El Ministerio Público (Fiscalía) de Guatemala retomó este jueves sus acciones en contra del presidente electo, Bernardo Arévalo, y su partido político, Movimiento Semilla, esta vez por un supuesto caso de daños al patrimonio de la universidad estatal.
La Fiscalía informó que solicitará el retiro de la inmunidad con la que cuenta Arévalo de León y también la vicepresidenta electa, Karin Herrera, a quienes señala por usurpación de forma agravada, depredación de bienes culturales y asociación ilícita.
“Están a punto de consolidar el golpe de Estado”, aseguró a periodistas el diputado de oposición Aldo Dávila, también acusado por el mismo caso, en un análisis de la situación que vive el país centroamericano.
El legislador añadió que “todo aquel que alce la voz en contra del Gobierno será llevado a tribunales y a la cárcel por orden de Alejandro Giammattei”, el presidente del país centroamericano.
La persecución por parte de la Fiscalía en contra del Movimiento Semilla empezó el 12 de julio pasado, después de que sorpresivamente Arévalo de León obtuviera el segundo lugar en las elecciones generales del 25 de junio.
Desde entonces, el Ministerio Público ha allanado el Tribunal Supremo Electoral, ha decomisado cajas con votos y también ha buscado procesar a los magistrados de la entidad por un supuesto caso de fraude electoral.
En el mismo sentido, también ha intentado suspender jurídicamente al Movimiento Semilla y perseguido a algunos de sus miembros, incluida la excandidata a diputada Marcela Blanco, arrestada este jueves por el mismo caso de la universidad estatal, donde hay 27 órdenes de captura.
La acusación contra Arévalo
En rueda de prensa, el Ministerio Público acusó a Arévalo y Herrera de participar en 2022 en la toma a la fuerza del campus de la universidad de San Carlos (la única estatal), en rechazo a las elecciones celebradas ese año en la casa de estudios superiores.
El fiscal Saúl Sánchez, a cargo de la investigación, aseguró que el presidente electo podría haber cometido los delitos de usurpación de forma agravada, depredación de bienes culturales y asociación ilícita.
Sánchez mostró como supuestos indicios contra Arévalo de León capturas de pantalla de videos del presidente electo en las instalaciones de la universidad, participando en eventos académicos, cuando el campus ya había sido liberado.
Según el Ministerio Público, los sindicados utilizaron la toma de la universidad como una “plataforma para sus candidaturas políticas”.
Uno de los líderes del Movimiento Semilla, el diputado Samuel Pérez Álvarez, explicó a EFE que la Fiscalía está utilizando un caso “sin fundamento legal” para evitar que Arévalo tome posesión el próximo 14 de enero.
“No existe un caso real, están intentando conectar puntos sin sentido para bajarse al binomio electo y a los diputados de Semilla, para evitar que se cumpla lo mandado por el pueblo de Guatemala en las urnas”, indicó Pérez Álvarez, también señalado por el mismo caso.
Arévalo de León, Herrera y Pérez Álvarez cuentan con inmunidad y el retiro de la misma dependerá de varias instancias.
Sin embargo, la mayoría de analistas políticos coinciden en que mientras la fiscal general, Consuelo Porras, se mantenga al frente del Ministerio Público, la persecución en contra del Movimiento Semilla será persistente.
El pasado 1 de septiembre, Arévalo de León denunció públicamente que Porras Argueta encabeza un intento de “golpe de Estado” para evitar que tome posesión de la presidencia el próximo 14 de enero.
La Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó el miércoles una resolución en contra de la injerencia del Ministerio Público en el proceso electoral y la posterior transición de poderes.
Y este jueves la Secretaría General de la OEA condenó “enérgicamente” el pedido de la Fiscalía guatemalteca de retirar la inmunidad a Arévalo y Herrera.
Porras Argueta se encuentra sancionada por Estados Unidos desde 2021 con el retiro de su visado, al igual que el juez penal a cargo de los operativos de este jueves, Víctor Cruz.
EFE