Nuestro título de hoy invita a la reflexión y a la acción, ciertamente, conforme a la constitución y las leyes de Venezuela, la libertad de expresión y el derecho a la información se encuentran reconocidos como garantías y derechos humanos pero en la realidad existe censura, autocensura y hasta gente judicializada por emitir ciertos mensajes en redes sociales. Asimismo existen leyes que pretenden penalizar el odio pero su efectiva aplicación solo se manifiesta contra el “odio” que expresan personas asociadas o vinculadas a la oposición. En otras palabras, algunos pueden odiar y otros no.
Al parecer, la sola opinión, la crítica y la interpelación a los gobernantes, a los funcionarios públicos o a personalidades públicas que manifiestan simpatías hacia las acciones del gobierno actual ya es un delito de odio, una difamación, un irrespeto a la honra y la vida privada. Si esa interpretación jurídica pasa de ser la excepcionalidad a la cotidianidad daría como resultado gobernantes a los que solo se les puede aplaudir, funcionarios públicos que no rindan cuentas y personalidades públicas que puedan vivir de la floreciente industria de la apología, la genuflexión y la alabanza. ¿Todo eso tendría un impacto estratégico sobre la viabilidad de la democracia?, claro que sí, la democracia implica discusión, crítica, incluso vehemente y apasionada, conflicto y lucha. La democracia es todo menos silencio o complicidad, un ciudadano callado es, en definitiva, medio ciudadano.
En algunas oportunidades, cuando he expresado estas ideas ante estudiantes, docentes y otros activistas políticos me dicen que exagero porque en otros países también hay violaciones a la libertad de expresión. Pues sí, pero la gripe del vecino no nos hace desear el contagio. Contrariamente, el pleno compromiso con el ideal democrático nos debe impulsar a avanzar hacia la esquiva utopía. ¿Dónde se encuentra ese ideal? Debemos reconocer, más que en las leyes, en la práctica cotidiana, a la libertad de expresión como un derecho fundamental como lo expresa la Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana de los Derechos Humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Resolución 59 (I) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Resolución 104 adoptada por la Conferencia General de la UNESCO y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, todos esos instrumentos suscritos y ratificados por la República de Venezuela.
Es bien sabido que la lectura no es una fortaleza de quienes al verse criticados públicamente aceleran el paso para procurar judicializar y silenciar a sus críticos, en ese caso, sólo recordaré los puntos 10 y 11 de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión formulada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y aprobada en la 108° periodo ordinario de sesiones, a saber:
“10. Las leyes de privacidad no deben inhibir ni restringir la investigación y difusión de información de interés público. La protección a la reputación debe estar garantizada solo a través de sanciones civiles, en los casos en que la persona ofendida sea un funcionario público o persona pública o particular que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés público. Además, en estos casos, debe probarse que en la difusión de noticias el comunicador tuvo intención de infligir daño o pleno conocimiento de que estaba difundiendo noticias falsas o se condujo con manifiesta negligencia en la búsqueda de la verdad o falsedad de las mismas”
“11. Los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad. Las leyes que penalizan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos generalmente conocidas como ‘leyes de desacato’ atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información”.
No es un secreto que pueden haber abusos de la libertad de expresión, sin embargo, un peligro más acuciante, más pernicioso, con mayores consecuencias para la vida de la gente, es que quienes ejercen el poder tengan la facultad de acallar al resto de los ciudadanos. No solo se silencia al potencial abusador, se silencia también al trabajador con sueldo miserable, a los jóvenes sin oportunidades, a los enfermos desatendidos, a los ancianos abandonados y a los estómagos vacíos.
Julio Castellanos / jcclozada@gmail.com / @rockypolitica