuerte escasez lo que afecta la posibilidad de movilización de la población, especialmente en lo que refiere al transporte público, y a los sectores agrícola y ganadero.
Al cierre del evento, el Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la UCAB anunció que los panelistas del foro ofrecerán información al público sobre sus ponencias durante una serie de foros Politikafé que se realizarán los jueves a partir de la semana que viene en su sede de La Castellana. /Nota de Prensa