Las redes regionales de organizaciones de la sociedad civil Alianza Regional por la Libre Expresión e Información, Civicus, IFEX-ALC y Voces del Sur exhortamos a reiterar el abierto rechazo al avance de la iniciativa legislativa que habilita la criminalización de organizaciones y actividades legítimas de la sociedad civil venezolana protegidas por el derecho humano a la libertad de asociación, que es fundamental para garantizar el espacio cívico.
Tras su aprobación en la primera discusión hace casi un año, el pasado 12 de enero se retomó el proceso de revisión parlamentaria de la “Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines” con el inicio del proceso de consulta pública, a pesar de que a la fecha el proyecto no se encuentra pública y formalmente disponible.
Desde su presentación ante el parlamento se planteó un discurso estigmatizante que ubica a las organizaciones civiles que hacen trabajo social, humanitario y de promoción de derechos humanos como “enemigas de la patria”, acusadas de usar “fondos ilícitos” para “financiar el terrorismo”.
La propuesta legal otorga facultades al Poder Ejecutivo de supervisar, inspeccionar, controlar y sancionar a las organizaciones y sujetos obligados, a través de atribuciones legislativas y de fiscalización. Tales capacidades someten la existencia de las organizaciones a la discrecionalidad de los intereses del gobierno de turno, lo que vulnera la autonomía e independencia.
El proyecto impone la obligatoriedad de proporcionar “datos sobre la constitución, estatutos, actividades que realizan, proveniencia, administración y destino de sus recursos, con especificación detallada de sus fuentes de financiamiento”, en un contexto donde se ha utilizado información de este tipo para perseguir y criminalizar sectores críticos al gobierno.
La transparencia es un pilar fundamental del trabajo de la sociedad civil y se ejerce como una buena práctica, sin embargo la obligatoriedad contenida en la ley no está enmarcada en garantías institucionales claras, que respeten y protejan de manera efectiva la libertad de asociación.
Venezuela atraviesa una crisis estructural con impacto negativo en la garantía de derechos sociales, económicos, civiles y políticos, y con consecuencias a nivel regional por el desplazamiento de millones de personas en condición crítica hacia otros países del continente. Miles de personas dentro del país son beneficiarias de programas de asistencia social y humanitaria necesarios para atender la emergencia humanitaria compleja, de aprobarse esta ley dicho trabajo estaría severamente restringido. De igual forma, bajo esta legislación toda iniciativa autónoma e independiente de los intereses gubernamentales quedaría ilegalizada y sería automáticamente sospechosa de la comisión de delitos, esto incluye organizaciones, colectivos y movimientos sociales, religiosas, sindicales, educativas, comunitarias, ambientales, vecinales, entre otras.
Las organizaciones venezolanas están sometidas a una serie de registros y cumplen con sus compromisos fiscales. Existe un marco normativo restrictivo, como la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo o la Providencia Administrativa No. 002-2021, que junto a otras prácticas, impide de hecho que nuevas organizaciones se registren o actualicen su documentación. En este escenario, se facilitó la intervención arbitraria de asociaciones civiles y se persigue penalmente a personas defensoras y activistas; situación que ha empeorado progresivamente de cara al proceso electoral pautado para este año.
Exhortamos a la comunidad internacional a dar su apoyo con acciones que eviten que esta y otras legislaciones similares en la región avancen, ya que solo buscan restar libertades en nuestros países. Tales iniciativas alimentan narrativas estigmatizantes y promueven más acciones restrictivas y antidemocráticas. De aprobarse esta ley, el trabajo de las organizaciones no gubernamentales en Venezuela estaría aún más limitado y amenazado, lo que podría desatar una escalada en la persecución penal hacia personas defensoras y activistas.
La recuperación de la democracia exige la defensa activa de la sociedad civil: personas, organizaciones, colectivos, iniciativas y movimientos que, desde sus variados e insustituibles mandatos, puedan contener prácticas restrictivas e ilegítimas, que desnaturalizan las instituciones a fin de preservar y concentrar el poder sin límites, a costa de los derechos y dignidad de todas las personas.