El Colegio Nacional de Periodistas, mediante su Junta Directiva Nacional, se declara en alerta máxima y llama a sus agremiados a rechazar activamente el proyecto de la así llamada Ley Antifascista, presentado por la vicepresidencia de la República, y aprobado en primera discusión por la Asamblea Nacional, por constituir un torniquete definitivo a algunos derechos esenciales para la sociedad, garantizados por la Constitución de 1999 y los pactos internacionales suscritos por el Estado venezolano, como lo son el de la libertad de expresión, de pensamiento, de asociación, de cátedra y de disenso, todos ellos característicos de la democracia participativa, tal como lo establece nuestra carta magna.
El rechazo activo de los periodistas que ejercen legalmente nuestra profesión ha de consistir en que cada comunicador social está en la obligación de argumentar y explicar ante sus diversas audiencias el porqué este anteproyecto contraviene principios básicos de la Constitución y los fundamentos mismos de nuestra profesión, puesto que la Ley de Ejercicio del Periodismo afirma que tenemos como fin, entre otros, «salvaguardar la libertad de expresión y el derecho de información» (Artículo 5 numeral 5) y tenemos como deber la defensa de los derechos humanos (Artículo 34 numeral 1) y que nuestro código de ética, en el Artículo 3, contempla: «El periodista debe impedir la concepción, promulgación y aplicación de decisiones que de alguna manera disminuyan, dificulten o anulen el ejercicio de la libertad de expresión y el libre acceso a las fuentes y medios de información».
Igualmente, en su artículo 14 nos invita a propiciar y estimular «el acceso a los medios de comunicación social de opiniones de los más diversos sectores, sin discriminación alguna de sexo, religión, clase social o ideologías (ómissis)». El anteproyecto de la Ley contra el Fascismo, el Neofascismo y Expresiones Similares, aprobado por la Asamblea Nacional en primera discusión el martes 2 de abril, es un intento de alinear a la sociedad venezolana en general y, de manera muy particular, a los periodistas y medios de comunicación, a un pensamiento único, lo que contraviene la esencia misma de la Constitución Nacional y nuestra Ley de Ejercicio del Periodismo.
Esta propuesta contiene, además, una serie de imprecisiones conceptuales sobre lo que se considera una expresión fascista, al equiparar una variedad de ideas deleznables como el supremacismo racial a otras como el conservadurismo moral, sobre todo cuando se deja a la libre interpretación qué significa esto. Más que preocupación, genera temor la propuesta en este anteproyecto de la conformación de una alta comisión, designada discrecionalmente por el Ejecutivo, que será la encargada de determinar qué expresión, opinión, organización o persona encuadra dentro de la categoría de fascista o neofascista, contra las que se aplicarán severas penas que van desde la prisión (de 8 a 12 años) hasta la disolución de partidos y organizaciones no gubernamentales.
Cabe destacar que el pretendido instrumento normativo regularía no solo la acción, sino especialmente la expresión y la omisión, lo que lleva a pensar que no solo tener un discurso que esa comisión considere fascista, sino también callar serían un delito. Llama la atención también que al lado del fascismo –asociado históricamente a los movimientos nacionalsocialistas de Alemania e Italia, que generaron la II Guerra Mundial, y en el que ostensiblemente se excluye al estalinismo– aparezca la noción de neofascismo, concepto acuñado por la Escuela de Fráncfort para señalar a una parte de la civilización occidental de asumir ideas opresivas como la promoción de la familia, el patriotismo y la moral religiosa.
Así se acusa a dedo a todo aquel que no calce en un lenguaje de corrección política de izquierda, es decir, que se censure al que no piense o hable de una manera determinada. Esta propuesta, junto a otra como la que viene a sancionar el pensamiento «antipatriótico», terminaría de apagar la luz del ya oscurecido panorama de la libertad de expresión en Venezuela, donde otros instrumentos legales como la Ley contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, el anteproyecto de la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines y la misma Ley Resorteme ?tal como lo hemos denunciado en comunicados anteriores? han producido un achicamiento del ecosistema de medios de comunicación y al acallamiento de las voces críticas a la narrativa oficial, lo que se traduce en censura y autocensura entre los periodistas venezolanos, hecho que es sumamente nocivo para nuestra ya debilitada democracia, particularmente en un año electoral como el que estamos viviendo.
La ambigüedad y la imprecisión, sumadas a la discrecionalidad a la hora de la acusación, las penas desmedidas y la persecución del que han sido objeto algunos colegas por el ejercicio de nuestra profesión, han resultado en la negación al venezolano de conocer todos los hechos y opiniones como base para tomar decisiones informadas, justamente una de las condiciones para juzgar si una sociedad vive en democracia o en un régimen totalitario y, por ende, fascista.
El Colegio Nacional de Periodistas confía en que estos señalamientos ayuden a aclarar nuestra posición ante un anteproyecto que afectaría directamente la libertad de expresión de los venezolanos en general, incluyendo a los mismos parlamentarios que la están apoyando, puesto que no se puede dejar a la discrecionalidad y a la subjetividad de organismos dependientes del Ejecutivo nacional, fiscales del Ministerio Público u organismos de administración de justicia, unos supuestos de hechos punibles indefinidos, con una gran carga sancionatoria, que incluye prisión, inhabilitaciones, suspensión inmediata de concesiones, multas desproporcionadas, todo en detrimento del pluralismo, de la diversidad de ideas, del derecho a las comunidades a estar debidamente informadas sobre asuntos de interés público, sin censura previa ni autocensura, porque informar no es delito.
Junta Directiva Nacional del CNP
Caracas, 10 de abril de 2024