La Fiscalía dominicana apeló este miércoles las medidas de coerción impuestas al rapero estadounidense Tekashi 6ix9ine, imputado por violencia machista contra su pareja, la artista dominicana Yailín La Más Viral, quien niega los hechos, y la madre de esta, Wanda Díaz, quien denunció al cantante.
El pasado 25 de enero, una jueza impuso a Tekashi una garantía económica de 30.000 pesos (unos 500 dólares), impedimento de salida del país y presentación periódica cada dos meses ante la Fiscalía, unas medidas con las que no estuvo de acuerdo el Ministerio Público.
En su opinión, el tribunal realizó “una aplicación errónea de la norma” y vulneró el derecho de Wanda Díaz a ser escuchada tras denunciar al cantante, cuyo nombre real es Daniel Hernández, de origen mexicano.
La jueza Fátima Veloz, quien dictó las medidas contra Tekashi, permitió además que abogados que, conforme a la ley, no podían tener participación en la audiencia lo hicieran de manera activa, “demostrando una vulneración a los derechos de las partes”, según la Fiscalía.
Además, agregó, ignoró la prueba de la llamada que Yailín hizo al servicio de socorro 9-1-1 pidiendo ayuda y el peligro de fuga al ser Tekashi extranjero.
Asimismo, no se tuvo en cuenta la prueba aportada de un teléfono celular que se decomisó a Tekashi en la celda tras su detención el 17 de enero pasado, con el cual estaba amedrentando a los testigos y obstaculizando la investigación, añadió el Ministerio Público.
Por otra parte, la magistrada emitió una orden de protección a favor de las víctimas, que prohíbe a Tekashi molestar, intimidar, asediar, hostigar o amenazarlas por cualquier vía, ya sea en persona, por teléfono, por mensajes de textos o de WhatsApp o cualquier otra aplicación similar, videollamadas, redes sociales o por intermedio de terceras personas.
Según la investigación de la Fiscalía, el imputado ha ejercido violencia verbal, física y psicológica contra las víctimas.
Tekashi se enfrenta a otra acusación en la ciudad de La Vega (centro-norte de República Dominicana) por supuestamente agredir en un estudio a dos productores musicales y amenazar de muerte a un tercero, hechos que habrían ocurrido en octubre pasado y por los que se le impuso una garantía económica de 500.000 pesos (unos 8.500 dólares), presentación cada mes ante la Fiscalía local, alejamiento de las víctimas y seguir un tratamiento contra la ira. EFE