El parlamento de Venezuela, dominado por el chavismo, deberá elegir este año a un nuevo fiscal general, el máximo cargo del Ministerio Público, que debe renovarse cada siete años, de acuerdo con la Constitución venezolana.
Por vozdeamerica.com
El actual fiscal general es Tarek William Saab, exdiputado y antiguo dirigente del partido de gobierno, cuya gestión ha estado marcada por un contexto de denuncias de violaciones a los derechos humanos, persecución a la disidencia y falta de independencia de los poderes públicos.
El nuevo fiscal general probablemente estará también alineado con el oficialismo, prevén expertos, que señalan que así ha ocurrido desde la llegada al poder de Hugo Chávez en 1999 y que el proceso se encuentra “secuestrado” por el poder político.
Desde el ascenso de Chávez, la titularidad del Ministerio Público se asignó a personas vinculadas al ejecutivo, precisó a la VOA el profesor de derechos humanos en la Universidad Católica Andrés Bello, Carlos Lusverti.
Javier Elechiguerra, fiscal general de 1999, fue procurador del expresidente Hugo Chávez; Isaías Rodríguez, en 2000, venía de ser vicepresidente; y Luisa Ortega Díaz, en 2007, solía resolver casos políticos con resultados favorables para el oficialismo.
“Tenemos un problema histórico de vicios en su proceso de designación, donde no se cumple con los perfiles previstos en la Constitución y se traduce en fiscales que carecen de independencia y autonomía. Eso permea a todo el Ministerio”, apuntó Lusverti.
Las coincidencias de Saab con el poder ejecutivo le ganaron cuestionamientos a su independencia de parte de un comité de expertos de derechos humanos de la ONU.
“Jamás he visto a un fiscal general defender de tal forma al gobierno de su país, cuando el fiscal general, normalmente, debe presentar su situación de completa independencia”, le dijo uno de los 15 integrantes del comité, en Ginebra, en octubre.
Saab ha puesto en duda la transparencia de la investigación de posibles crímenes de lesa humanidad que adelanta la Corte Penal Internacional (CPI) en el país desde 2021, ha defendido la eficiencia del sistema judicial y ha introducido ante la CPI recursos que interrumpirían el caso.
Saab fue designado en 2017 como fiscal general por la Asamblea Nacional Constituyente, un órgano que la oposición tachó de ilegítimo y denunció por usurpar competencias del poder legislativo.
Saab sucedió a Luisa Ortega, considerada aliada del chavismo hasta que condenó aquel año dos sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) con las que el poder judicial se adjudicó las competencias del legislativo. Como consecuencia, el TSJ separó a Ortega Díaz del cargo, le prohibió salir del país y congeló sus bienes, en medio de una profunda crisis política y protestas de calle contra el gobierno.
Laura Louza Scognamiglio, directora de la ONG Acceso a la Justicia, no descartó que Saab aspire a la reelección.
“No hay prohibición expresa [en las leyes venezolanas] de repetir en el cargo”, advirtió en conversación con la VOA.
La sociedad civil venezolana no ha participado este siglo en los procesos de elección de funcionarios, como el fiscal, indicó la experta. Si no ha sido el chavismo en la Asamblea Nacional, el Tribunal Supremo de Justicia los ha escogido alegando supuesta omisión legislativa, dijo.
“Son procesos que están totalmente secuestrados por el poder político y particularmente por la Asamblea Nacional”, opinó Louza Scognamiglio.
Como ejemplo destacó la elección como presidenta del TSJ de Caryslia Rodríguez, quien fue concejal del partido de gobierno y alcaldesa encargada de Caracas.
Crisis “profunda” de DDHH
Los siete años de gestión de Saab han estado enmarcados por reprobaciones del sistema judicial por organizaciones domésticas y organismos internacionales.
Según una misión independiente de verificación de hechos de las Naciones Unidas, Venezuela vive “una profunda crisis de derechos humanos” que incluye persecución a la disidencia, graves delitos y violaciones de derechos humanos, entre ellas torturas.
Además, concluyó que Saab favoreció el nombramiento y la destitución “discrecional” de todos los fiscales y que “el ingreso al Ministerio Público ya no es meritocrático, sino que depende en gran medida de factores personales e influencias políticas partidistas”.
Saab también habría tomado medidas para “disminuir la independencia” del Ministerio Público para investigar delitos cometidos por instituciones del Estado.
La fiscalía de la CPI ha asegurado que cerca de 90% de los casos de posibles crímenes de lesa humanidad investigados en Venezuela se encuentran en impunidad. Su responsabilidad recae en el Ministerio Público y Saab.
Partidos de la oposición venezolana, por su lado, han acusado a Saab de ser parte fundamental de un esquema de represión, justificando arrestos de disidentes.
Saab, cuyas acusaciones y declaraciones suelen coincidir con las denuncias políticas del chavismo, ha dictado órdenes de aprehensión contra políticos opositores y sindicalistas y ha denunciado formalmente conspiraciones contra el gobierno de Maduro.
Maduro, en cambio, lo felicitó por su capacidad de “hacer justicia” contra la corrupción. Dos días después de que el presidente denunciara conspiraciones contra su gobierno, Saab confirmó la semana pasada la detención de un profesor y sindicalista por su presunta vinculación con uno de esos supuestos planes.
Saab se caracteriza por atender casos de videos o mensajes virales en las redes sociales que involucren acciones que pudieran constituir algún delito. Usualmente notifica por esa vía los arrestos de las personas involucradas precisando sus acusaciones a priori.
Expertos en derecho critican que su opinión anticipada puede quebrantar la presunción de inocencia de las personas investigadas.
¿Cómo dice la Constitución de Venezuela que se designa al fiscal general?
Según la Constitución venezolana, los órganos de los distintos poderes públicos deben mantener independencia en sus decisiones, incluyendo el Tribunal Supremo de Justicia y el Ministerio Público.
La fiscalía general integra el Consejo Moral Republicano, un órgano que vela por la ética y moral de la administración pública en el país. Ese Consejo debe convocar a un comité de miembros de la sociedad civil para evaluar las postulaciones a cargos como la fiscalía general, la contraloría y la defensoría del pueblo, para definir una terna y presentarla a la consideración del poder legislativo.
Si ese comité no es designado, el parlamento designará a los nuevos funcionarios “dentro del plazo que determine la ley”, reza el artículo 279 de la Constitución.
En cualquier caso, la Asamblea Nacional elegirá en 30 días a los nuevos funcionarios con el voto de las dos terceras partes de sus diputados.
Si no hay acuerdo, el poder electoral someterá la terna a consulta popular.