La votación del referéndum convocado para este domingo en Ecuador por el presidente Daniel Noboa para decidir sobre reformas en materia de seguridad, justicia, inversiones y trabajo concluyó con una participación de alrededor del 72 % de los 13,6 millones de ecuatorianos que estaban convocados a las urnas.
Así lo informó en un mensaje a la nación la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, tras anunciar el cierre a las 17:00 hora local (22:00 GMT) de los más de 4.300 recintos de votación que permanecieron abiertos durante diez horas consecutivas.
La jornada de votación transcurrió con normalidad hasta que fue asesinado el director de una cárcel, la tercera autoridad que es víctima de un atentado mortal a manos de presuntos sicarios después de que esta semana también fueran matados a tiros dos alcaldes de localidades al sur del país donde existe presencia de minería ilegal.
Hasta el asesinato de Cosme Parrales, que recientemente había asumido el cargo de director de la cárcel de El Rodeo, en la ciudad de Portoviejo, las mayores incidencias de la votación eran los efectos de las fuertes lluvias caídas en las últimas horas en varias zonas, lo que impidió que se abriesen al menos tres recintos de votación.
Atamaint felicitó a los ecuatorianos por acudir a votar “de manera ordenada y pacífica” y agradeció a las Fuerzas Armadas, a la Policía, a los municipios y a todas las instituciones que conforman la mesa de seguridad por haber hecho posible el proceso electoral “de forma pacífica, tranquila y segura”.
Recordó que a partir de las 19:00 ó 19:30 (00:00 ó 00:30 GMT del lunes) comenzarán a visualizarse los resultados oficiales preliminares.
Formuló un llamamiento a la ciudadanía a esperar los resultados “con paciencia y tranquilidad” y recordó que la única institución encargada de proclamar los resultados oficiales es el CNE.
Esta consulta popular estaba compuesta de once preguntas, de las que cinco implican enmiendas a la Constitución de 2008, aprobada durante el mandato presidencial de Rafael Correa (2007-2017), y las seis restantes conllevan cambios legislativos en otras normas de menor grado como el código penal.
La mayoría de las preguntas están enfocadas en reforzar la lucha del Estado contra las bandas del crimen organizado, a las que Noboa declaró a inicios de año el “conflicto armado interno” para pasarlas a considerarlas como grupos terroristas y actores beligerantes no estatales.
A ellas se les atribuye la escalada de violencia criminal que ha llevado a Ecuador a figurar entre los países con más homicidios de Latinoamérica, con una tasa de unos 45 por cada 100.000 habitantes en 2023.
Entre las medidas propuestas está la de permitir que las Fuerzas Armadas apoyen a la Policía en las operaciones contra el crimen organizado, sin necesidad de expedir estados de excepción para el efecto como sucedía hasta ahora.
También plantea que los militares se encarguen de controlar los accesos a las prisiones, después de que tras el último estado de excepción las Fuerzas Armadas hayan intervenido los centros carcelarios para arrebatar el dominio que las bandas criminales ejercían dentro de ellos, y donde tenían grandes arsenales de armas y explosivos que habían logrado introducir.
Otras medidas apuntan a que el armamento incautado a la delincuencia se destine a equipar a las fuerzas estatales, que se permitir la extradición de ecuatorianos que sean requeridos por la Justicia de otros países.
Asimismo, los ecuatorianos votaron si están de acuerdo en establecer un sistema de juzgados especializados en el derecho constitucional, reconocer los arbitrajes internacionales en cualquier jurisdicción como método para atraer inversión extranjera y permitir los contratos temporales por horas, con la idea de incentivar la creación de empleo.
En materia económica, el referéndum consultó la posibilidad de reconocer arbitrajes internacionales en cualquier jurisdicción, como método para atraer inversiones extranjeras, y de permitir los contratos temporales y por horas, como una forma de eventualmente incentivar la creación de empleo.
EFE