El Proyecto de Ley del Senado 264, firmado por el gobernador de Florida Ron DeSantis en mayo, que entró en vigor en julio, tiene como objetivo restringir los bienes inmuebles a gobiernos e individuos de países de interés como: China, Venezuela, Cuba, Rusia, Irán, Corea del Norte y Siria. El registro de propiedades para estos extranjeros está por vencer y, de no hacerlo, se podrían enfrentar a sanciones económicas.
Por La Nación
El pasado 13 de noviembre, se anunció en un comunicado el funcionamiento del sitio web SecureFlorida, en el que los extranjeros de los países de interés deben registrar propiedades, alineados con los estatutos de Florida.
El registro de propiedades a extranjeros en Florida vence en diciembre
De acuerdo con la oficina de gobierno de DeSantis, si un extranjero poseyó o adquirió un interés en una propiedad inmueble antes del 1º de julio de 2023, debe registrarla previo al 31 de diciembre de 2023. Quien no presente oportunamente el registro está sujeto a una sanción civil de US$1000 dólares por cada día de retraso en la inscripción.
La sección 692.204 de la Ley SB-264 limita la capacidad de las personas y empresas afiliadas a la República Popular China o al Partido Comunista Chino de adquirir bienes inmuebles en Florida y exige el registro de todos. Según la sección 692.203, los directores extranjeros de otros países de interés pueden adquirir propiedades ubicadas dentro de 16 kilómetros de una instalación militar o instalación de infraestructura crítica, solo bajo circunstancias limitadas y deben registrarla.
Al momento de la aprobación, DeSantis se mostró positivo: “Estoy orgulloso de haber firmado la legislación más sólida del país para luchar contra la influencia maligna extranjera”. Además, explicó que proteger a los floridanos y la infraestructura del estado de agentes como el Partido Comunista Chino y otros adversarios extranjeros es importante para la seguridad de la entidad.
Por su parte, el comisionado de agricultura Wilton Simpson había asegurado que China y otras naciones extranjeras hostiles controlaban cientos de miles de acres de tierras agrícolas críticas en EE.UU. Desde su perspectiva, así se ponía en riesgo el suministro de alimentos y los intereses de seguridad nacional, por lo que defendió la legislación de Florida.
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