El mundo político venezolano hierve de impaciencia ante la incertidumbre por la falta de fecha para la convocatoria de las elecciones presidenciales y el silencio del Tribunal Supremo de Justicia sobre la habilitación de la candidata unitaria de la oposición María Corina Machado.
Por LUDMILA VINOGRADOFF / abc.es
Ambas situaciones, que ya deberían haber sido resueltas y definidas antes de concluir el año pasado, se han demorado indefinidamente, lo que ha creado zozobra y preocupación en el sector político nacional e internacional que se ha puesto a presionar al gobierno de Nicolás Maduro.
La decisión de la convocatoria de las elecciones está en manos del mandatario, quien ya ha anunciado que los comicios se realizarán en el segundo semestre del 2024 pero no la fecha. Según la Constitución las presidenciales siempre se realizan en diciembre al finalizar el período gubernamental, pero el presidente tiene la facultad de adelantarlas.
Maduro no ha anunciado si va a la segunda reelección y todavía está deshojando la margarita para ver si lanza o no su candidatura. En una entrevista que le hizo el periodista Ignacio Ramonet el mes pasado respondió que era «prematura» su candidatura y que su decisión dependía de «Dios».
Otros candidatos chavistas
Sin embargo, hay un gran sector del chavismo y de sus aliados que quisieran otra candidatura distinta a la de Maduro por su baja popularidad y se barajan los nombres de la vicepresidente Delcy Rodríguez y el número dos del Gobierno y vicepresidente del Partido Unido Socialista de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello.
Y es que el mandatario chavista enfrenta el más bajo nivel de rechazo en las encuestas. Hasta el 85% de desaprobación recibe en los sondeos. Su aliado Partido Comunista de Venezuela lo responsabiliza de la debacle, destrucción y miseria y el 83% de pobreza de la población, pese a los intentos de recuperación económica y control de la inflación que el año pasado cerró con 189%.
Por ello, los partidos de la oposición Acción Democrática, Primero Justicia, Un nuevo Tiempo y Voluntad Popular se han sumado al coro de exigir la convocatoria de las elecciones y la presentación del cronograma electoral para preparar la organización de las mismas.
Inhabilitaciones
Por otro lado, el Tribunal Supremo de Justicia también está dilatando el fallo a la revisión de las inhabilitaciones por razones administrativas de la Contraloría General (tribunal de cuentas) de diferentes políticos que deberían haber sido finiquitadas el mes pasado.
En el caso de María Corina Machado, su equipo de abogados coordinados por Perquins Rocha, ha ido ya tres veces esta semana al Supremo Tribunal, dominado por el chavismo, para ver el expediente de la candidata presidencial unitaria y no se lo han permitido.
Al parecer la táctica de la justicia chavista es dilatar indefinidamente el pronunciamiento sobre las inhabilitaciones arbitrarias cometidas contra los opositores para no sentar jurisprudencia de su irregularidad y error a favor de los imputados y tener que habilitarlos por la vía de los hechos, dicen los juristas.
Tanto la convocatoria de unas elecciones libres y justas como la habilitación de los políticos forman parte de los acuerdos de Barbados, a los que se comprometió el gobierno de Maduro con una fecha perentoria que era diciembre del año pasado por lo que no ha cumplido hasta ahora. No ha dado nada a cambio de que EE.UU. liberara a su testaferro Alex Saab.