En un esfuerzo por promover la transparencia y proteger los derechos de los propietarios de viviendas en Florida, Estados Unidos, la ley HB-919, mejor conocida como la Declaración de Derechos de los Propietarios de Viviendas, entrará en vigor el próximo 1° de octubre con el objetivo de resolver problemas como los sobornos, las votaciones fraudulentas y los conflictos de interés en las asociaciones de propietarios de viviendas (HOA, por sus siglas en inglés).
Por La Nación
La nueva legislación tiene el respaldo del gobernador de Florida, Ron DeSantis, que la impulsó como parte de las primeras iniciativas de su segundo período. Después de lograr pasar la aduana de la Cámara de Representantes local, él mismo firmó las reformas a los estatutos del Comité de Comercio y la Subcomisión de Reforma Regulatoria y Desarrollo Económico el pasado 12 de junio.
Una de las disposiciones clave de la HB-919 es que todos los avisos de las reuniones vecinales deben identificar específicamente cada punto del orden del día para garantizar que los propietarios estén plenamente informados sobre lo que se discutirá y tengan la oportunidad de participar en las decisiones que afectan sus hogares.
Otras ordenanzas que se incluyen en el proyecto de ley exigen que las HOA mantengan actualizados los registros oficiales de direcciones postales designadas y la información de contacto electrónica de los miembros. Además, los fondos recaudados en concepto de depósito deben mantenerse separados y no mezclarse con otros fondos de la asociación.
Adicional a esto, se establece el derecho de los miembros de la asociación vecinal a pedir cuentas y a recibir el reembolso de los fondos no utilizados en los plazos acordados. En un intento de promover la transparencia, las asociaciones también tienen que identificar los posibles conflictos de interés, para lo cual sus miembros y dirigentes deben revelar determinadas actividades y relaciones con su participación en el grupo de toma de decisiones.
Críticas a la nueva ley de propietarios de viviendas en Florida
La HB-919 establece duras sanciones civiles y penales para directivos, consejeros o administradores que incurran en determinadas faltas como votaciones fraudulentas, maniobras que impidan a los miembros de una asociación ejercer su derecho al voto, así como las amenazas y el soborno. No obstante, algunos fragmentos del texto de la ley son vagos.
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