Un total de 203 trabajadores estatales de Cuba fueron sancionados a penas de dos a 22 años de cárcel por malversación, cohecho, falsificación de documentos, sustracción y daños de documentos u otros objetos en custodia oficial y violación de sellos oficiales, informó este lunes la prensa oficial.
Las personas condenadas -que formaban parte de varias empresas del Estado de los sectores de alimentos, gastronomía y tabaco en La Habana- provocaron “pérdidas millonarias” al país caribeño a través de diferentes maniobras, como la manipulación contable, según se detalló en una inusual y larga nota en el periódico Granma, órgano del Partido Comunista (PCC, único legal).
El diario oficial no detalló cuándo ni dónde se celebró el juicio contra los implicados en la trama, ni si se trata de una sentencia firme.
Además de los condenados a prisión, Granma afirmó que hubo 383 “medidas disciplinarias” -un 95 % de ellas fueron despidos definitivos- contra un número de personas que no trascendió.
De igual forma, en la nota se agrega que dos auditorías forenses en la estatal Empresa Provincial de Comercio de La Habana, así como en una de sus filiales dentro de la capital, concluyeron que hubo una “apropiación de grandes sumas de dinero” mediante “la falsificación de slips bancarios [constancias de pago] no emitidos por el banco, para enmascarar la sustracción de recursos financieros provenientes de las ventas”.
Los implicados, continuó el texto, están bajo proceso penal.
En los últimos días, el Gobierno y sus medios afines han reiterado la idea de que el Estado tiene que tener “mano dura” contra la delincuencia y los casos de corrupción.
Además, se ha informado a través de la prensa oficialista de distintos casos “ejemplarizantes” en los tribunales con condenas de prisión contra personas del sector estatal.
El pasado martes, la televisión cubana informó que el Tribunal Provincial de La Habana sancionó con penas que van desde multas económicas hasta los ocho años de cárcel a 21 personas –entre ellas siete funcionarios de la empresa eléctrica de la capital– por el delito de cohecho continuado.
Recientemente, los medios oficiales también informaron sobre el robo de 133 toneladas de pollo en la empresa estatal Copmar, en La Habana. Como resultado, 30 personas fueron imputadas y podrían enfrentar sanciones de hasta 20 años de cárcel.
Sin referirse directamente a este caso, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, pidió a los fiscales a mediados de febrero enfrentar con “tolerancia cero” los hechos de corrupción que hay en el país en “diferentes estatus y niveles” porque esos actos “laceran” y “erosionan la base moral de la sociedad”. EFE