En los últimos años, las personas privadas de libertad se han visto afectadas por la vulneración de sus derechos fundamentales, principalmente en Latinoamérica, donde la situación no ha sido abordada de manera unificada, a pesar de contar con problemas u obstáculos similares en el sistema de justicia penal.
Este tema fue el punto focal en la reunión entre representantes de seis países: Marina Dias, directora del Instituto para la Defensa del Derecho a un Juicio Justo de Brasil; Valentina Díaz Moya, directora del Grupo de Prisiones de la Universidad de los Andes de Colombia; Fernando Bastias, coordinador de Litigio Estratégico del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) de Ecuador; Yaneth Martínez, técnica legal de la organización Cristosal de El Salvador; Nayomi Aoyama, coordinadora del Programa de Sistema Penitenciario y Reinserción social de Documenta de México; y Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).
En dicha reunión se disertó sobre la necesidad de unificar alianzas de las organizaciones que tienen como misión la búsqueda de justicia, la defensa y promoción de los derechos humanos de las personas privadas de libertad, con la finalidad de alzar una sola voz, visibilizar, monitorear y brindar posibles soluciones en aras de contribuir en la búsqueda de condiciones de detención compatibles a la dignidad humana.
De igual manera, los representantes acordaron la unión de sus organizaciones para hacer un frente más fuerte a favor de los derechos de las personas privadas de libertad en la región, así como también la participación en conjunto ante mecanismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) y Naciones Unidas.
En tanto, consideraron necesaria la emisión de recomendaciones a los Estados en materia penitenciaria, de la mano de expertos con soluciones concretas, y la organización de actividades como webinars o foros para dar a conocer la situación penitenciaria en cada país, con la finalidad de que todas las personas tengan acceso a esta información tan importante para el cumplimiento de los derechos humanos de las personas privadas de libertad.
Recordemos que la crisis penitenciaria en Latinoamérica ha alcanzado proporciones alarmantes, con consecuencias devastadoras para los derechos humanos de las personas privadas de libertad. Es por ello que día a día se buscan soluciones para enfrentar los desafíos fundamentales que enfrenta la región en términos de sistemas penitenciarios deficientes, sobrepoblación carcelaria y la consiguiente vulneración de los derechos fundamentales de los reclusos.
Al respecto, es importante destacar que uno de los principales problemas que afecta a los sistemas penitenciarios latinoamericanos es la sobrepoblación, el retardo procesal, el ocio, la corrupción, la falta de atención médica, entre otros.
Las cárceles diseñadas para albergar a un número específico de privados de libertad a menudo se encuentran saturadas, lo que resulta en condiciones inhumanas.
La falta de espacio conduce a hacinamiento, limitando el acceso a servicios básicos como atención médica, educación y recreación. Esta sobrepoblación carcelaria no solo es un reflejo de la falta de inversión en infraestructuras adecuadas, sino también de la necesidad de reformas legales y judiciales para abordar eficazmente el problema.
De igual manera, la infraestructura deficiente se traduce en condiciones inhumanas para los reclusos. La falta de higiene, la escasez de alimentos y la insuficiente atención médica son problemas recurrentes.
Estas condiciones no solo violan los derechos fundamentales de los presos, sino que también contribuyen a la propagación de enfermedades y aumentan la posibilidad de violencia dentro de las prisiones.
En otro orden de ideas, la violencia en las cárceles latinoamericanas es un fenómeno preocupante. La falta de seguridad y el hacinamiento crean un caldo de cultivo para la violencia entre reclusos, así como para abusos por parte del personal penitenciario.
Los informes de tortura, tratos crueles e inhumanos, así como ejecuciones extrajudiciales, son demasiado frecuentes. Estas prácticas no solo constituyen violaciones graves de los derechos humanos, sino que también perpetúan un ciclo de violencia y desconfianza en el sistema.
En Latinoamérica no hay acceso a la justicia
La crisis penitenciaria también se refleja en la falta de acceso a la justicia para los privados de libertad. La lentitud en los procedimientos legales, la falta de defensa adecuada y la corrupción en el sistema judicial contribuyen a una sensación de impunidad.
La prisión preventiva prolongada sin juicio justo se ha convertido en una realidad para muchos, exacerbando aún más la crisis.
Ante esta situación crítica, las organizaciones de Colombia, Brasil, Ecuador, México, El Salvador y Venezuela coincidieron en que es imperativo que los gobiernos latinoamericanos tomen medidas concretas para abordar la crisis penitenciaria y la vulneración de los derechos humanos de los presos.
Se necesitan inversiones significativas en infraestructuras penitenciarias, así como reformas legislativas que promuevan un sistema de justicia más eficiente y equitativo.
Además, es crucial abordar la sobrepoblación mediante alternativas a la prisión para delitos no violentos y la implementación de programas de rehabilitación efectivos.
Es un hecho que esta problemática requiere una acción urgente, por lo que próximamente se dará a conocer la agenda sobre las actividades en conjunto. /Nota de Prensa