La fronteriza Cúcuta vuelve a pedir a gritos la atención nacional. La inseguridad y la violencia desbordan, una vez más, a la principal ciudad colombiana sobre la porosa línea limítrofe con Venezuela. Con menos de un mes en el cargo, su alcalde, Jorge Acevedo, denunció esta semana las amenazas de muerte de un cabecilla que decía pertenecer a las bandas binacionales AK47 y Tren de Aragua, parte del archipiélago de organizaciones criminales que se propone desarticular.
Por El País
La capital del convulso departamento de Norte de Santander ha registrado una nueva oleada de crímenes en las últimas semanas. Entre ellos, el brutal asesinato a cuchilladas de un habitante de calle de 22 años, capturado en un video que circuló en redes sociales y provocó la indignación ciudadana. Las espeluznantes imágenes activaron todas las alarmas. Las amenazas al alcalde se produjeron un día después de que Acevedo había ordenado investigar ese asesinato. Este martes también se conoció que más de 30 líderes sociales recibieron mensajes intimidatorios a través de WhatsApp por colaborar con las autoridades.
“Lo sucedido es una triste evidencia de la degradación de la inseguridad con acciones sanguinarias que utilizan herramientas de difusión como los videos en redes sociales, con el propósito de expandir el miedo y enviar mensajes intimidatorios a la población”, lamentaba este martes el editorial de La Opinión, el periódico de Cúcuta. Advertía que “si no hay una sincronización perfecta entre las autoridades del orden nacional, municipal y departamental para entrar a desvertebrar a las organizaciones que se han tomado las calles y sectores para edificar su imperio del delito, la situación empeorará”.
La situación es crítica, a pesar de las expectativas que despertó en su día la reapertura del paso formal entre los dos países y la normalización de relaciones al comienzo del Gobierno de Gustavo Petro. El alivio en Cúcuta, al menos en el frente de la seguridad, no se ha sentido. Ningún otro lugar de Colombia vive con tanta intensidad las relaciones con Venezuela, ni ha sufrido tanto las crisis entre Bogotá y Caracas. El alcalde Acevedo se reunió el fin de semana con el gobernador del vecino estado venezolano del Táchira, Freddy Bernal, con el objetivo de articular el trabajo de las autoridades. La actual disputa entre grupos criminales –hasta 25 bandas operan en Cúcuta– mantiene en alerta a la sociedad civil y los defensores de derechos humanos, que reclaman con insistencia una mayor presencia del Gobierno nacional.
La lista de antecedentes es interminable. Cúcuta lleva años como epicentro de una desordenada violencia que precede la llegada de Petro al poder, hace un año y medio. A mediados de 2021, un carro bomba en una brigada del ejército dejó decenas de heridos, y también en esos días recibió una ráfaga de fusil el helicóptero en el que viajaba el entonces presidente Iván Duque. En diciembre de ese año, otros estallidos de madrugada en el aeropuerto Camilo Daza provocaron la muerte de tres personas –dos policías y el hombre que transportaba los explosivos–. El pasado abril, un estallido en un concurrido sector del centro de la ciudad dejó una persona muerta y varios heridos.
Guerrillas, paramilitares, narcotraficantes y bandas criminales de todo cuño han azotado por décadas a una frontera repleta de ‘trochas’ por donde históricamente ha fluido el contrabando. A pocos kilómetros de Cúcuta se encuentra el Catatumbo, la región con mayor concentración de cultivos de coca en el mundo, y Norte de Santander es uno de los departamentos más golpeados por el conflicto armado de más de medio siglo que Colombia busca dejar atrás.
En ese marco, a las repetidas oleadas de violencia, atentados y denuncias de corrupción de los últimos años se han sumado los nuevos desafíos de los violentos. Sin ir muy lejos, en plena campaña para las elecciones regionales del pasado 29 de octubre se produjeron las amenazas de muerte a la directora de La Opinión, Estefanía Colmenares, que conmocionaron a la ciudad. Los mensajes llegaron después de que el periódico había indagado las irregularidades en torno a la hospitalización del exalcalde Ramiro Suárez, que conserva una notable influencia a pesar de estar condenado por homicidio en alianza con grupos paramilitares.
A la banda binacional conocida como AK47, que domina el microtráfico de drogas ilegales y las extorsiones en la zona céntrica de Cúcuta, se le atribuyen varios de los episodios más recientes. “Los tenemos plenamente identificados y en este momento vamos a priorizar los recursos y capacidades institucionales para desarticularla”, ha prometido el nuevo secretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Diego Villamizar. “No nos vamos a dejar amedrentar”, aseguraba el alcalde Acevedo en declaraciones a W Radio. “Poco a poco, con celeridad, vamos a ir capturándolos, agarrándolos, uno por uno; vamos a dar la pelea”.