Este 31 de octubre se cumplieron 65 años de la firma del Pacto de Puntofijo, sin duda alguna el acuerdo político más importante en la Venezuela de los últimos años, cuya ejecución consolidó el ensayo democrático del país entre 1959 y 1998, el más largo período de estabilidad de toda nuestra historia republicana, hechos ya de por sí suficientemente significativos.
Este acuerdo se había discutido meses antes de la caída de la dictadura del general Pérez Jiménez cuando se reunieron en Nueva York los tres líderes políticos más importantes: Rómulo Betancourt (AD), Rafael Caldera (Copei) y Jóvito Villalba (URD). La dura experiencia de la década militar (en realidad, un poco más de nueve años, entre noviembre de 1948 y enero de 1958) había traumatizado, y al mismo tiempo aleccionado, a los conductores democráticos del país. Esos contactos de 1957, como era natural, derivarían hacia puntos de vista coincidentes, una vez recuperada la libertad y la democracia en Venezuela. Fue entonces cuando surgió la necesidad de aunar voluntades y realizar —como una sola empresa de todos los partidos— un colosal esfuerzo común para consolidar aquel naciente y débil proyecto democrático, iniciado el 23 de enero de 1958.
Sin embargo, una vez que se instaló la Junta de Gobierno que sustituyó a la dictadura, Betancourt, Caldera y Villalba no se pudieron poner de acuerdo en una candidatura unitaria. Tampoco hacía falta, realmente. Era la hora de la diversidad y de los partidos políticos, luego de varios años de militarismo antidemocrático y antipartidos.
Tal vez por esa razón, los tres líderes y sus partidos limitaron sus desavenencias al fracaso de la candidatura de unidad, pero no más allá. Sabían que no podían profundizar otros desacuerdos en un momento en que los mecanismos del consenso eran imprescindibles para facilitar el proceso democrático en ciernes. Acordaron entonces la formalización de dos compromisos fundamentales para el futuro ejercicio democrático: un pacto entre los tres partidos más importantes para integrar el próximo gobierno, cualquiera que fueran los resultados electorales, y suscribir un programa mínimo común suscrito por los candidatos presidenciales de AD, URD y Copei.
Antes de entrar a considerar brevemente el contenido de aquel importante documento, vale la pena hacer algunas consideraciones preliminares. Se trata, fundamentalmente, de un acuerdo político, sin signo ideológico prominente, con metas muy definidas a corto y mediano plazo, girando todas alrededor del fuerte espíritu unitario que conmovía al país en tan histórica coyuntura. Puntofijo estableció así las reglas del juego político y electoral, y su influencia se dejó sentir en los siguientes cuarenta años.
Hagamos ahora una brevísima síntesis del documento conocido como el Pacto de Puntofijo. (Tal era el nombre de la residencia de Caldera en Sabana Grande, Caracas: Puntofijo, una sola palabra, distinta a Punto Fijo, la ciudad falconiana). En primer punto destacaba la necesidad de estimular la participación de todos los sectores del país en la defensa del régimen democrático, así como las conversaciones sostenidas entonces por los partidos políticos para asegurar la consolidación de la unidad y de la tregua política. De seguidas, no obstante provenir de un pacto interpartidista, los firmantes destacaban la participación de otras instituciones de la vida nacional, entre ellas los sectores independientes y las Fuerzas Armadas Nacionales, en la consecución del clima de armonía y colaboración existentes en aquellos días.
El segundo punto del acuerdo definía los dos polos de lo que denominaban “una política nacional de largo alcance”. Estos eran: “a) Seguridad de que el proceso y los Poderes Públicos que de él van a surgir respondan a las pautas democráticas de la libertad efectiva del sufragio; y b) garantía de que el proceso electoral no solamente evite la ruptura del frente unitario, sino que lo fortalezca mediante la prolongación de la tregua política, la despersonalización del debate, la erradicación de la violencia interpartidista y la definición de normas que faciliten la formación del Gobierno y de los cuerpos deliberantes de modo que ambos agrupen equitativamente a todos los sectores de la sociedad venezolana interesados en la estabilidad de la República como sistema popular de Gobierno”.
El tercer punto se refería a la responsabilidad mancomunada, asumida por Copei, AD y URD en tres aspectos fundamentales: a) Defensa de la constitucionalidad y del derecho a gobernar conforme al resultado electoral; b) Gobierno de Unidad Nacional; y c) Programa mínimo común.
En líneas generales y aunque no fue su propósito expreso pues se limitaba al proceso electoral de 1958, sin duda alguna que sus suscriptores apuntaban hacia algo mucho más trascendente: la consolidación del sistema democrático. Sin embargo, no se trataba de una negociación de largo alcance, como algunos la han calificado al englobar los cuarenta años de la República Civil con el remoquete de “puntofijismo”.
El documento finalizaba haciendo un llamado a todos los sectores del país a consolidar la convivencia nacional y a permitir “el desarrollo de una constitucionalidad estable que tenga en sus bases la sinceridad política, el equilibrio democrático, la honestidad administrativa y la norma institucional que son la esencia de la voluntad patriótica del pueblo venezolano”.
Hoy más que nunca está planteada la urgencia de un acuerdo como aquel, a los fines de encausar la transición que necesariamente vendrá luego del chavomadurismo, etapa ya obsoleta y retardataria. Como todo ciclo histórico, el actual régimen se acerca a su fin, y una nueva etapa está surgiendo para los venezolanos.