La Policía Federal brasileña realizó este miércoles un nuevo operativo contra doce de los investigados de participar de los actos golpistas del 8 de enero, entre ellos un sobrino de la primera esposa del expresidente Jair Bolsonaro.
La decimonovena fase de la Operación Lesa Patria ejecutó cinco órdenes de prisión preventiva y trece de allanamiento o registro expedidas por el Supremo Tribunal Federal (STF), en tres estados y en la capital Brasilia, según un comunicado de la Policía Federal (PF).
El operativo se realiza en Brasilia (centro), São Paulo y Río de Janeiro (sureste) y Mato Grosso (occidente).
Según medios locales, una de las órdenes de allanamiento fue contra Leonardo Rodrigues de Jesus, conocido como Léo Índio y sobrino de Rogéria Nantes Braga, madre de los tres hijos mayores de Bolsonaro, todos ellos también políticos.
Léo Índio, en su campaña política de 2022, en la que no consiguió ser elegido como diputado regional del Distrito Federal de Brasilia, se presentaba como sobrino de Bolsonaro y usaba la imagen del exmandatario en sus piezas publicitarias.
Según las autoridades, el objetivo de esta nueva fase “es identificar a las personas que incitaron, participaron y fomentaron los hechos ocurridos el 8 de enero”, cuando bolsonaristas radicales invadieron y cometieron actos vandálicos en las sedes de los tres poderes en Brasilia.
Los hechos investigados, agregó la Policía, “constituyen los delitos de abolición violenta del Estado democrático de derecho, golpe de Estado, daños agravados, asociación para delinquir e incitación al delito.
Igualmente, agregó la nota, contemplan los delitos de “destrucción y deterioro o inutilización de bienes protegidos y crímenes previstos en la Ley de Terrorismo”.
Ese 8 de enero, miles de seguidores radicales de Bolsonaro que llevaban más de dos meses acampados frente a los cuarteles de varias ciudades, asaltaron los tres poderes pidiendo una intervención militar para derrocar al presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Desde el día de los actos antidemocráticos han sido arrestadas más de 1.800 personas, siendo 1.397 en la propia fecha, y 128 de ellas permanecen detenidas, aunque casi todos siguen respondiendo ante la Justicia en libertad condicional por diversos delitos.
Hasta el momento veinte personas fueron condenadas con penas que llegaron hasta los 17 años y una Comisión Parlamentaria Mixta de Investigación concluyó que Bolsonaro, militares y políticos de su base tuvieron participación en los actos y pidió su acusación formal.
EFE