La investigación del escándalo arbitral que salpica al FC Barcelona dio un salto este jueves con el registro de las oficinas del Comité Técnico de Árbitros (CTA), situado en la sede de la Federación Española de Fútbol ya debilitada por el caso Rubiales.
La Guardia Civil llevó a cabo “un registro documental” este jueves durante horas en la sede del CTA, a las afueras de Madrid, informó la Federación Española de Fútbol, de la que depende el CTA, tras el fin de las pesquisas.
La RFEF recordó que los hechos investigados ocurrieron con una directiva anterior y afirma seguir “a disposición de la justicia” para el esclarecimiento de los hechos.
El registro se realizó a instancias del juzgado de instrucción 1 de Barcelona, encargado de la investigación del conocido como ‘caso Negreira’, en torno a unos supuestos pagos del Barça a empresas de José María Enríquez Negreira, quien fuera el número dos de los árbitros españoles durante 25 años.
Casi al mismo tiempo se sabía que su titular, el magistrado Joaquín Aguirre, ha decidido imputar además a los investigados, entre los que se encuentra el Barcelona y varios de sus exdirigentes, por un supuesto delito de cohecho.
Para el juez, que “el FC Barcelona pagó a través de sociedades interpuestas a uno de los tres vicepresidentes del Comité Técnico de Árbitros” es un “hecho no negado y acreditado documentalmente”, de acuerdo con el auto publicado este jueves.
En el documento, el magistrado indica que estos pagos que se alargaron presuntamente “durante unos 18 años, fueron incrementándose desde los 70.000€ iniciales hasta los 700.000€ anuales”, y cesaron cuando Negreira salió del puesto en 2018.
“Por deducción lógica los pagos realizados por el FC Barcelona satisfacían los intereses del club en atención a su duración y al incremento anual”, indicó.
“De aquí se deduce también que los pagos produjeron los efectos arbitrales deseados por el FC Barcelona, de tal manera que debió existir una desigualdad en el trato con otros equipos y la consiguiente corrupción sistémica en el conjunto del arbitraje español”, expuso añadiendo que serán las investigaciones de la Guardia Civil las que podrán confirmar estos extremos.
“Consciencia”
El llamado ‘caso Negreira’, que lleva convulsionando desde hace meses el fútbol español, subió de nivel en marzo, cuando la fiscalía de Barcelona presentó una denuncia por corrupción entre particulares contra el club catalán y varios de sus exdirigentes, como los expresidentes Sandro Rosell o Josep Maria Bartomeu.
La querella también se dirigía contra José María Enríquez Negreira, su hijo y alguna de sus empresas, a través de las que habría cobrado más de 7,3 millones de euros entre 2001 y 2018, según la denuncia de la Fiscalía.
El Barça cesó en sus pagos en 2018 por la salida de Negreira del CTA, cuando el ahora exdirigente de la Federación, Luis Rubiales, remodeló el organismo a su llegada al cargo, de acuerdo con la investigación.
El fin de esta presunta relación económica habría enfurecido a Negreira, quien envió una carta al entonces presidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, indicándole que si no seguía pagando revelaría informaciones dañinas para el club.
“De esto último se desprende que E.N. tenía consciencia de que se habían producido actos ilícitos en favor del FC Barcelona de bastante gravedad”, expone el juez instructor en su último auto.
Turbulencias
El club catalán, de su lado, siempre ha negado haber realizado ninguna irregularidad para obtener ventajas deportivas, y su presidente, Joan Laporta, aseguró en abril que los ingresos que se hacían a Negreira eran totalmente transparentes, y correspondían al pago de informes deportivos legales.
El nuevo paso judicial cuando la RFEF también está en el centro de un gran escándalo mundial después del beso forzado de su ya expresidente Luis Rubiales a la jugadora Jenni Hermoso tras la victoria en el Mundial femenino en agosto.
El caso derivó en protesta de las futbolistas exigiendo cambios a la Federación y la dimisión de Rubiales, quien está siendo investigado por la Audiencia Nacional, principal instancia penal española, por un presunto delito de agresión sexual y coacciones.
AFP