La Corte Penal Internacional (CPI) condenó este martes el “nuevo intento de socavar” su mandato por parte de Rusia a través de la presunta emisión de una orden de arresto contra una jueza de este tribunal, que se suma a las emitidas ya contra el fiscal de la CPI, Karim Khan, y el magistrado Rosario Salvatore Aitala.
La Asamblea de Estados Parte, el órgano legislativo de la CPI, emitió hoy un comunicado en el que reitera su “apoyo inquebrantable” a los funcionarios electos y al personal de la Corte, y “expresa su profunda preocupación por la presunta emisión de otra orden de arresto” por parte de Rusia contra la jueza Tomoko Akane, designada por Japón en la CPI desde 2018.
“La Presidencia de la Asamblea lamenta este nuevo intento de socavar el mandato internacional de la CPI y reitera que apoya firmemente a la Corte, sus funcionarios electos y su personal. Una vez más, subrayamos nuestra plena confianza en la CPI como tribunal de justicia independiente e imparcial”, señala.
Además, la Asamblea advierte de que la CPI representa el “compromiso” de los 123 países que han ratificado el Estatuto de Roma, el tratado fundacional de la Corte, de “garantizar la rendición de cuentas por los crímenes más graves que preocupan a la comunidad internacional en su conjunto”, por lo que instó a “respetar su independencia judicial”.
Las órdenes de detención emitidas por Moscú llegan después de que la CPI declarara en marzo en busca y captura al presidente ruso Vladimir Putin, y a María Lvova-Belova, comisionada presidencial para los Derechos del Niño en Rusia, ambos acusados de presuntos crímenes de guerra en Ucrania por la deportación de niños ucranianos a territorio ruso.
En respuesta, Rusia ha emitido tres órdenes de arresto contra funcionarios de la CPI: el fiscal Karim Khan, quien investiga la presunta comisión de crímenes de guerra y lesa humanidad en Ucrania, y los magistrados Akane y Salvatore Aitala, que firmaron las órdenes emitidas por la CPI contra Putin y Lvova-Belova.
“Hacemos un llamamiento a los Estados Parte y a todas las partes interesadas en el sistema de justicia del Estatuto de Roma para que reafirmen su compromiso de defender los principios y valores consagrados en el Estatuto y preservar la integridad de la Corte sin dejarse intimidar por ninguna amenaza contra la CPI, sus funcionarios y el personal, así como contra aquellos que cooperan con la Corte”, agregó hoy la Asamblea.
Karim Khan identificó, en su petición de orden de detención de Putin, la deportación a Rusia de “al menos cientos de niños sacados de orfanatos y hogares de cuidado infantil” ucranianos, en el contexto de los “actos de agresión” del Ejército ruso a Ucrania.
Además, alegó que estos actos de deportación de menores ucranianos a Rusia y su adopción por familias rusas “demuestran la intención de sacar permanentemente a estos niños de su propio país”, un acto ilegal porque estos menores ucranianos “eran personas protegidas” en virtud de los Convenios de Ginebra, que regulan el derecho internacional humanitario.
Rusia no ha ratificado el Estatuto de Roma, el tratado fundacional de la CPI, por lo que no es miembro de este tribunal, como tampoco lo es Ucrania, pero Kiev sí ha autorizado a la Corte a investigar la comisión de crímenes de guerra en el país durante la invasión rusa.
EFE