“Solo los hombres libres pueden negociar; los presos no pueden celebrar contratos. Tu libertad y la mía no pueden separarse”.
Nelson Mandela
La crisis política en Venezuela ha alcanzado un nuevo capítulo en la saga de su turbulenta democracia. La inscripción de Nicolás Maduro como candidato para las próximas elecciones presidenciales el 25 de marzo, intentando proyectar una imagen de amplio apoyo popular, destaca la paradoja de Maduro & Co. (Banda de los Cinco: Diosdado Cabello, Cilia Flores, Vladimir Padrino López, Nicolás Maduro y Jorge Rodríguez) que se aferran al poder a través del miedo, la represión y la manipulación electoral, a pesar de su creciente impopularidad y el colapso económico que azota al país.
La exclusión sistemática de voces disidentes de la esfera política, particularmente la prohibición impuesta a María Corina Machado -la indiscutible candidata de las fuerzas democráticas al ganar la primaria con más 80% de los votos- de participar en las elecciones por el Tribunal Supremo de Justicia del régimen, subraya el objetivo de la dictadura: silenciar cualquier desafío legítimo a su dominio. La nominación de Corina Yoris como candidata alternativa, aunque finalmente bloqueada por el Consejo Nacional Electoral de Maduro, demuestra la determinación de la Banda de los Cinco de no entregar el poder.
La lista de candidatos permitidos para esta elección, dominada por unos títeres conocidos como “alacranes” –políticos que simulan ser contrarios al régimen, pero acuerdan con Maduro conspirar contra la oposición real–, junto con la inclusión de última hora de Manuel Rosales, induce a la invalidez del proceso electoral porque estos supuestos opositores están concebidos para legitimar el continuismo de Maduro. Sobre todo la candidatura del gobernador del estado Zulia.
Sin embargo, la Plataforma Unitaria Democrática logró la inscripción de Edmundo González Urrutia con la tarjeta de la MUD, marcando un hito en su firme esfuerzo por asegurar la participación electoral para el cambio democrático que exige el 80% de los venezolanos. La admisión por parte del CNE de esta candidatura permite seguir avanzando en la hoja de ruta electoral acordada en Barbados en octubre de 2023.
Para seguir usurpando el poder, arremetió en contra del círculo cercano de María Corina Machado. Detuvo a 5 líderes de Vente Venezuela y 2 aún no han sido presentados ante los tribunales; adicionalmente, emitió la orden de captura contra otras 7 personas, de las cuales 6 pidieron asilo en la Embajada de Argentina. La instrucción fue entonces cortarle el suministro de energía a la sede diplomática. En definitiva, un cúmulo de acciones que evidencian la cruda realidad de la violación de los derechos humanos que enfrentan las fuerzas de la verdadera oposición en esta contienda electoral. Mientras tanto, el candidato a la reelección del PSUV continúa promoviendo una retórica contraria a los principios democráticos básicos, al elogiar las recientes elecciones en Rusia que toma como modelo.
El pasado domingo, el referente izquierdista y exmandatario de Uruguay José “Pepe” Mujica afirmó: “Lo que está claro es que en Venezuela no hay respeto elemental a la oposición y eso perturba y crea una situación de que eso no se puede llamar democracia (…) parece que juegan a la democracia, pero no juegan a la democracia”.
Por otro lado, la respuesta internacional a la situación en Venezuela ha incluido los gobiernos de izquierda de Colombia y Brasil, que expresaron su preocupación por las acciones autoritarias de Maduro.
Este lunes, Gustavo Petro ha puesto en cuestión el proceso electoral venezolano al completo. El presidente de Colombia calificó de “golpe antidemocrático” la inhabilitación de María Corina Machado para participar en elecciones. Además, hace cinco días, el mandatario de Brasil dijo que “no tiene explicación jurídica ni política prohibir a un adversario ser candidato”, y calificó de grave el hecho de que la candidata de la MUD Corina Yoris no hubiera podido inscribirse. También hizo un llamado a respetar el pacto alcanzado en Barbados.
Este panorama indica una concordancia creciente en la región acerca de la urgencia de reinstaurar la democracia en Venezuela.
El acuerdo de Barbados, destinado a establecer las bases para unos comicios justos y competitivos, no es respetado por parte del régimen de Maduro debido a su decisión de mantenerse en el poder a cualquier costo. Este escenario compromete la continuidad de la Licencia General 41 que otorga a las empresas petroleras europeas producir y exportar el crudo y gas venezolano -en enero, el volumen exportado de petróleo representó 30 millones de dólares para las arcas de Maduro-.
A pesar de los pocos avances en el cumplimiento del pacto de Barbados por parte de Maduro, la Casa Blanca prefiere renovar la licencia debido a la narrativa impuesta por Chevron sobre el riesgo de sacar el crudo venezolano del mercado energético, lo cual afectaría el precio del galón de gasolina y la inflación en un contexto electoral en Estados Unidos. Además, la sanción se podría reinstalar en cualquier momento al ser una orden ejecutiva.
Lo que ocurre es que esa señal de la administración Biden sería entendida por la Banda de los Cinco como otra amenaza no creíble -caso Alex Saab, no podía obtener la libertad porque no había sido juzgado e independencia de poderes-, lo que debilita el liderazgo estadounidense ante el cambio de comportamiento del régimen que gobierna Venezuela. Por otro lado, esto solo reforzaría la conducta autoritaria de Maduro & Co., además de desmoralizar la lucha de las fuerzas democráticas por lograr unas elecciones libres y competitivas.
Maduro & Co. han usado la estrategia de hacer creer que están dispuestos a entregar el poder. Pero eso sí, a quien le dé confianza de que van a ser libres de todo “pecado” cometido durante 25 años. Con ese cuento ahora buscan que la justicia estadounidense les quite el precio a sus cabezas. Al final, su objetivo es seguir en el poder y traicionar todos los acuerdos, porque no tiene consecuencias reales para seguir secuestrando una nación.
A pesar de los obstáculos impuestos por el régimen, la determinación de la oposición y el escrutinio internacional deben jugar un rol crucial en la transformación de la política venezolana, de una que está dominada por la Banda de los Cinco a una que verdaderamente refleje la voluntad del pueblo.
La situación en Venezuela ilustra el poder de la acción colectiva en la lucha por la justicia y la democracia. A pesar de los obstáculos impuestos por el régimen, la determinación de la oposición y el escrutinio internacional pueden desempeñar un papel crucial en la transformación de la política venezolana, de una que está dominada por el autoritarismo a una que verdaderamente refleje la voluntad del pueblo.
El llamado a la acción es claro: es momento de rechazar las prácticas ilegítimas y autoritarias que han sumido al país en la crisis actual, y trabajar unidos en la reconstrucción de un futuro en el que la voluntad popular sea no solo escuchada, sino también la guía principal en la búsqueda de un destino común más justo y próspero.
En este momento crítico, es esencial que la comunidad internacional mantenga la presión al régimen y el apoyo a las fuerzas democráticas en Venezuela, reafirmando el principio de que la legitimidad del poder reside en el consentimiento libre y justo de los gobernados. La paradoja venezolana no es solo un desafío para su pueblo, sino un recordatorio de la fragilidad de la democracia y la importancia de defenderla con compromiso y solidaridad.