Impresiona la miríada de mecanismos de redistribución del Estado argentino a entes o colectivos, puestos al descubierto por su flamante presidente, Javier Milei, al motivar su Decreto de Necesidad y Urgencia. Gobiernos provinciales y locales, asociaciones, sindicatos, empresas (públicas) quebradas, grupos de presión y entes de variada índole. Una enorme red clientelar incrustada, de una forma u otra, en dispositivos de reparto a través de los años. Conforman la “casta política” que parasita los dineros públicos a que se refirió en la campaña electoral, provocando déficits insalvables que frustran todo esfuerzo de estabilización macroeconómica. No es sorpresa haber culminado el año con la inflación más alta de América Latina –¡desplazando, incluso, el largo reinado de Venezuela en este renglón—, como el naufragio del multimillonario programa de asistencia concertado con el FMI. No es el propósito de este escrito comentar la idoneidad o no de los correctivos anunciados, pero uno no puede más que coincidir en que ese estado de cosas era insostenible, incluso para un país tan rico como Argentina.
Mirando más al norte, un interesante análisis de Carlos Malamud, y Rogelio Nuñez, investigadores del Real Instituto Elcano, pone al descubierto el grado de descomposición que permea el Estado en Guatemala. Obedece –según la denuncia opositora– a un “Pacto de Corruptos”, que ha hecho todo lo posible por impedir que Bernardo Arévalo, electo el pasado año, asumiera la presidencia el domingo 14. La Fiscalía, instancias de la Corte Suprema, la bancada oficialista y de la propia presidencia, tramaron para evitar que este “outsider” pudiese ocupar esa posición y revelar las corruptelas cometidas en esa nación. Recogiendo una conclusión del libro de Levitsky D. y Ziblatt, D. (Cómo mueren las democracias), señalan que los golpes de Estado, hoy, ya no se realizan violentamente con tanques y bayonetas, sino, subrepticiamente, con diputados y abogados.
La semana pasada, Ecuador fue escenario de una insólita rebelión de bandas criminales, apertrechadas con armas de alto poder, que puso en jaque a la sociedad y obligó al recién estrenado presidente, Daniel Noboa, a decretar un estado de excepción para usar en su contra a la fuerza militar. La propia guerra contra quienes denuncia de ser terroristas. Igual que los llamados pranes en Venezuela, estas bandas venían cometiendo sus fechorías desde las grandes cárceles que controlan. La fuga reciente de su líder más notorio ante el anuncio de que iba a ser trasladado a una prisión de alta seguridad provocó motines, la toma de guardias de prisión como rehenes, y asaltos y saqueos a lo largo del país. Componendas para apaciguar a estas bandas del gobierno de Rafael Correa, similares a las de Venezuela con José Vicente Rangel, hijo, estarían en el origen del peligroso empoderamiento de estas bandas, fortalecidas ahora por el narcotráfico. En un país que, hasta hace poco, era reconocido por su tranquilidad.
En México, la política de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de “abrazos, no balazos” para enfrentar a los poderosos carteles de la droga, en absoluto se refleja en la reducción de la violencia e ese país, a juzgar por el listado de ciudades más peligrosas del mundo, publicado recientemente por World Population Review. Dos ciudades mexicanas encabezan la lista, otras tres están entre las primeras diez. Tristemente, Venezuela aparece en estas diez con Caracas, Ciudad Guayana y Ciudad Bolívar.
Esta descomposición refleja el desmantelamiento del Estado de derecho. Hermana la acción de grupos expoliadores de la nación con bandas criminales que azotan a la sociedad. Su eje está en el control del poder judicial. Quienes lo logran no solo conquistan la impunidad para cometer fechorías; se apoderan de un formidable instrumento de persecución y castigo a quienes se interponen a sus desmanes. La criminalización de la protesta, de la lucha porque sean respetados los derechos humanos y/o de agrupaciones sociales legítimas, “legaliza” la represión en defensa de auténticas mafias apoderadas del Estado. En el extremo, se convierte en instrumento del terrorismo de Estado.
En el país que creíamos baluarte de la democracia liberal moderna, EE.UU., presenciamos la perversa batalla que libra Donald Trump por inhabilitar los resguardos legales –y morales—que se interponen a su empeño de regresar a la presidencia de ese país y vengarse de quienes lo han enfrentado.
Pero todo no está perdido, todavía. En esta contienda por la sobrevivencia de la institucionalidad democrática, liberal, Argentina parece haberse resistido al control del poder judicial por parte del kirchnerismo. En Ecuador, la respuesta de Noboa ante el terror de las bandas criminales es avalada, igualmente, por la Corte Nacional de Justicia. En Guatemala, empero, el desenlace es incierto, dada la colonización de cargos públicos por al Pacto de Corruptos.
Donde sí ha triunfado el control partidario del entramado judicial, como estamos hartos de evidenciar, es en Venezuela. Mediante nombramientos y remociones ilegales, intimidaciones, represión (caso Afiuni) y cohechos, el chavo-madurismo convirtió al tribunal superior en cómplice abierto de sus atropellos y rapiñas. Imposible ganarle un juicio al gobierno. Peor aún, son los centenares de presos políticos, perseguidos y/o desterrados por la connivencia descarada de jueces corruptos con la dictadura. Un país vaciado de resguardos legales contra los abusos y para poder defender los derechos de su población. Mafias que controlan la explotación de oro y diamantes en Guayana, pranes que dirigen sus “negocios” desde la prisión y una justicia perversamente ciega ante estos expolios. Sospechoso, cuando menos.
El régimen, consciente de su deterioro y comprometido a respetar lo convenido en Barbados, so pena de que le restituyan las sanciones que le fueron suspendidas, emprendió el año pasado acciones contra los llamados “sindicatos” que controlan la minería ilegal y allanó las guaridas de algunos pranes en las cárceles más importantes –según las malas lenguas, con aviso previo para que pudiesen escabullirse, como fue el caso del “niño guerrero” del Tren de Aragua–. ¿Son propósitos de enmienda forzados por las circunstancias o simples toques cosméticos para engañar y ganar espacios de respiro?
Ello se pondrá a prueba con la posición que asumirá el tribunal supremo ante la candidatura de María Corina Machado a las elecciones presidenciales de este año. Los malabarismos jurídicos que, de forma desvergonzada, está acostumbrado a fabricar para proteger a la “revolución”, estarán bajo la lupa de observadores internacionales que pesan, incluidos quienes se han mostrado hasta ahora como amigos: Lula y Petro ¿Se atreverá el bufete legal de Maduro (tsj) “inhabilitar” tramposamente a la Sra. Machado?
En videos que me llegan por distintos chats, aparece Maduro en la AN dándole lecciones a los comunistas a quienes despojó de su partido, de cómo ser “verdaderos comunistas” (¡!); en otro, un comandante de melena suelta arenga a sus oficiales en torno a su compromiso con la “revolución”. En la Asamblea Nacional oficialista, retoman el proyecto contra las ONGs, como si hubiese alguna justificación para ello. ¿En qué país viven?
Se cumple un cuarto de siglo de dominio desastroso del chavo-madurismo, 25 años dedicados a destruir las instituciones y acabar con el país. Pero siguen tan campantes cayéndose a embustes, como si realmente creyeran que tienen algo que ofrecerles a los venezolanos que no sea más atraso y miseria.
Es, definitivamente, hora de acabar con tan prolongado descalabro. Representa un formidable reto, considerando los recursos del Estado con que cuenta la oligarquía militar civil dominante para defenderse. Pero se les acabó su ciclo. El país está harto. Acumulando fuerzas y con una negociación inteligente y firme, debemos crear las condiciones para que accedan a respetar la voluntad popular que clama por su salida. Así sea tragando sapos y con el pañuelo en la nariz. Después se verá.
Humberto García Larralde, economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela, humgarl@gmail.com