En el llamado a diversificar la economía para depender menos del petróleo, propuesto por Hugo Chávez y Nicolás Maduro, el sector de la minería no ha tenido el desarrollo requerido para impactar positivamente en el país. Por el contrario, una serie de medidas y actuaciones en esta área en las últimas dos décadas, hicieron mella en la explotación de oro y se convirtió en una actividad más depredadora, contaminante y mortal.
Por Ahiana Figueroa / talcualdigital.com
Con la implementación del Arco Minero del Orinoco en 2016 en el primer gobierno de Maduro, proliferó la minería ilícita que ha derivado en un ecocidio de grandes dimensiones en el estado Bolívar, pero también la presencia de mafias del oro y de grupos irregulares que llegan a esclavizar a los trabajadores de las minas, de acuerdo a las denuncias y alertas de organizaciones de derechos humanos y ambientales. No obstante, los procesos de estatización y nacionalización en el sector que emprendió Chávez, junto a la creación de empresas de producción social (EPS), fueron los cimientos para la precariedad de la actividad, según se refleja en investigaciones de Organizaciones No Gubernamentales.
Los aspectos más destacados que moldearon al sector minero actual comenzaron con la Ley Habilitante aprobada a Hugo Chávez en el año 2000. Una nueva Ley de Minas ratificaba que los yacimientos del territorio nacional son propiedad de la República y «son bienes del dominio público, inalienables e imprescriptibles». No obstante, desde este momento el discurso oficialista ya esbozaba trazos de un proceso de nacionalización en áreas claves de la economía. Al mismo tiempo se aupó la inclusión de pequeños mineros en el sector, que años más tarde, en 2003, se permitió con el Plan de Desarrollo Económico de la Nación, y específicamente con la Misión Piar, programas que no tuvieron control ni fiscalización.
Para el año 2006, se creó la Empresa de Producción Social Minera Nacional C. A. adscrita al Ministerio de Industrias Básicas y Minería (Mibam); y acto seguido, en 2007, se puso en marcha el Plan de Reconversión Minera para los trabajadores artesanales. Luego, parte de la rectoría en el área pasó también a Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y hasta apareció en escena una empresa manejada por militares: Caminpeng.
Hoy, se desconocen los alcances del desarrollo minero en el país y su impacto dentro del Producto Interno Bruto (PIB) venezolano, no hay información oficial de las exportaciones mineras; por el contrario, investigaciones y denuncias revelan la presencia de grupos irregulares que se adueñaron del sector, contrabando, ecocidio, contaminación, trabajo forzado, desplazamiento de grupos indígenas, enfermedades y decenas de incidentes con saldos trágicos como el último derrumbe ocurrido en febrero pasado en la mina Bulla Loca en el estado Bolívar y que dejó 16 fallecidos, 36 heridos y el desalojo de 1.728 mineros ilegales.
Minería expropiada
El amplio proceso de expropiación ejecutado por Hugo Chávez alcanzó al sector minero. Además de las correspondientes a la explotación del oro, también se intervino las relacionadas con todos los minerales no metálicos y metálicos.
En el año 2008 se expropió a la minera canadiense Crystallex la mina de oro Las Cristinas. La excusa para ello fue la negativa del gobierno de otorgarle un permiso medioambiental clave para iniciar sus operaciones de explotación y en consecuencia anunció que este yacimiento pasaba a control estatal.
La ONG Transparencia Venezuela recordó en un informe sobre el tema que a pesar de los motivos dados por el gobierno para expropiar las minas Las Cristinas, en septiembre de 2012 firmó un acuerdo de explotación con la compañía trasnacional china CITIC Group sin pasar por un proceso de consulta ni licitación.
Justo por esta medida, Venezuela está a punto de perder su único activo más valioso en el extranjero: Citgo Petroleum Corp. debido a la demanda interpuesta por Crystallex en tribunales estadounidenses y ante el Centro de Arbitraje del Banco Mundial (Ciadi). El fallo en ambas jurisdicciones resultó negativo para el país.
También se revocó a la empresa Gold Reserve la concesión de la mina Las Brisas, un gran yacimiento con reservas de 10,2 millones de onzas de oro y 1.400 millones de libras de cobre. La compañía había invertido 300 millones de dólares, por lo que demandó ante el Ciadi con resolución en el 2014 a su favor, ordenando a Venezuela pagar $740 millones.
Esto trajo como consecuencia que durante la gestión de Chávez y Maduro la promulgación de numerosos decretos y resoluciones en el sector minero anarquizó su funcionamiento y generó un desplome en la producción nacional,
tanto de minerales metálicos como no metálicos. «A esa anarquía se suma la opacidad y desinformación de los múltiples entes sobre sus actividades y funcionamiento».
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