Un día como hoy, pero en 2023, la Policía Nacional Anticorrupción acapararía los focos de todo el país al anunciar la detención de un «grupo indeterminado» de funcionarios públicos bajo el señalamiento de «graves hechos de corrupción administrativa y malversación de fondos». Recursos del Estado de los cuales aún se desconoce si se ha recuperado, al menos, una parte. Esta operación se convertiría en la trama «Pdvsa Cripto» que cuatro meses más tarde involucraría a casi 100 personas, convirtiéndose en uno de los mayores casos de corrupción en la historia de Venezuela.
Brian Contreras y Ahiana Figueroa || TalCual
Durante meses, el guiso que se gestó en el seno de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip) fue el tema central de conversación para el oficialismo, que convirtió la «lucha contra la corrupción» en su bandera narrativa con actualizaciones constantes sobre esta trama y planes para resarcir el daño causado por los funcionarios denunciados. Pero desde julio pasado, las autoridades dejaron de referirse al tema.
Muchos cabos quedaron sueltos con la interrupción en las alocuciones públicas del fiscal designado por la constituyente, Tarek William Saab, y de Nicolás Maduro sobre el caso. Cuando dejaron de mencionarlo, aún había órdenes de aprehensión pendientes por ejecutar, no había claridad sobre el monto desfalcado y se desconocían muchos detalles sobre el proceso judicial que afrontarían los implicados, así como los detalles específicos de cómo se gestó una trama de corrupción de estas magnitudes durante al menos tres años sin que el Ejecutivo lo notara.
Es por eso que, un año después, la población venezolana sigue preguntándose «¿Dónde están los reales?», frase famosa con la que los no tan jóvenes recordarán de la campaña presidencial de Luis Herrera Campíns, que luego resultó ganador en las elecciones de 1978. En ese entonces, el abanderado del partido Copei, criticó con su slogan al anterior gobierno adeco de terminar su gestión con un alto índice de pobreza a pesar de los ingresos por la venta de crudo. Aunque en esta ocasión, Venezuela no se encuentra en uno de sus booms petroleros, se estima que entre $5.500 millones y $16.600 millones por concepto de renta petrolera jamás llegaron a las arcas del Estado por la trama de corrupción en Pdvsa.
La imprecisión sobre la cantidad de dinero viene de la mano con el esquema que se implementó para ejecutar estas operaciones. Con Pdvsa y el Banco Central de Venezuela (BCV) sancionados, la venta de petróleo en el mercado internacional encontró múltiples barreras, que empezaron a ser sorteadas con criptomonedas, una herramienta financiera difícil de rastrear e independiente al sistema bancario internacional.
A juicio de Guillermo Fernandes, fundador de una empresa que estudia cadenas de bloques llamada Blockpliance, el problema en esta etapa fue que no hubo un uso institucionalizado de las criptomonedas. En su lugar, se permitió a particulares administrar las billeteras que contenían esos fondos. Por lo tanto, perdieron el control sobre las transacciones.
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