La Asamblea Nacional rechazó a la aprobación de extradición de parte del Tribunal Supremo de Justicia del régimen de Nicolás Maduro y Promoción Internacional de los derechos humanos de las diputadas: Dinorah Figuera, Marianela Fernández y Auristela Vásquez
El diputado Guillermo Palacios inició el debate denunciando que los miembros de la junta directiva de la Asamblea Nacional tuvo que huir el exilio por “la persecución y acoso aquí han sido sometidas es nuestro territorio, existiendo prueba fehaciente de ello a través de la intervención al cuerpo de seguridad y reseñas en los medios de comunicación, forman parte de la extensa diáspora que hay en el mundo de venezolanos que han huido del país por no tener un destino cierto ni oportunidad para resolver las necesidades básicas de los grupos familiares”.
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“El caso de nuestra diputada integrante de la directiva de esta asamblea lo que podemos decir es que son profesionales de alto nivel, han dedicado parte de su vida al trabajo social y político en diferentes posiciones de representación popular, les ha correspondido ejercer siendo objeto de la represión del régimen institucional, como en lo personal y familiar, ya que las instrucciones del alto gobierno han sido la de perseguirla sin ningún fundamento montando expedientes”, destacó Palacios.
Para ello ha perpetrado “ataque de familiares, inhabilitaciones, congelación de cuentas, expropiaciones de bienes y medidas de captura para infringir miedo y terror en el pueblo venezolano que acudirá a las elecciones primarias el 22 de octubre”, recalcó el parlamentario.
“Y en este caso, ninguna de las diputadas, objeto de esta solicitud, han incurrido en hechos que puedan calificarse como delictivos, al contrario, están protegidos en el exterior los recursos y bienes, evitando, esta manera, que los malversen, en detrimento del pueblo venezolano”, agregó el Palacios.
“No hay ningún elemento, ni batería, ni material, ni procedimiento que justifique la solicitud de extradición y de ellos pueden estar satisfecha nuestras diputada, al saber, que sus actuaciones están siendo valoradas positivamente en el país, en el mundo como una muestra de dignidad y valentía”, exaltó el diputado.
El diputado Williams Dávila considera que “las decisiones que tiene el régimen de Nicolás Maduro para perseguir sistemáticamente a la oposición, subraya que los estados totalitarios no se detienen hasta que el liderazgo es destruido en una sociedad”.
“Esa persistencia de persecución y odio, lo ha llevado precisamente Maduro, de una manera sistemática, y este régimen desde que Chávez llegó al poder”, añadió.
“La solicitud de extradición que introdujo ante la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia del tribunal especial Segundo de Primera Instancia en funciones de control competencia en caso vinculados con delitos asociados al terrorismo comunicación a nivel nacional
Dávila destacó que “hoy presentamos un proyecto de acuerdo rechazando la aprobación de esa solicitud de extradición por la Sala Penal del TSJ, mediante sentencia 337 338 339, contra las colegas diputadas: Dinorah Figuera, Marianela Fernández y Auristela Vásquez”
La diputada Desirée Barboza explicó que “esta decisión tomada por el TSJ es un nuevo ataque de persecución en contra de los dirigentes de oposición venezolana. El régimen persigue a estas mujeres que actualmente dirigen la Asamblea Nacional legítima y que han dedicado su vida a luchar por el rescate de la democracia y la libertad de nuestro país”.
“Está mujeres han estado al frente a la Asamblea Nacional legítima y han trabajado, incansablemente para defender nuestros intereses nacionales: Dinorah Figuera, Marianela Fernández y Auristela Vásquez, hoy son acusadas, injustamente, de traición a la patria, legitimación de capitales, usurpación de funciones y asociación para delinquir”, subrayó Barboza.
“En este parlamento y en toda Venezuela, sabemos que estas son acusaciones infundadas y que forman parte de una estrategia más amplia del régimen para buscar silenciar a toda la oposición. La persecución en Venezuela es una política de Estado, durante años, han acusado a cientos de dirigentes, en su afán de buscar callarnos, a quienes enfrentamos, denunciamos y seguimos luchando porque cada venezolano realmente tenga calidad de vida, tenga oportunidades, tenga servicios públicos eficientes. Simplemente seguimos luchando para que a cada venezolano se le respeten sus derechos”, exclamó la parlamentaria.
“Con esta decisión del Tribunal Supremo de Justicia, el régimen de Nicolás maduro sigue escalando en su política de persecución en contra de la oposición venezolana, está solicitud de extradición no son más que un intento de intimidar y silenciar a las voces disidentes el régimen. El Tribunal Supremo de Justicia está creando una falsa narrativa para embaucar a los gobiernos extranjeros y así criminalizar a quienes ejercen sus derechos políticos”, indicó Barboza.
“Además sabemos que somos los responsables de proteger los activos del país en el exterior para evitar que el régimen los despilfarros como ha hecho con los recursos de todos los venezolanos durante más de 20 años”, recordó la diputada.
“Desde el parlamento nacional nos unimos en Solidaridad con nuestras colegas diputada y rechazamos firmemente estas acciones del régimen”, concluyó.
La diputada María Gabriela Hernández alertó que “la agresión del régimen que son, justamente, este tipo de decisiones del régimen a través del TSJ, es lo que motiva, la presencia en nuestro país Venezuela, en la Corte Penal Internacional, lo que motiva los informes minucioso que constituyen sólido indicios probatorios para obtener justicia de la Comisión de Determinación de los Derechos en Venezuela de la Naciones Unidas”.
“Este tipo de acciones del régimen que desnudan su vocación totalitaria y contraria a la Constitución. Además de la ironía y la tergiversación de la verdad y lo siniestro del contenido de esta decisión se le atribuyen a mis compañeras diputadas”, condenó Hernández
Según Hernandez, Dinorah Figuera, Marianela Fernández y Auristela Vásquez son “para los venezolanos la legítima representación democrática que contribuye a preservar parte del patrimonio la República y mantener la legítima desobediencia a un régimen violador de los Derechos Humanos, todo esto amparado en la propia Constitución”