El año 2020, el de la pandemia, los contagios, los confinamientos y los ERTE, fue el gran año de la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas SL. Se trata de la sociedad que permitió a la trama del “caso Koldo” hacerse con nueve contratos por un importe de 53 millones de euros de dinero público. La Audiencia Nacional sostiene que formaba parte de un entramado societario que fue utilizado para cobrar comisiones ilegales que beneficiaron, principalmente, a Koldo García, el exasesor del entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, a Víctor de Aldama y a Juan Carlos Cueto. Pero hay numerosos puntos oscuros en esta sociedad que no permiten entender que se haya adjudicado todas esas contrataciones.
Por larazon.es
Según consta en la documentación del sumario, Soluciones de Gestión, desde su creación hasta el año 2017, estuvo controlada por otros administradores. Y desarrolló su actividad en países de África en asociación con otras empresas, entre ellas, el Grupo Cueto, propiedad de Juan Carlos Cueto. El primer punto opaco de esta empresa es que no se dedicaba a ninguna actividad relacionada con el sector sanitario y carecía de experiencia empresarial como proveedor o intermediario para la adquisición de mascarillas o de otro tipo de insumos para hospitales o centros de salud.
En una segunda etapa, prácticamente no tuvo actividad salvo la generada por las las adjudicaciones públicas que están siendo investigadas en el procedimiento judicial que instruye el juez Ismael Moreno. Aunque aparece como titular oficial el empresario Íñigo Rotaeche, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sostiene que el titular real de la sociedad es Juan Carlos Cueto, a quien señala como la persona que realmente tomaba las decisiones en la empresa y con la que Rotaeche despachaba casi a diario para saber cómo obrar en el desarrollo diario de su actividad. De ellos se concluye la opacidad que existía sobre quién realmente era el administrador de hecho de la sociedad.
Otro aspecto cuestionable es que la empresa que se hizo con nueve contratos con la administración pública no contaba con ningún tipo de experiencia en relación a las administraciones públicas. Nunca había sido proveedor de ninguna institución ni del Gobierno central, ni de autoridades autonómicas o de instituciones municipales. Su primera experiencia en el ámbito público se produjo en el Ministerio de Transportes, en la etapa en que el titular era José Luis Ábalos, jefe de Koldo García. El primer contrato lo formalizó con la empresa pública Puertos del Estado, dependiente de este ministerio.
A ello se suma la falta de claridad sobre cómo esta empresa llegó a conocerse en el a órbita del Ministerio de Transportes para que la eligieran como proveedor en un momento tan sensible como el de la crisis de la Covid-19. Los agentes de la UCO no han podido encontrar pruebas fehacientes sobre cómo en Puertos del Estado dieron con esta sociedad.
Además, se saltaron los principales controles y precauciones que se deben adoptar en la contratación pública. Tal como constatan los informes policiales y también el dictamen del Tribunal de Cuentas que adelantó este periódico, no se verificó la actividad previa y se saltó el requisito de contar con antecedente de contratación con el sector público. Por otra parte, ni en el contrato de Puertos del Estado ni en el de Adif se solicitaron otras ofertas a otras empresas. Aunque esto no era obligatorio debido a que se trataba de una contratación de emergencia, sí es una buena práctica que recomendaba el Tribunal de Cuentas y que otras empresas, como Correos, sí realizaron a la hora de contratar con proveedores de material sanitario.
Otro punto oscuro que genera dudas es que en la formalización de la adjudicación de Puertos del Estado se incurrió en una excesiva flexibilidad en las exigencias a la empresa del “caso Koldo”, todo ello justificado en la situación de emergencia que vivía el país. Por ejemplo, se ampliaron los plazos para la entrega de las mascarillas, que se realizó en varias veces. Y lo más llamativo fue que no se le exigió el aval bancario, un requisito legal esencia. En su lugar, se le permitió aportar un documento en el que se señalaba que la empresa disponía de 10 millones de euros en una cuenta bancaria para respaldar la operación. Este punto es crucial porque, una vez sellado el contrato con esta empresa, se abrieron las puertas a las otras adjudicaciones.
Por último, en algunos casos no se informó de los contratos al Consejo de Ministerios en el plazo de un mes a partir de su formulación, sino que se tardó más. Y en el caso del tercer contrato, que se selló con el Ministerio del Interior, hay un baile de fechas sobre la firma y la entrega de las mascarillas que denota una excesiva flexibilidad con la sociedad de la trama.
Y a todo ello se suman los errores y reclamaciones que se dieron en los contratos que selló con el Servicio de Salud de las Islas Baleares, que le reclamó la devolución de 2,6 millones de euros de los 3,7 millones adjudicados, y con el Servicio de Salud de las Islas Canarias. En este último caso, se hizo un trueque cuando se comprobó que las mascarillas enviadas no se correspondían con las que se habían contratado.
De lo que sí hay indicios claros es que de Koldo García era el exasesor del exministro Ábalos, que ostentó dos cargos públicos en Transportes, concretamente, en Puertos del Estado y en Renfe Mercancías. También que habría mediado en las contrataciones a cambio de comisiones y que conoció a Víctor de Aldama en un viaje a México del entonces ministro Ábalos. Aldama, por su parte, tenía un “pase especial” en Transportes y conocía a Juan Carlos Cueto, cuyas empresas se llevaron más del 30% de los fondos públicos obtenidos.
Además, Koldo García experimentó un notable incremento patrimonial a partir de marzo de 2020, mientras que Aldama facturó 6,7 millones de euros en sus dos empresas por prestar servicios a Soluciones de Gestión. El presidente del Zamora CF habría obtenido un beneficio de 5,5 millones de euros, mientras que el beneficio de Cueto habría ascendido 9,6 millones de euros.