Una vez más, el territorio venezolano se ve amenazado, y, en este caso, por un diminuto país con intenciones de apropiarse de una extensión de 159.500 km cuadrados del espacio nacional. Con ello, pretende justificar lo injustificable y dar validez al arbitrario, impositivo y confabulado LAUDO ARBITRAL DE PARÍS del 3 de octubre de 1899. Es decir, del acto que fue censurado por la misma prensa inglesa, al calificarlo de “Arreglo o transacción censurable o de carácter inmoral”.
El pueblo y los sucesivos gobiernos de Venezuela no lo han aceptado nunca. Y, por el contrario, siempre han protestado por el arbitrario acto y despojo del territorio de la Guayana Esequiba. Y el argumento de mayor fuerza ha sido el hecho de que dicho propósito, para la época, ha sido aprovechándose de que Venezuela se encontraba indefensa ante las tres restantes potencias integrantes de la Comisión Arbitral, y sumida en una anarquía total bajo el tambaleante gobierno del Presidente militar y político Ignacio Andrade Troconis. Del mismo que, días después, fue derrocado por el General Cipriano Castro, líder de la llamada Revolución Liberal Restauradora. Es decir, en momentos cuando el hecho provocaba una verdadera. situación de gran confusión y desorden interno, aunque suficiente para que, con ventaja y alevosía, el Imperio Inglés aprovechara para usurpar los derechos venezolanos y la propiedad territorial.
Es importante recordar que el citado Laudo Arbitral, inaceptable jurídicamente y nulo por múltiples violaciones del derecho internacional del momento cuando fue dictado, permitió que la ciudadanía venezolana e internacional se familiarizara con lo siguiente, a saber:
Haber violado el debido proceso aprovechado y dejando a una de las partes (Venezuela) en estado de indefensión.
Se incurrió en el vicio del exceso de poder (Tres potencias integrantes de la Comisión Arbitral confabuladas contra un país indefenso).
Incurrirse en “ultra petita” (vicio de la sentencia que consiste en haber declarado el derecho de las partes, más allá de lo pedido).
A. Por falta de motivación.
B. Por falta al deber de imparcialidad.
C. Por razones históricas, y muy bien documentadas, se puede comprobar el legítimo derecho venezolano de propiedad del Esequibo.
D. Los estudios y las evidencias cartográficas, partiendo de los registros en épocas de la colonia, evidencian con claridad que el derecho y la razón favorecen a Venezuela.
Por estas, y muchas otras evidencias, Venezuela tiene sobradas razones jurídicas para hacer valer su derecho y propiedad territorial sobre el Esequibo.
Ahora bien, la gran preocupación de todos los venezolanos, y más, aún, de los expertos jurídicos y conocedores del tema, es que la complicada situación política actual interna interfiera o influya sobre la IMPERATIVA OBLIGACIÓN en la que se encuentra Venezuela de defender su territorio, ahora en riesgo. Es por eso por lo que es indispensable, e imperativo, que, tanto el régimen, como la oposición y las Fuerzas Armadas de Venezuela, hagan abstracción del tema político interno y, en conjunto, convoquen a sus más y muy calificados juristas y expertos, así como a la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, además del Colegios de Abogados y Universidades, para que, de inmediato, y sin politiquería, asuman la defensa del derecho venezolano, con sólidos y suficientes pruebas y argumentos, ante LA CORTE PENAL INTERNACIONAL.
Ante esta ineludible instancia, los venezolanos -que es lo peor- apenas tienen plazo hasta el mes de ABRIL de este año para presentar sus pruebas y argumentos en la reafirmación de sus derechos, o correr el riesgo de perder el Juicio por no concurrir.
Desde luego, el inquietante punto de preocupación es que Venezuela está ante un inevitable y exigente Proceso Judicial en la CORTE PENAL INTERNACIONAL DE JUSTICIA. Allí la República de Guyana, ayudada y asistida adicionalmente con la anuencia y complicidad de Inglaterra por intereses económicos propios, y en defensa de su ex colonia, la ex Guyana Inglesa, hoy “independiente” (?), será asistida por sus aliados del CARICOM. Asimismo, sería ingenuo no suponer que, en el proceso, no se dejen sentir, además, y por intereses económicos, la representación de los Estados Unidos, de Rusia, de China y de Brasil que, aun ilegalmente, ya tienen instalaciones y explotaciones de recursos minerales en el territorio en disputa.
Para todos los venezolanos, y más allá de sentimentalismos, lo que está planteado en este caso no es un problema ideológico, ni político, ni una lucha por cuotas de poder. Es un deber de todos los venezolanos unirse en defensa de su territorio, como de lo que plantea el riesgo de lo que implica poner en juego a su Patria.
Tanto el régimen, conformado por chavistas como por maduristas, además de toda la Oposición, deben diferenciar esta lucha de la política, como de la atinente a las diferencias por el ejercicio del poder. Se trata de Venezuela como motivo y principio, y de que TODOS, UNIDOS, deben DEFENDER A LA PATRIA como el gran propósito sin excepción. El sentido y sentimiento de Patria, en su expresión y alcance, tiene que ser siempre el mismo que ha predominado a lo largo de la historia de la Nación. Y se trata de que los problemas internos hay que diferenciarlos de lo que implica y traduce el absurdo e inaceptable arrebato de nuestro territorio.