“Mis hijos pagan arriendo, quiero ayuda, que el Gobierno se dé cuenta que yo necesito ser oido y atendido”, dijo Edgar Torres, un habitante de la población de Táriba, municipio Cárdenas, quien hace diez años adquirió una propiedad, pero en ella seguía un inquilino quien le aseguró que en 15 días desocuparía el inmueble, pero el acuerdo nunca se cumplió y la persona continúa ocupando su vivienda.
Luz Dary Depablos // Corresponsalía lapatilla.com
A pesar de que el mismo Tarek William Saab tuvo conocimiento de este hecho, aprobó la solicitud de Edgar Torres y le aseguró que la vivienda le sería restituida, la Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Viviendas (Sunavi) aún se niega a recibir comunicaciones para iniciar el proceso administrativo, que permita legalmente que se ordene el desalojo.
La representante legal de Torres asegura que en reiteradas ocasiones ha llevado comunicaciones a la sede de Sunavi o vía eléctronica, pero los funcionarios de esa institución se niegan a recibirlas.
“En una oportunidad que fui se me informó a través de una esquela que el señor debía registrarse, los montos de registro, que se debía hacer una inspección y que se le iba a multar, porque no había cumplido con su registro. La multa se estableció en petros. Yo solicité a través de un escrito, que no fue recibido en Sunavi, que se aperture el procedimiento administrativo y se le sancionara de conformidad con lo previsto en la ley. Esa comunicación tampoco fue recibida”, explicó la abogada.
Este jueves 24 de agosto acudieron a Sunavi y nuevamente no les recibieron el documento, al parecer, porque están suspendidos los actos administrativos vinculados con los desalojos.
Sin embargo, los desalojos se prohibieron en época de la pandemia, la cual ya culminó, por lo que “cuando se cumpliera con el procedimiento administrativo, se acudiera a la vía judicial, pero si no se cumple con el procedimiento administrativo, no se puede acudir a la vía judicial. Eso en cuanto a la parte administrativa y civil”.
“En cuanto a la parte penal, en la fiscalía competente existen dos causas: en una el señor está investigado por presunta perturbación a la posesión. A él no se le ha imputado”, dijo la representante legal.
“En la fiscalía se firmó un acuerdo para darle al señor una vivienda, la propiedad de la misma, para que él le entregara la vivienda principal al señor Edgar Torres. El señor no aceptó, y una de las condiciones era que la vivienda debía de colocarse a nombre de su hija, que es menor de edad, y la relación arrendaticia no tiene nada que ver con una niña que tiene cuatro o cinco años, planteamiento que no fue aceptado”, indicó la abogada de Torres.
Esperan que las autoridades nuevamente evalúen este caso para que se le respete el derecho al debido proceso, pues los hijos de Edgar Torres necesitan recuperar ese espacio del inmueble para no seguir alquilados en otra vivienda, teniendo una propiedad adonde mudarse.
