Hace varios meses, un juez federal tramitaba una serie de casos de tráfico de migrantes en la bulliciosa ciudad fronteriza de Laredo, Texas, cuando tres personas fueron escoltadas a la sala.
Como eran inmigrantes indocumentados, explicó el juez, los iban a enviar a la cárcel. Pero no se les imputaba ningún delito. Más bien, se les requeriría declarar contra las personas acusadas de ayudarlos a entrar en Estados Unidos.
La audiencia duró menos de cinco minutos. Las tres personas nunca hablaron, ni para hacer preguntas ni para explicar por qué habían hecho el viaje ilegal a través del río Bravo. A continuación fueron conducidas a la cárcel, donde se unieron a una larga lista de personas —casi 104.000 desde 2003— que han sido detenidas en calidad de testigos materiales en procesos penales federales.
La ley que permite la detención de testigos en casos penales se remonta a la presidencia de George Washington. Sin embargo, su uso moderno más frecuente ha sido a lo largo de la frontera mexicana en tanto que los sucesivos gobiernos han priorizado el procesamiento judicial de los casos de tráfico de personas, según un análisis realizado por The New York Times de los datos del Servicio de Alguaciles de EE.UU. obtenidos a través de una solicitud de registros públicos
La cifra anual de detenidos aumentó por primera vez durante el gobierno de George W. Bush, alcanzó un máximo de más de 8500 en la presidencia de Donald Trump, descendió con el inicio de la pandemia y repuntó el año pasado en la presidencia de Joe Biden, con casi 5000 personas encarceladas, según muestran los datos. Las detenciones en los cuatro primeros meses de 2023 aumentaron un 30 por ciento en comparación con el año pasado.
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