Hace apenas unos días, el pasado 20 de marzo, la Misión de la ONU para Venezuela presentó ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra la actualización de su informe sobre la situación en el país caribeño. La delegación concluyó que “los cuerpos de seguridad del Estado continúan cometiendo graves violaciones de los derechos humanos” y que desde el pasado mes de septiembre, cuando se había publicado el último reporte, encontraron una reactivación “de la modalidad más violenta de represión” por parte de la dictadura.
Lucas Goyret
En efecto, en los últimos meses Nicolás Maduro apeló a todos los resortes del Estado, que trabajan a su merced, y puso a funcionar toda la maquinaria represiva del régimen para cometer todo tipo de brutalidades y violaciones a los derechos humanos. Todo esto en medio de un proceso electoral plagado de irregularidades, y al margen de los compromisos firmados por el chavismo en los Acuerdos de Barbados.
“En Venezuela habrá elecciones llueva, truene o relampaguee”, aseguró Maduro en más de una oportunidad.
La fecha puesta a dedo por el propio régimen y su sistema electoral es el próximo 28 de julio. Elecciones habrá, pero la población no podrá elegir, sino que votará por los candidatos que dispuso la dictadura.
Estos meses de “campaña” estuvieron marcados por una brutal persecución contra la oposición. Su última arremetida se dio en las últimas horas. Ante la orden de detención anunciada la semana pasada por el fiscal general Tarek William Saab, seis dirigentes de la oposición -todos miembros del equipo de campaña de María Corina Machado- se refugiaron en la embajada argentina en Caracas. Amparado en la Convención de Viena, el gobierno de Javier Milei decidió protegerlos y darles asilo. Desconociendo una vez más todo tipo de estatuto internacional, la dictadura respondió cortando el suministro eléctrico de la residencia argentina.
Una más de la larga lista de violaciones a los derechos humanos perpetradas por la administración de Maduro. Violaciones que, por ejemplo, llevaron a la Corte Penal Internacional (CPI) a iniciar una investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
En octubre del año pasado el régimen firmó con la oposición el Acuerdo de Barbados, por medio del cual las partes se comprometían a reconocer el derecho de las partes a elegir libremente a sus candidatos para los comicios de 2024, promoviendo “un clima favorable al desarrollo de un proceso electoral pacífico y participativo”. El pacto establecía, además, la liberación de los presos políticos. Todo eso, a cambio del levantamiento de las sanciones que pesaban sobre el régimen.
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