“Nunca debería ocurrir que esta tierra hermosa
experimente la opresión de una persona por otra”…
Nelson Mandela.
A pesar de que no haya gobernabilidad, la gobernanza, que consiste en la forma de gobernar, esencialmente si es eficaz y adecuada a los fines que se persiguen, resulta muy exitosa en la Venezuela de Maduro al buscar consolidar un sistema totalitario y autocrático que hoy se nos revela como una de las dictaduras más crueles, delictivas, corruptas e ilegítimas, es decir, una tiranía que ha usurpado las estructuras del Estado y los aparatos del poder público a favor de una camarilla criminal mafiosa militar y civil con acólitos y oportunistas, que ha convertido la transgresión en norma y se sostiene desde la ruina y destrucción del país.
El ejemplo del 4 de febrero pasado en Caracas con la Policía del Municipio Sucre, alertada por los vecinos de la zona de Mariches, lo demuestra. Un grupo de 14 delincuentes armados hasta con fusiles, entre ellos un menor de 17 años y el mayor de 52, asaltaron un galpón adyacente a la represa La Pereza. Rompieron ventanas y puertas, robaron muebles, herramientas y vehículos; fueron arrestados mediante el procedimiento correspondiente y llevados a la sede policial.
El viceministro de seguridad y enlace con la policía, el mayor general Elio Estrada Paredes, después de que uno de los integrantes del colectivo armado del corredor Cara Al Río reclamara la libertad de sus compañeros trancando en la noche del domingo la redoma de Petare, aterrorizando a la población del sector, obligando a los trabajadores del aseo público a botar la basura frente a la sede policial para prenderle fuego y lanzando proclamas de apoyo a Maduro y a su gobierno revolucionario, se presentó ante los policías de guardia y dio la orden de excarcelación a la vez que instruyó al fiscal superior Aramay Terán para dejar sin efecto el procedimiento legal.
No bastó la impunidad y el irrespeto e indefensión a los que este militar expuso a los funcionarios responsables del orden público al despojarlos de la autoridad que les confiere la ley frente a los delincuentes, sino que exigió que les devolvieran las 4 motos, las 8 armas incautadas y un automóvil tipo sedán a los detenidos que salieron en libertad. Insólito, para colmo, que un militar se convierta en subordinado de los delincuentes, favorezca la instigación al odio que adoptaron los cómplices que arengaban en contra de la policía y respalde la criminalidad por encima de la justicia y la verdad.
Alrededor de los supuestos atentados contra Maduro anunciados en enero de 2024 que según el fiscal general del régimen Tarek William Saab compromete a militares y civiles, se han cometido gravísimas irregularidades, actuaciones que violan la Constitución y delitos de lesa humanidad. Desde el 22 de enero de 2024 sufre desaparición forzada la teniente primera Karen Gómez, fisioterapeuta, esposa del coronel Carlos Sánchez Vásquez, al parecer detenida por la Dirección General de Contrainteligencia Militar, pero de cuyo paradero no se sabe nada. Es mamá de un niño de dos años y un bebé de once meses. También fueron secuestrados y permanecieron desaparecidos por más de 72 horas los dirigentes de Vente Luis Camacaro y Juan Freites, jefes de campaña de la candidata presidencial por las fuerzas democráticas María Corina Machado, así como Víctor Venegas, presidente del sindicato de educadores de Barinas.
En Charallave, en el Estado Miranda, el 7 de febrero pasado, un grupo de chavistas vinculados a esa alcaldía atacó con palos y piedras a simpatizantes del movimiento político Vente, en un acto con la dirigente, quien afirmó que “la policía, que estaba presente, con su inacción, amparó a los colectivos armados”. Hubo varios lesionados. A pesar de que es una acción violatoria de los Acuerdos de Barbados en relación con el clima de convivencia pacífica que debe prevalecer en este año electoral, uno de los personeros del gobierno madurista, el psiquiatra Jorge Rodríguez, dijo que ellos no se hacían responsables de estos desmanes, ignorando el lenguaje de odio y confrontación extremas que propician la violencia política por sus intervenciones públicas.
Después de que el 8 de febrero de 2024 la Corte Interamericana de Derechos Humanos pronunciara sentencia firme que condena al Estado venezolano a resarcir los daños causados a Rocío Sanmiguel y a otras dos profesionales por haber sido despedidas injustificadamente de la Comisión Nacional de Fronteras, la abogada experta en el tema militar y de seguridad y defensora de derechos humanos es detenida, sin que se sepa hasta ahora a dónde está, en el aeropuerto internacional Simón Bolívar junto con su hija cuando iba a viajar al exterior el 9 de febrero.
Las declaraciones de Maduro y de Diosdado Cabello de no estar dispuestos a dejar el poder “ni por las buenas ni por las malas”, hace vislumbrar 2024 como muy desafiante y difícil. La democracia no es un bien negociable.