Rafael Ángel Carrillo Rodríguez llegó a la Argentina desde Venezuela. A poco de llegar, se instaló en una pensión de Quilmes, situada cerca de un supermercado, donde consiguió trabajo como repositor. Después renunció, quería ser vigilador privado y después se interesó por el negocio de las criptomonedas. En medio de la pandemia de Covid-19, en octubre de 2020, participó del secuestro del supemercadista que le dio empleo. Fue el cerebro detrás del plan. Antes de lo que lo atraparan huyó a su país natal, donde finalmente fue detenido. Si bien se había solicitado su extradición, nunca se concretó y, tras admitir su participación en el rapto y cautiverio de Javier Moscuzza, fue condenado a la pena de 13 años y cuatro meses de cárcel.
Por: La Nación
Así lo informaron a LA NACION fuentes al tanto de la condena impuesta a Carrillo Rodríguez. En tanto, el martes próximo el Tribunal Oral Federal (TOF) N° 2 de La Plata comenzará a juzgar a otros cuatro supuestos partícipes del secuestro extorsivo: Jean Carlos Rivero Márquez y Junior Argenis Páez Peña, de nacionalidad venezolana, Jesús Teodosio Ramos Paz, un sindicado narco nacido en Perú, y Matías Avellaneda. El Ministerio Público estará representado por el fiscal Rodolfo Molina.
La víctima estuvo cautiva cinco días. La pesadilla para Moscuzza finalizó después de que su hermano hiciera cuatro transferencias de bitcoins, la criptomoneda más conocida, por un valor de 65.000 dólares.
Se trató de un caso inédito en la historia de los secuestros extorsivos en la Argentina. No solo porque el pago del rescate se hizo en criptomonedas, sino porque las comunicaciones extorsivas se hicieron por WhatsApp desde Colombia.
Tras la pesadilla vivida, el supermercadista, su esposa y sus hijos se fueron de la Argentina. Ahora viven en el exterior.
Tras admitir su responsabilidad en el plan criminal, Carrillo Rodríguez fue condenado a la pena de 13 años y cuatro meses de cárcel por los delitos de secuestro y “porte ilícito de arma de fuego”, informaron a LA NACION fuentes judiciales.
Cuando Moscuzza lo conoció, Carrillo Rodríguez vivía en una pensión situada cerca de su supermercado de Quilmes. Le dio trabajo como repositor desde el 6 de septiembre de 2017 hasta el 31 de julio de 2018. “Como empleado no puedo decir nada, trabajaba”, recordó el empresario.
Dejó de trabajar para Moscuzza porque quería conseguir empleo como vigilador privado. Carrillo Rodríguez hizo los trámites en la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC, el ex Renar) para ser legítimo usuario de armas de fuego. Consiguió los permisos, según Moscuzza.
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