Recientemenete se conoció el contenido del proyecto de Ley Menéndez, también conocido como el Ley de Reconocimiento de la Ciudadanía Estadounidense de los Venezolanos.
Por lapatilla.com
Este proyecto fue presentado por el senador estadounidense Bob Menéndez en el Congreso de los Estados Unidos. El objetivo principal de este proyecto de ley es otorgar un estatus migratorio protegido a los venezolanos que se encuentran en Estados Unidos y brindarles la oportunidad de solicitar la ciudadanía estadounidense.
El proyecto de ley busca proporcionar un alivio migratorio a los venezolanos que han huido de la crisis política, económica y humanitaria en Venezuela. Propone la creación de un Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para los venezolanos que se encuentren en Estados Unidos, lo que les permitiría trabajar y vivir legalmente en el país mientras se resuelve la situación en su país de origen.
Además, el proyecto de ley contempla la agilización del proceso de solicitud de asilo para los venezolanos que han sido perseguidos o que enfrentan un peligro real en Venezuela. También busca facilitar el acceso a la atención médica y a programas de asistencia para los venezolanos que se encuentren en Estados Unidos.
El Proyecto de Ley Menéndez ha sido respaldado por varios legisladores y organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes. Sin embargo, es importante destacar que aún se encuentra en proceso legislativo y no ha sido aprobado como ley en el Congreso de los Estados Unidos.
Entre las disposiciones clave de la Ley se incluyen:
Apoyo a las negociaciones
– Reafirma la política de Estados Unidos en apoyo de una solución negociada a la crisis de Venezuela como se define en la Ley Verdad de 2019.
– Ordena que el Presidente remita a todos los funcionarios acusados del régimen de Maduro a INTERPOL para notificaciones rojas, si no se logra una solución negociada para restaurar la democracia en Venezuela en seis meses.
– Impone sanciones a todas las personas previamente designadas por Canadá, la Unión Europea y el Reino Unido, pero no designadas en Estados Unidos, si no se logra una solución negociada para restaurar la democracia en Venezuela en seis meses.
– Actualiza un mecanismo de exención de sanciones de la Ley Verdad de 2019 para levantar las sanciones a las personas que faciliten e implementen una solución negociada a la crisis de Venezuela, si no estuvieron involucradas en abusos de derechos humanos.
Ampliar las respuestas humanitarias
– Establece un Fondo de Confiscación de Venezuela y Respuesta Humanitaria para reutilizar los activos confiscados en casos penales de Estados Unidos contra ciudadanos venezolanos para financiar respuestas humanitarias.
– Autoriza 300 millones de dólares en ayuda a comunidades de todo el continente americano para integrar a refugiados y migrantes venezolanos.
– Autoriza 240 millones de dólares en ayuda humanitaria para el Plan de Respuesta Humanitaria de Naciones Unidas para actividades en Venezuela, y exige a Estados Unidos que busque una mayor financiación por parte de otros donantes internacionales.
– Prohíbe las expulsiones de ciudadanos venezolanos desde Estados Unidos a través de terceros países hacia Venezuela.
Mantenimiento de las sanciones estadounidenses
– Autoriza las Órdenes Ejecutivas 13808, 13835 y 13850 sobre transacciones relacionadas con la deuda venezolana y el sector aurífero de Venezuela.
– Codifica la Orden Ejecutiva 13827 sobre monedas digitales en Venezuela.
– Codifica una exención humanitaria para las sanciones estadounidenses.
Fortalecimiento de las respuestas de Estados Unidos
– Añade Venezuela a la jurisdicción de la Comisión de Resolución de Reclamaciones Extranjeras para garantizar un proceso ordenado de las reclamaciones legales contra la República Bolivariana de Venezuela.
– Establece un enviado especial para Venezuela.
Abordar las actividades malignas
– Requiere que el Departamento de Estado emita públicamente una determinación sobre si el régimen de Maduro ha perpetrado crímenes contra la humanidad.
– Establece un grupo de trabajo interinstitucional para contrarrestar la minería y el tráfico ilícitos de oro en Venezuela y en todo el mundo
– Requiere que Estados Unidos desarrolle e implemente una estrategia para contrarrestar la desinformación en el hemisferio, incluso por parte del régimen de Maduro