Las sociedades contemporáneas, industriales, complejas, dinámicas y conflictivas no pueden gobernarse, como hace 200 años, con un monarca rodeado de su gendarmería, sin más deber que imponer un orden que se correspondiera con su voluntad. Se crítica la educación pública más que para reformarla para eliminarla, lo propio con la salud pública, creyendo que el dilema de recurrir bien a la clínica privada o bien al brujo es mejor circunstancia, se intenta convencer a los asalariados que deben “emprender y reinventarse” como si no fuese su derecho la organización sindical, el diálogo tripartito, la contratación colectiva y un salario justo que pueden alcanzar usando, entre otras herramientas, el derecho constitucional a la huelga.
Pues bien, hay que insistir en defender que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, a la cual la humanidad llegó a consecuencia de luchar encarnizadamente contra el fascismo y el indecible sufrimiento que implicaron dos guerras mundiales, no es un papel desgastado, es la herramienta que tienen en sus manos los pueblos para luchar contra los enemigos de la democracia, la libertad, la igualdad y la fraternidad.
La Venezuela que aspira a restituir la democracia pide tener más derechos, no menos. A quienes les aterra el regreso del vaso de leche escolar, a quienes les perturba que se hable de alcanzar la paridad de género, a quienes les genera urticaria que se hable concretamente de inversión pública para reconstruir el sistema eléctrico nacional – porque no hay desarrollo sin energia- , a quienes tienen la retrograda idea de convertir a Venezuela en el reflejo viviente de sus dogmas asociados al fundamentalismo de mercado o al “modelo chino”, les debe caer la locha de que no hay cheques en blanco, que deben debatir en la arena de las ideas con quiénes defendemos que los derechos humanos son interdependientes e indivisibles, no puede haber democracia sin derecho al agua, sin derechos laborales, sin salud ni educación públicas, sin prestaciones sociales y sin atención prioritaria a las víctimas diferenciadas de la crisis humanitaria compleja.
Ciertamente, en ello podemos coincidir, el país ha vivido dos décadas de autoritarismo militar que condujo al estatismo y a la quiebra económica, hoy los hacedores de semejante desastre se desdicen y, como Freddy Bernal, ahora son promotores del “Estado Mínimo” para recibir el aplauso de pie de la burguesía criolla dedicada a la captación de rentas y a los estrafalarios beneficios de la economía de puertos. Los resultados son obvios: 7 millones de compatriotas migrantes, otros 7 millones de venezolanos en riesgo alimentario y la intensificación de la desigualdad social. Ahora bien, los problemas públicos, si deseamos resolverlos, se deben enfrentar con debate público, con meditación, con soporte en datos, con transparencia y sin abandonar, como eje transversal, la vigencia de los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales suscritos y ratificados por la República y nuestra mismísima constitución porque si desean hacer realidad sus más inconfesables deseos tendrían que reformar la constitución que los venezolanos se dieron a si mismos a través del voto. No se pongan a inventar que no son chinos.
Julio Castellanos / jcclozada@gmail.com / @rockypolitica