Los bloqueos de sitios web en Venezuela no se ajustan a las normas internacionales de derechos humanos. Se ordenan de oficio, a discreción de CONATEL, con total opacidad y sin una base jurídica clara
El programa VE sin Filtro, de la organización Conexión Segura y Libre, tiene un registro de al menos 51 medios de comunicación bloqueados y 14 sitios con contenido de crítica política.
Por VE sin filtro
La administración de Nicolás Maduro mantiene una política de persecución contra la libre circulación de las ideas en Internet, violentando los derechos a la información, la libertad de expresión, la participación, la protesta, la asociación y otros reconocidos por la Declaración Universal de los Derechos Humanos y que deben garantizarse también en línea.
El programa VE sin Filtro, de la organización Conexión Segura y Libre, tiene un registro de al menos 85 páginas bloqueadas y 120 urls, con mayor incidencia en sitios de medios de comunicación (51 medios y 76 urls) y los que contienen críticas políticas (14 sitios y 16 urls). En total, son 561 eventos de bloqueos documentados:
“Tenemos más de una década de censura en Internet en Venezuela, está ha cambiado y ha tenido distintos focos; pero año tras año tenemos más bloqueos de páginas web y una sociedad cada vez más censurada”, sostuvo Andrés Azpúrua, director de Conexión Segura y Libre. “Esta censura la vemos en los bloqueos de páginas web que son ordenados por CONATEL e implementados por las distintas empresas que proveen el servicio de Internet”, agregó.
En Venezuela, el acceso a la información es crucial debido a la compleja dinámica social, política y económica. La censura en los medios tradicionales y el crecimiento global de Internet hacen que el acceso a la red sea esencial para el ejercicio de los derechos civiles y políticos.
Los bloqueos son, también, un obstáculo a la educación y al acceso a información de calidad para estudiantes e investigadores.
El gobierno venezolano bloquea sitios web como táctica de censura.
Se identificaron bloqueos de tipo:
DNS, HTTP/HTTPS y TCP/IP. Los ISP o prestadores de servicio privados usan bloqueos DNS. Solo CANTV emplea bloqueos HTTP/HTTPS y DNS. Cada bloqueo afecta las conexiones de los usuarios de manera diferente.
Los bloqueos de sitios web en Venezuela no se ajustan a las normas internacionales de derechos humanos. Se ordenan de oficio, a discreción de CONATEL, con total opacidad y sin una base jurídica clara. Estas órdenes de bloqueo de Internet se ejecutan sin garantías para el debido proceso y no son supervisadas o dictadas por un juez.
Entre los diversos bloqueos impuestos por el Estado y por los proveedores de servicios de Internet, VE sin Filtro ha constatado que se ha restringido el acceso a las páginas web de algunas ONG. Actualmente hay tres bloqueos activos de páginas de ONG en Venezuela.
El acceso a herramientas normalmente usadas para evadir la censura también está siendo bloqueado, teniendo un impacto significativo en la capacidad de los venezolanos para acceder a información e interactuar con el contenido y la comunidad en Internet.
El bloqueo a las páginas web de las VPN TunnelBear y Psiphon continuó se mantiene desde hace dos años en los principales ISP, incluido CANTV. El bloqueo de TunnelBear es más completo, ya que no solo afecta el acceso a su página web, sino que también intenta, sin éxito, impedir el funcionamiento de la VPN.
La censura en Internet de Venezuela no sólo afecta la libertad de expresión información sino también la libertad de asociación, limitando la participación política,“esto especialmente grave en un año electoral donde el debate político ocurre en gran medida a través de Internet y los venezolanos se informarán y tomarán decisiones sobre el futuro del país”, agregó Azpúrua.
“Si el gobierno quisiera, puede parar la censura en Internet hoy mismo. Mientras, queda de parte de los medios buscar alternativas para evadir esa censura y de los venezolanos resistir y no acostumbrarse a estas restricciones, utilizando las herramientas y técnicas para sobrepasar estos bloqueos”, señaló Azpúrua.
En un contexto en el que cada vez son más las aplicaciones administradas por el Gobierno y en el que se ha hecho evidente el interés de utilizar y acceder a datos personales con fines de control social y político, los usuarios deben ser más cautelosos y el Estado garantizar que esas aplicaciones y sus datos no serán abusados.