Al menos cuatro personas han sido detenidas este martes en Bélgica y otras dos en Países Bajos como sospechosas de exportaciones ilegales de materiales de doble uso civil o militar a Rusia, un país sancionado por la Unión Europea (UE) debido a la guerra a Ucrania.
Según la fiscalía belga, la investigación afecta al comercio de materiales y tecnologías estratégicas consideradas “sensibles”, objetos que pueden tener un doble uso civil y militar, como los microchips, acelerómetros o motores, protegidos por restricciones legales impuestas por Bélgica y la UE en caso de determinados países como Rusia por la guerra.
Los productos sensibles son piezas y software que podrían usarse, por ejemplo, para fabricar drones y misiles que luego se usan en zona de conflicto, aunque también están sometidos a restricciones bienes como cámaras termográficas y los propios drones.
Las autoridades belgas y neerlandesas llevaron a cabo varios registros simultáneos en domicilios particulares y sedes de empresas, que condujeron al arresto de seis sospechosos, que están siendo interrogados antes de determinar si ingresarán a prisión y si deberán comparecer ante la justicia.
Según el diario belga De Standaard, uno de los detenidos es Hans D.G., director de una empresa situada en el municipio de Knokke, en la provincia de Flandes Occidental, a la que Estados Unidos suspendió las licencias de exportación después de comprar acelerómetros a otra empresa de Florida, que supuestamente estaban destinados a clientes europeos, pero, según el FBI, tenían como destino a China.
En esta ocasión, la investigación se centró en el comercio de estos mismo productos a Rusia.
El diario belga asegura que Hans DG estuvo involucrado en un pleito en Suecia, donde el espía ruso Sergei Skvortsov fue juzgado por liderar una red empresarial clandestina que llevó tecnología occidental a Rusia. Skvortsov envió los productos a Bélgica, donde fueron reempaquetados y enviados a una compañía fachada de inteligencia militar rusa.
Los investigadores suecos encontraron mensajes entre Skvortsov y Hans DG, enviados entre 2017 y 2020, que contenían nombres de empresas y discusiones sobre facturas impagadas, que ascendían a varios millones de euros, añade De Standaard.
La fiscalía belga confirmó hoy de que esta investigación se inició gracias a información compartida desde Estados Unidos, que previamente había abierto un caso sobre exportación ilegal de bienes de doble uso y blanqueo de capitales.
EFE