La vicepresidenta electa de Argentina, Victoria Villarruel, prometió durante la campaña electoral que revisaría la actual política de memoria, verdad y derechos humanos del país que indemnizó a miles de víctimas de la represión durante la última dictadura militar (1976 -1983).
Por BBC Mundo
La propuesta aún no ha sido detallada, pero la insistencia de la abogada de 48 años con esta agenda representa un giro en la política argentina, donde hasta ahora, según los analistas, había un relativo consenso entre la elite política sobre lo ocurrido con los militares en esos años.
El país es a menudo elogiado por historiadores y expertos internacionales en derechos humanos por haber seguido un proceso judicial contra los líderes militares, así como de haber juzgado y castigado a los torturadores.
En septiembre, la ESMA, uno de los mayores centros de tortura militar de ese período, transformada en la última década en el Espacio de Memoria y Derechos Humanos, fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO .
Sin embargo, para la vicepresidenta electa, la política que han implementado no es correcta. Villarruel ha dicho que defiende la “memoria completa”, que, según ella, debe considerar que hubo “una guerra” que colocó a los militares y fuerzas de seguridad de un lado y, del otro, a guerrillas de izquierda a las que ella llama “terroristas”.
En 2006 creó el Centro de Estudios Jurídicos sobre el Terrorismo y sus Víctimas (CELTYV) para buscar reparación para las víctimas de los Montoneros y del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), organizaciones guerrilleras argentinas que actuaron desde principios de los años setenta, antes del golpe militar de 1976.
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