En una entrevista exclusiva realizada este jueves 18 de abril, por parte del equipo de lapatilla.com al exgobernador del estado Táchira, César Pérez Vivas, a propósito del proceso electoral que se avecina para el 28 de julio, enfatizó que Nicolás Maduro enfrenta una presión política, “no solo por el tema de las decisiones tomadas por Estados Unidos y Europa, sino que ahora tiene al entorno latinoamericano”.
Luz Dary Depablos / Corresponsalía lapatilla.com
¿Qué lectura le da al pronunciamiento hecho este miércoles por parte de los mandatarios de Brasil y Colombia sobre la posibilidad de hacer un plebiscito en Venezuela?
La propuesta de los presidentes Lula y Petro de realizar un plebiscito en Venezuela para determinar el futuro político de la nación, dándole garantías a los perdedores de respeto a su vida, a sus bienes y a sus derechos humanos, para mí constituye una evidencia del interés que tiene el mundo occidental y, especialmente América Latina, en relación con el manejo democrático de la sociedad venezolana.
Revela claramente, en primer lugar, la ausencia de una democracia, de una elección competitiva en Venezuela, hasta el punto que para simplificar todos los elementos de orden político y jurídico que ha colocado sobre la mesa el Gobierno de Maduro, la solución pasa por una fórmula de naturaleza electoral.
La reunión de la semana pasada entre el presidente Petro y Maduro reveló de manera clara para los entendedores del hecho político, que no hubo un claro entendimiento entre ambos personajes. Por una parte, Petro encontró a un Maduro angustiado, preocupado por su situación política, por su situación personal, por la de su entorno político y familiar, hasta el punto que Petro plantea en la reunión o en la cumbre con Lula, la situación de garantías para quienes pierdan ese plebiscito. Es decir, Petro está claro que existe un riesgo que Maduro le ha comunicado, respecto a los derechos que ellos pudieran alegar en el escenario de un resultado electoral adverso.
También Petro y Lula están observando el incremento de la represión, de la judicialización de la vida política venezolana, todo este conjunto de decisiones para llevar a la cárcel a dirigentes de la oposición venezolana, a figuras de la sociedad civil, periodistas que vienen denunciando hechos de corrupción, violación a derechos humanos, y antes que ser investigados los hechos, son investigados los denunciantes.
Está poniendo en evidencia la tensión grave que tiene el país. En ese sentido, está claro que hay una preocupación, ya no del imperio como suele decir Maduro, no es una injerencia en asuntos internos de Venezuela, sino es una preocupación legítima de los países vecinos, porque la tragedia humanitaria creada en el país está impactando la vida de Brasil y la vida de Colombia, como la vida de toda América Latina.
Son millones de venezolanos que están huyendo literalmente de un infierno, de un país donde no hay agua, donde no hay luz, donde no hay combustible (…) creando esta migración masiva que hoy preocupa severamente a los gobiernos de los países vecinos (…). La presión que Maduro tiene en este momento es muy grande, porque no solamente es el tema de las decisiones tomadas por Estados Unidos y Europa, sino que ahora tiene al entorno latinoamericano.
A mí me parece que ese plebiscito es viable, con otro nombre, es decir, esa consulta democrática la única fórmula de poderla insertar en este esquema constitucional y electoral venezolano, es que Maduro dicte un decreto convocando a un referéndum consultivo y él obligarse ante el país a acatar el resultado, renunciando a la presidencia en caso de que el país le desapruebe su presencia en el gobierno (…) Entonces, lo que podría plantearse es un referéndum consultivo.
La otra opción que Maduro tiene es desbloquear a la oposición, es decir, retirar la conducta autoritaria, arbitraria, mediante la cual no ha permitido la inscripción ni de María Corina Machado ni de Corina Yoris ni de ninguno de los dirigentes que hacemos vida democrática en Venezuela. Dejar también a un lado el empeño de que él es quien selecciona el candidato de la oposición, y en la medida en que él pueda abrir una compuerta para que la oposición tenga el candidato que pueda unificar, integrar, que pueda cumplir el programa de transición que estamos preparando en la oposición, en esa medida él va a poder tener la aquiescencia de toda América Latina.
En segundo lugar, nosotros en el Comando por Venezuela que lidera María Corina Machado, hemos expresado una y otra vez nuestra disposición a un acuerdo político. Nosotros estamos dispuestos a llevar un acuerdo para garantizarle a Maduro y a todo su entorno el derecho a la vida. Aquí en este sector de la sociedad no hay una vocación de violencia ni hay ningún espíritu de revancha, como para que Maduro no se le dé garantías. Estoy absolutamente seguro que una conversación de Maduro o de sus delegados con la ayuda de Colombia y Brasil, y nosotros en el Comando Venezuela con María Corina Machado y otros de los actores que ella designe, estará en condiciones de garantizarle plenamente la vida y los derechos humanos a todos los integrantes de la cúpula roja.
Con el vencimiento de los permisos otorgados por parte de Estados Unidos a la industria petrolera de Venezuela cuando se aproxima el proceso electoral, ¿qué impacto va a tener en la economía del país? ¿Cuál sería la diferencia en esta ocasión?
Ciertamente es preocupante y es lamentable que nuestro país se vea sometido a este tipo de sanciones por países como Estados Unidos, que tienen un impacto, tienen una fuerza muy grande en la economía mundial, porque eso limita la apertura económica, limita las inversiones. Si bien esta sanción no tiene el impacto de las anteriores, porque deja la puerta abierta para que se le den licencias particulares a empresas que el gobierno de Estados Unidos autorice a ingresar en la economía venezolana, va a tener obviamente una limitante porque no todas las empresas del mundo van a querer venir a un país donde una autorización dependa del gobierno de Estados Unidos para ellos para utilizar productos y, sobre todo, para movilizar los recursos financieros que se derivan de ese comercio.
De modo que no hay duda de que esa sanción afecta la economía, repito, no tan intensamente como que fuese una sanción global completa y, en ese sentido, es un tema que nos obliga a ser mucho más diligentes en la búsqueda de la solución política, obliga a Maduro. Si Maduro de verdad tiene interés en ayudar al pueblo de Venezuela, no puede seguirse empecinando en quedarse de presidente eternamente para que estas sanciones se prolonguen.
Lo lógico es que habiendo un cambio de gobierno en Venezuela, todas las sanciones sean levantadas y Venezuela vuelva a ser un país atractivo para los inversionistas en el mundo, y ese es uno de los primeros pasos que puede dar un gobierno democrático de unidad nacional: garantizar el levantamiento de todas las sanciones, abrir la economía, pero sobre todo ofrecer seguridad jurídica a los inversionistas (…). Lo que está detrás de todo este problema ha sido la arbitrariedad con la cual expropiaron bienes, quitaron concesiones a empresas que habían hecho grandes inversiones en Venezuela y a las cuales no se les reconoció el valor de sus activos, y esto llevó a conflictos judiciales en tribunales internacionales donde Venezuela ha sido sancionada, condenada al pago de importantes sumas de dinero que luego tampoco el Gobierno por mala paga y por falta de seriedad y honestidad en el cumplimiento de sus obligaciones, ha querido honrar.
Eso nos ha traído las sanciones que hoy lamentablemente está sufriendo el país. Ninguno de nosotros quiere que su país esté sancionado ni que sufra sanciones, pero hay una realidad que no depende de la voluntad ni mía ni de ningún ciudadano venezolano, sino que depende del comportamiento del Estado venezolano, y el Estado venezolano son los funcionarios públicos que gobiernan.
Si los que gobiernan son personas pendencieras, que andan todos los días faltando el respeto a las autoridades de otros países ofendiendo, confiscando, denigrando de todo el mundo, pues nosotros no vamos a tener buenas relaciones con el mundo. Pero si las autoridades son gente decente, gente honrada, gente que respete a los demás, Venezuela va a poder recuperar su prestigio y sus relaciones con el mundo.
¿Cómo evalúa el comportamiento de Manuel Rosales su postulación a última hora de cara a la elección de un candidato único en acuerdo con la Plataforma Unitaria y María Colina Machado, quien ahora se erige como líder de la oposición luego de su triunfo en la primaria?
Hay que tomar en cuenta para valorar este tema, que en Venezuela y en la oposición democrática llegamos a un acuerdo en el año 2022, y era convocar unas elecciones Primarias en el año 2023. Ese acuerdo fue promovido por la Plataforma Unitaria cuando convocó elecciones Primarias para escoger el candidato de la oposición. Esas elecciones se hicieron de acuerdo a un reglamento que aprobó la Plataforma Unitaria, y dentro de la Plataforma Unitaria, el partido Un Nuevo Tiempo y nueve partidos más fueron los promotores de esas reglas y en base a esas reglas nos inscribimos, todos los dirigentes que participamos en las elecciones Primarias.
Inclusive, hubo dirigentes que no estamos en la Plataforma Unitaria, como en el caso de María Corina Machado, como el caso de Tamara Adrián y mi persona, para hablar de tres apenas, que fuimos a esas elecciones sin ser miembros de la Plataforma Unitaria y nos comprometimos a acatar los resultados. Y eso es lo que muchos de nosotros hemos hecho.
Lo hemos hecho precisamente porque honramos el compromiso firmado en la Plataforma Unitaria más allá de las maniobras del Gobierno. Entonces, lo que tiene que hacer todo dirigente que gire en torno a la Plataforma Unitaria o que haya participado en las elecciones Primarias, es reconocer que María Colina Machado ganó esa Primaria y es la líder de la oposición.
No es que ella se erige como un acto de orgullo personal, no. Es que la ciudadanía venezolana votó para confiar en ella la conducción política y, por lo tanto, la forma de conseguir una solución a la arbitrariedad del Gobierno de Maduro es jugar en equipo. No es cada uno por su lado, no es que haya alguien más vivo que otro que logra que el Gobierno le permita ser candidato y a los demás no se nos permite esa realidad. Entonces, lo importante es que en estas horas, más allá de esas realidades que ya ocurrieron en el 2023, que en estas próximas horas podamos jugar todos en equipo y podamos trabajar para garantizar que vamos a tener un nombre por el cual votar y derrotar voto a voto a Nicolás Maduro.
¿Cómo explica usted desde el punto de vista jurídico que la Asamblea Nacional del chavismo pueda aprobar una Ley contra el Fascismo en Venezuela que esté por encima de derechos fundamentales establecidos en la Constitución de la República?
Desde el punto de jurídico, un proyecto de ley como el que la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, le presentó a la Asamblea Nacional llamada Ley contra el fascismo, no tiene ningún basamento en la Constitución. De modo que desde el punto de vista jurídico, no hay forma de justificar ni de explicar ni de sostener o de defender, un proyecto tan brutalmente arbitrario, tan mal redactado, tan carente de técnica jurídica como el que el Gobierno de Maduro ha enviado al Parlamento, encabezado por Jorge Rodríguez. Un parlamento que, por cierto, no se debate, no se discute, donde lo que allí se hace, donde los que allí se sientan son dóciles funcionarios obedientes a las instrucciones del régimen.
Por lo tanto, no es un parlamento plural donde se pueda debatir ciertamente un proyecto de esta naturaleza. La explicación por la que ese proyecto se presenta es por la arbitrariedad natural de este régimen, por la naturaleza política de los conductores del proceso político venezolano, que son personas formadas en la escuela clásica del comunismo internacional, son alumnos de Fidel Castro, donde el tema de los derechos humanos no existe.
Ni los estalinistas ni los leninistas ni los fidelistas de la escuela arbitraria comunista de la que deriva Nicolás Maduro y Jorge Rodríguez y, por supuesto, su hermana Delcy, son irrespetuosos de los derechos humanos y no les importa para nada que se viole la Constitución, con tal de tener allí una especie de barniz de legalidad y en eso se parecen bastante a Hitler, al sistema fascista nacional socialista de Alemania. Escuchar una emisora de radio de un país vecino era un delito, y si alguna persona era denunciada por oír una emisora de radio francesa, por ejemplo, inmediatamente era sometida a juicio y sancionada por las leyes del fascismo. Así está Venezuela: opinar, participar en algún tipo de comentario o de análisis, que una mente y una inteligencia distinta a la del régimen pueda producir, significa un delito, se le cataloga a la persona de terrorista, de traidor a la patria, simplemente porque no comparta las ideas o porque cuestione un sistema político, como el que hoy tiene Venezuela.
En conclusión, no hay forma de defender en el plano del Derecho un proyecto tan aberrante como esa Ley Antifascista, porque es en el fondo una Ley Fascista, y la única explicación que tiene es un gobierno desesperado que apela a la represión para someter a la sociedad.