En febrero aumentó la intimidación y la censura a la libertad de expresión en Venezuela

Vista de una manifestación en la que se reclama libertad de expresión, en una fotografía de archivo. EFE/Miguel Gutiérrez

 

15 casos y 41 violaciones a la libertad de expresión en Venezuela es el balance que documentamos en el mes de febrero, en el que periodistas y medios de comunicación fueron las principales víctimas de actos de intimidación y censura.

Por espaciopublico.ong





En todo el mes contabilizamos 33 víctimas de violaciones a la libertad de expresión, entre ellas al menos 17 periodistas y/o reporteros que ejercían su derecho a comunicar y mantener informada a la población. Registramos también entre las víctimas a 6 medios de comunicación, 4 particulares y organizaciones de la sociedad civil o miembros de las mismas.

De los 19 victimarios, solo uno no estuvo directamente relacionado con el Estado o con el partido de gobierno. 8 instituciones públicas violentaron el derecho a la libertad de expresión, junto con 6 cuerpos de seguridad, 4 funcionarios del Estado y un grupo simpatizante del oficialismo.

Detención arbitraria y desaparición de Rocío San Miguel

El 9 de febrero, cuando intentaba tomar un vuelo junto con su hija en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía (Vargas, norte), funcionarios de seguridad del Estado detuvieron a la defensora de DD. HH. y directora de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel. No se supo de su paradero sino de manera irregular más de 72 horas después de su detención, constituyendo así otro acto de desaparición forzada.

El fiscal general designado por la ilegal asamblea nacional constituyente, Tarek William Saab, informó sobre la detención de San Miguel dos días después en su cuenta de X por su presunta vinculación con el caso “brazalete blanco”, otra “conspiración” bajo investigación por parte del gobierno de Nicolás Maduro.

El equipo legal de San Miguel confirmó que hasta el 12 de febrero aún se desconocía la ubicación y estado de salud de la activista, así como de cinco de sus familiares, entre ellos su hija Miranda Díaz. En la noche de ese día, San Miguel fue presentada junto con sus familiares ante el Tribunal Segundo contra Terrorismo, según un comunicado en X del Ministerio Público del día 13.

La Fiscalía solicitó medida de privación preventiva de libertad en contra de Rocío San Miguel por presuntos delitos de “traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación”, dice el comunicado. Al ciudadano Alejandro González de Canales (expareja de San Miguel) se le acusó de “revelación de secretos políticos y militares”, entre otros cargos.

A las otras cuatro personas familiares de San Miguel: Miranda Díaz San Miguel (hija), Miguel Ángel San Miguel Sosa (hermano), Alberto San Miguel Quigosos (hermano) y a Víctor Díaz Paruta, (padre de Miranda), les solicitaron medidas cautelares de presentación periódica ante tribunales.

Tras una presentación violatoria del derecho al debido proceso, el tribunal dictó privativa de libertad de San Miguel y González, con reclusión en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) en El Helicoide (Caracas) y el centro de detención de la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM) ubicado en Boleíta, municipio Sucre del estado Miranda.

Cierres y presión a medios

Funcionarios de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) ordenaron el 2 de febrero el cierre de la emisora Onda 100.9 FM que operaba en Valencia, capital del estado Carabobo (norte), convirtiéndose en el tercer cierre en menos de dos años que involucra a emisoras del Circuito Unión Radio en la entidad. De acuerdo con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), esta emisora ya había recibido visitas previas de inspección por parte de la Conatel en 2023.

Las emisoras Senda 96.1 FM, Mágica 93.3 FM y Clásicos 93.9 FM, todas de Ciudad Ojeda, municipio Lagunillas del estado Zulia, fueron cerradas el 23 de febrero por órdenes de una comisión de la Conatel que visitaba el estado, tras hacer “una revisión administrativa técnica”.

Los funcionarios llegaron a una de las emisoras afectadas a las 10 de la mañana y se mantuvieron “haciendo la supervisión durante todo el día” hasta que confirmaron el cierre, a las 5 de la tarde, que se produjo porque faltó uno de los documentos que exigieron, sin detallar cuál. No hubo una advertencia por parte del organismo regulador.

La emisora Ecos del Páramo 100.3 FM de Tuñame, municipio Urdaneta del estado Trujillo (oeste), cesó sus operaciones el 27 de febrero por órdenes del gobernador oficialista, Omar Márquez. Trabajadores de la Gobernación y efectivos de la Policía Estadal se llevaron los equipos de la emisora bajo el argumento de que “estaba clandestina” y que laboraba sin permiso de la Conatel.

Sin embargo, en el procedimiento irregular no estaba presente ningún funcionario de la Conatel ni mostraron documentos o autorización para el decomiso. El director de la emisora explicó que el transmisor y la antena contaban con la documentación dada cuando salieron al aire, pero que nunca recibieron respuesta a las solicitudes para mantener los documentos al día.

Ciudadanía desprotegida

En Maracaibo, capital del estado Zulia (oeste), funcionarios del Servicio de Investigación Penal de la policía regional detuvieron el 2 de febrero al ciudadano e influencer local Marcos Caraballo por usar “vestimenta indecorosa” en una sesión de fotos frente a la Basílica de La Chinita y otros lugares públicos de la ciudad.

El joven de 26 años fue detenido por “atentar contra el buen orden de la familia, por resistencia a la autoridad y por actos inmorales en sitios públicos”, según informó el cuerpo policial en sus redes sociales. Efectivos de Polizulia también detuvieron a Nerio Antonio Bello por proveer el disfraz de ángel que modeló Caraballo en una sesión que se viralizó en internet.

De acuerdo con el Observatorio Venezolano de Violencias LGBTIQ+, ambas detenciones arbitrarias ocurrieron luego de “una serie de denuncias en redes sociales y por parte de sectores religiosos”, violando así el derecho a la libertad de expresión, al trabajo y al libre desenvolvimiento de la personalidad de ambas personas.

El abogado y defensor de derechos humanos, Joel García, fue hostigado y amenazado por un sujeto desconocido el 7 de febrero mientras asistía al cónsul general y el cónsul adjunto de Chile en Venezuela en el Palacio de Justicia, ubicado en el centro de Caracas.

“Me dijo que si seguía publicando en redes, ya veía lo que me iba a pasar, que me atuviera a las consecuencias en eso”, relató García. Posterior a la amenaza, el cónsul de Chile intervino para evitar un altercado mayor, pero el agresor le contestó de forma agresiva diciendo que estaba en Venezuela y que debía callarse.

“Ya verás lo que te va a pasar”, dijo el victimario luego de que el abogado Joel García le preguntó si lo estaba amenazando. Durante toda esa mañana, tuvieron cerca a un funcionario de seguridad del Palacio de Justicia, “pero no para cuidarnos, sino para vigilarnos y saber qué es lo que estábamos haciendo”, pues estaban indagando sobre el caso de personas de nacionalidad chilena acusadas por el homicidio del cantante venezolano Canserbero.

El ciudadano e ingeniero jubilado de la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), Carlos Salazar, fue llevado por sujetos desconocidos en Punta Piedra, estado Nueva Esparta (norte), y estuvo desaparecido durante más de 20 días tras publicar un video en el que muestra y critica al expresidiario Alex Saab.

Un familiar de Salazar confirmó que las personas que se lo llevaron “dijeron que el motivo de la detención era la publicación del video de Alex Saab en un Centro Comercial en Margarita que había grabado”. Familiares del ingeniero Salazar lograron verlo 20 días después de su desaparición en la sede del SEBIN de El Helicoide, aunque se desconoce si fue presentado ante algún tribunal.

Un grupo de hackers divulgó los datos personales de millones de usuarios de la empresa privada de telecomunicaciones Digitel el 12 de febrero, usando el ransomware Medusa para acceder a la red de la empresa y encriptar la información de sus servidores en un ciberataque perpetrado el 30 de enero.

La información liberada incluiría lista de empleados, documentos de identificación y financieros, informes, facturas, contratos, acuerdos de suscriptores y sus datos personales. Entre los datos expuestos se encuentran nombres, apellidos, cédulas de identidad y fechas de nacimiento de clientes y trabajadores de la empresa.

La divulgación de los datos personales de millones de clientes y suscriptores de Digitel puede constituir un delito y convertirse en una violación a los derechos humanos cuando el Estado omite sus responsabilidades y obligaciones en materia de protección de datos de la población, al no legislar ni regular esta materia según los estándares de derechos humanos.

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