Ecuador dio luz verde este domingo a la extradición a través de un referendo para endurecer las leyes contra el crimen organizado, según una encuesta a boca de urna, en una jornada empañada por el asesinato del director de una cárcel y la violencia que envuelve al país.
El Sí a favor de la extradición recibió un 72% de apoyo, mientras que el No captó 25% del total de sufragios, incluidos blancos y nulos, de acuerdo a un sondeo de la empresa Infinity Estrategas contratada por el gobierno y difundido en directo por el canal Teleamazonas.
La jornada estuvo marcada por el asesinato de Damián Parrales, director de la cárcel conocida como El Rodeo de la costera Portoviejo (suroeste). Parrales, quien había asumido el cargo hace cinco días, fue baleado mientras almorzaba con su familia en un restaurante del poblado de Jipijapa (cerca a Portoviejo), según medios locales.
Las penitenciarías son teatro de cruentas matanzas entre reclusos que dejan más de 460 fallecidos desde 2021.
Unos 13,6 millones de los 17,7 millones de habitantes estaban llamados a votar por Sí o No en 11 preguntas impulsadas por el mandatario Daniel Noboa, que coquetea con la reelección en febrero próximo.
La extradición de ecuatorianos, que prohíbe la Constitución, era la punta de lanza del referendo. La población había sido consultada sobre este asunto en febrero de 2023, antes del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, y el No se impuso con 52%.
“Siento que las leyes aquí no son suficientemente fuertes como para que las personas que cometen un delito paguen por lo que están haciendo”, dijo a la AFP la profesora Alexandra Rocha, de 25 años, que votó a favor de la extradición en Quito.
Pasadas las 18H00 locales (23H00 GMT) aún no había ninguna cifra en la pagina del organismo electoral. No era seguro que se difundiesen datos concluyentes este domingo.
Oxígeno para Noboa
El presidente Noboa se mostró más temprano confiado en los resultados.
Este referendo “definirá el rumbo y la política de Estado que tomaremos para poder afrontar el reto de luchar contra la violencia, el crimen organizado”, aseguró durante la inauguración de la jornada
De 36 años y elegido en atípicos comicios para 18 meses (hasta mayo de 2025), Noboa incluyó preguntas sobre la ampliación de las funciones de los militares en la lucha contra el crimen y el aumento de las penas para delitos como narcotráfico.
Sondeos estimaban que el Sí triunfaría hasta con 65% de la votación, en un contexto de masacres en las calles, violencia política, creciente poderío de los narcotraficantes y una crisis eléctrica.
En otros de los temas consultados, la oposición rechazaba principalmente establecer el contrato de trabajo por horas y reconocer al arbitraje internacional para resolver controversias. De acuerdo con la encuesta, difundida también por el diario El Universo, ambas preguntas fueron apoyadas por las mayorías.
“Que gane el Sí, al presidente Noboa le representa más oxígeno de popularidad, de aceptación”, manifestó a la AFP el coordinador de Ciencia Política de la privada Universidad San Francisco, Pablo Medina.
Con una popularidad de 69%, Noboa declaró la guerra a las organizaciones ligadas a carteles de México y Colombia tras una violenta arremetida en enero, con una veintena de muertos.
Entonces decretó el estado de conflicto armado interno y ordenó a las Fuerzas Armadas doblegar a una veintena de agrupaciones consideradas “terroristas” y “beligerantes”.
“Desastre total”
El viernes, el gobierno reveló una lista de “objetivos militares” encabezada por capos mexicanos y colombianos.
En Colombia, el barón de la cocaína Pablo Escobar libró una lucha sin cuartel contra el Estado para evitar la extradición a Estados Unidos, marcada por una ola de coches bomba, secuestros y asesinatos.
Noboa militarizó desde enero las cárceles, centros de operaciones del narco y teatro de cruentas matanzas entre presos que dejan más de 460 fallecidos desde 2021.
La mano dura ha reducido el índice de homicidios de acuerdo con el gobierno; pero la violencia se recrudeció en el último mes.
“Todo voté no, no estoy conforme con este tipo de gobierno, nos ha llevado a un desastre total” y la extradición “no sirve para nada”, manifestó a la AFP Dulce Negrete, de 61 años y empleada privada.
En el último tramo de la consulta apareció una crisis energética. El gobierno sostiene que, además de la sequía que empezó en marzo, hubo sabotaje y corrupción que afectaron la operación de centrales hidroeléctricas.
Ante la emergencia, el Ejecutivo dio asueto obligatorio el jueves y viernes, y aseguró que habrá luz este domingo.
Seis de las preguntas iban dirigidas a reformas legales (consulta popular) y cinco, a enmiendas constitucionales (referendo). La mayoría perseguía dar un inédito protagonismo a las Fuerzas Armadas en la guerra contra el narco.
AFP