Estos ejemplos del pasado son necesarios revisarlos y estudiarlos, con el fin de darle soporte a las reflexiones y actuaciones del presente. Son referentes autóctonos que, combinados con experiencias, allenden nuestras fronteras, complementan los protocolos usados con éxitos, en realidades y circunstancias pretéritas similares.
La evolución histórica de Venezuela, desde que nacimos como República independiente, ofrece una rica experiencia en transiciones de un gobierno a otro, las del siglo XIX estuvieron marcadas por la impronta militarista y por las sucesivas montoneras. Por el personalismo y el caudillismo. Pero al final, estas duras batallas, terminaron en pactos y conveníos. Incluso después de que la sangre había llegado al río. Son las típicas soluciones de continuidad, para que la sociedad siga su curso, en medio de desavenencias y visiones contrapuestas.
Investigar el modo como se produjeron los cambios de gobierno en el pasado es de extrema utilidad, dado que permite estar en mejores condiciones de interpretar el presente y visualizar acontecimientos futuros. Es una herramienta esencial para examinar, corregir errores y evitar repetirlos. Nos permite estar al tanto de aciertos y tomarlos como ejemplo para proceder de la mejor manera, ante eventos similares. Y algunas veces, valen como referencia, frente a imprevistos.
En todos estos instantes de la vida nacional, han tenido una actuación relevante, las mentes sosegadas, dispuestas a contener los impulsos desbordados de intemperantes y maximalistas. Líderes con formación y tranquilidad espiritual que suelen ver más allá de sus intereses particulares. Apasionados por darle un destino cierto a su país.
Uno de estos instantes lo vivimos en abril del año 1936, cuando fue preciso convocar al Congreso Nacional y darle legalidad al nuevo periodo constitucional. Ese mes brotó con fuerza la palabra febril y altisonante. Proliferaron los articulistas con llamados impetuosos y sentencias lapidarias, en contra del espurio parlamento, nacido en la dictadura gomecista. Reclamaban su disolución y la convocatoria a un proceso electoral para elegir uno nuevo. No sin antes lanzar improperios a sus entonces senadores y diputados. Sin advertir matices entre sus integrantes. Por cierto, en su mayoría profesionales de conducta intachable. Ciudadanos honorables.
El debate sobre el funcionamiento del parlamento fue álgido. La prensa se llenó de opiniones contrapuestas. En la polémica salieron a relucir fundamentados argumentos. La calidad académica de las tesis usadas, a favor y en contra, le sigue asegurando su vigencia. Allí podemos encontrar recomendaciones y sugerencias sobre cómo llevar adelante, pacífica y gradualmente, un proceso de transición política, de una dictadura a la democracia.
Venezuela vivía un momento estelar del pensamiento tras la muerte del dictador. Una etapa de incertidumbre y agitada turbulencia. Una de las primeras declaraciones de Rómulo Betancourt al regresar del exilio, fue la de anunciar su respeto al “hilo constitucional” y la conveniencia de aceptar las reuniones del Congreso “con un pañuelo en la nariz”.
En el mitin multitudinario del primero de marzo de 1936 para anunciar y apuntalar el recién fundado ORVE, ratificó el llamado a la prudencia. Advirtió sobre eventuales peligros. Afirmó que la nostalgia del poder gomero podía impulsar al atajo de la asonada. Insistió en la necesidad de crear ciudadanía. Le reconoció a López el paso dado con el Programa de Febrero y el haber otorgado ciertas libertades. En fin, fue un mensaje moderado que apaciguó a los rabiosos que querían quebrar el orden constitucional y disolver el espurio Poder Legislativo.
En este escenario se dio la primera experiencia unitaria de los partidos de izquierda. Nació el Bloque de Abril, integrado por Unión Nacional Republicana (UNR), Partido Republicano Progresista (PRP) y el Movimiento de Organización Venezolana (ORVE). Una coalición que surgió con el propósito de respaldar el funcionamiento del Congreso Nacional y defender la continuidad constitucional. Fue un intento moderado de actuación unitaria. Asumió una ruta concertada para avanzar, sin sobresaltos y sorteando dificultades, hacia la instauración de un auténtico sistema democrático. Fue una fugaz experiencia, arruinada por los de siempre. Por quienes quieren ir más rápido y les parece poco lo alcanzado. Impacientes, que les cuesta apreciar las tonalidades grises y las fisuras en el adversario. Desprecian las rendijas por donde se puede seguir avanzando hacia estadios superiores.
El Congreso eligió a López Contreras para un nuevo periodo presidencial por siete años. Luego, el propio presidente impulsó su reducción a cinco años y la prohibición de ser reelecto para el ejercicio inmediato siguiente. El hilo constitucional se mantuvo, pero no atendió las otras peticiones del Bloque, como era, la de convocar unas elecciones generales para renovar parcialmente el Parlamento y discutir de inmediato una significativa reforma constitucional.
A mediados de 1936 se habían logrado avances significativos. Creación de nuevos partidos y sindicatos, discusión de una Ley para rescatar los bienes malhabidos de Gómez y relativa libertad de prensa, entre otros logros.
El movimiento popular florecía en medio de la intemperancia y la presión de los impacientes. Pero como el desarrollo de los acontecimientos nunca se da de manera lineal, los sectores conservadores, con sólida presencia en los poderes Ejecutivo y Legislativo, interfirieron estos moderados progresos.
Temerosos de un incontrolable deterioro del poder. Molestos por las concesiones otorgadas a los recién fundados partidos de izquierda. Los custodios del rancio gomecismo impulsaron una ley para regular la actividad de calle. De inmediato, recibió el rechazo unánime de la opinión pública, así como de los senadores Prieto Figueroa e Ibrahim García.
El régimen creyó conveniente tener un instrumento que reglamentara el Inciso VI del Artículo 32 de la Constitución entonces vigente, el cual prohibía la práctica del comunismo, el anarquismo, el nihilismo, y el terrorismo. Tarea llevada a cabo por el ministro del Interior, Alejandro Lara. Se presentó al Congreso como “Proyecto de Ley para Garantizar el Orden Público y el ejercicio de los Derechos Individuales”. Sin embargo, la historiografía venezolana la conoce como “Ley Lara”.
Ante la inminente aprobación de esta Ley, los partidos de izquierda y las agremiaciones sindicales crearon el Comité de Defensa Democrática (CDD) y le enviaron una carta al Presidente de la República el 7 de junio de 1936. Allí, le manifestaron su lealtad a los principios republicanos, al mismo tiempo que le advirtieron de la existencia de un estado de intranquilidad y de tensa expectativa. Además, agregaron que no solamente este hecho es la causa de la inquietud reinante, sino la posibilidad de perder las libertades recién conquistadas. En concreto, le solicitaron: Disolución del Congreso y elecciones generales en 1936. Retiro de la Ley del Orden Público. Desplazar de las altas posiciones oficiales a quienes amenazaban las libertades y sustituirlos por elementos reconocidamente democráticos. Confiscación de los bienes de Gómez.
Los suscribientes de la histórica carta, personalidades, partidos políticos y sindicatos concluyen adhiriéndose al Programa de Febrero, a cambio de un nuevo tratamiento a los problemas políticos, económicos y sociales. Así fue como comenzó la segunda y efímera experiencia unitaria de las izquierdas democráticas.
Constituido el CDD por las organizaciones de izquierda y el movimiento sindical, la nueva agremiación convocó a una movilización popular dos días después de haber enviado al Presidente la carta a la cual hemos hecho referencia. A las pocas horas de iniciado el conflicto, se había logrado modificar varios aspectos de la “Ley Lara”. Continuar con la discusión de una nueva Constitución y acelerar lo concerniente a la confiscación de los bienes de Gómez. Todo parecía indicar que la protesta se había iniciado con buen pie. Presagiaba avances en el lento camino hacia una democracia estable y duradera. (Ahora, 15/06/1936)
A pesar de las conquistas alcanzadas, a seis meses de iniciado el proceso de transición política. La impaciencia estuvo presente en varios voceros promotores del conflicto huelgario en contra de la Ley Lara. A la calle salieron 30 mil personas, aproximadamente, en respaldo de las justas peticiones, con lo cual se demostró el elevado poder de convocatoria del C.D.D., hecho que presionó e influyó para el posterior llamado a la huelga general, que inicialmente estaba limitada a 24 horas.
Más tarde, los líderes de esta huelga reconocieron el fracaso de la misma. El mismo Rómulo Betancourt escribió en su libro Venezuela Política y Petróleo, que los “elementos inflamables fue el combustible que alimentó la huelga general”. Una fuerte movilización de protesta que se extendió por varios lugares del país, quisieron convertirla en una insurrección popular para derrocar al gobierno. Se dejaron seducir por “la marea ascendente de la calle”. Amplificaron más allá de lo razonable el conflicto. Terminaron en una derrota que, el régimen aprovechó para golpear a las fuerzas progresistas.
Cuatro meses después, aparece un nuevo intento unificador de la oposición a López. Comenzó en el Zulia, impulsado por el Bloque Nacional Democrático (BND) que dirigían Valmore Rodríguez y Gabriel Bracho Montiel, y en Caracas el Partido Republicano Progresista (PRP) bajo la égida de Rodolfo Quintero y Miguel Otero Silva, entre otros.
El 25 de octubre de 1936, se introdujo ante la gobernación del Distrito Federal el permiso para el funcionamiento del Partido Democrático Nacional (PDN), es decir, la fusión del BND, ORVE, P.R.P., Federación de Estudiantes (Organización Política), cuyo líder era Jóvito Villalba, Frente Obrero y Frente Nacional de Trabajadores, que dirigían respectivamente Augusto Malavé Villalba y Alejandro Oropeza Castillo.
La solicitud fue negada. No obstante, convocaron una reunión en el local de ORVE el 28 del mismo mes y se eligió una directiva representativa de las diversas tendencias ideológicas: Jóvito Villalba, Secretario General; Rómulo Betancourt, Secretario de Organización; Rodolfo Quintero, Secretario del Trabajo; Carlos Augusto León, Secretario de Propaganda; Carlos D’Ascoli, Secretario de Relaciones Interiores; Juan Oropeza, Secretario de Prensa ; Mercedes Fermín, Secretaria del Movimiento Femenino; José Briceño, Secretario de Finanzas y Francisco Olivo, Secretario del Movimiento Campesino.
la nueva organización, tal como fue concebida, estaba destinada al fracaso, bien por la previsible reacción del gobierno o por las diferencias insalvables sobre la concepción de la política, del partido y de la realidad económica y social del país. Era difícil la convivencia entre irreductibles marxistas, obedientes a los mandatos externos y quienes buscaban un camino propio y venezolano para conducir los destinos del país.
Meses después, el 14 de diciembre de 1936, estalló una huelga en los campos petroleros del Zulia. Rápida y extensa fue la solidaridad que despertó en todo el territorio nacional. El propósito de esta huelga era conquistar importantes reivindicaciones sociales, económicas y políticas que les permitieran superar sus condiciones de vida y trabajo. La intransigencia de las compañías petroleras y el decreto ejecutivo de regreso compulsivo al trabajo del 22 de enero de 1937, dictado por el gobierno de López Contreras, doblegó este movimiento, que solo logró el aumento de un bolívar, y dos bolívares para aquellos a quienes las compañías no les habían otorgado habitación.
Esta derrota de los obreros petroleros también afectó a las organizaciones opositoras, las cuales brindaron un amplio apoyo nacional a la huelga. Varios de los dirigentes políticos, promotores y asesores de este movimiento terminaron en las cárceles, como antes había ocurrido en la “huelga general de junio”.
Para el 5 de febrero de 1937, la FEV convocó a una huelga nacional estudiantil con el fin de pedir la libertad de todos los detenidos. El movimiento estudiantil también protestaba la medida que prohibía el legal funcionamiento de los partidos promotores del P.D.N. (1936). Luego vendrá el funcionamiento del PDN clandestino entre 1937 y 1940.
El 14 de marzo de 1937, los periódicos recogieron a grandes titulares el decreto mediante el cual se expulsaba del país a 47 personas por considerarlas afiliadas al comunismo. Algunos de estos son detenidos y enviados al Castillo Libertador de Puerto Cabello, para luego ser embarcados a bordo del vapor francés Flandre, que zarpó de La Guaira la tarde del 26 de marzo de ese mismo año rumbo al exilio. Compartieron en este viaje Jóvito Villalba, Raúl Leoni, Inocente Palacios, Hernani Portocarrero, Gonzalo Barrios, Gabriel Bracho Montiel, Salvador de la Plaza, Gustavo Machado, José Tomás Jiménez Arráiz, Carlos Augusto León, Carlos Irazábal y otros doce dirigentes más.
Así concluyó una etapa caracterizada por el debate y la confrontación de ideas. Sobre método y estilo de lucha. Varios la han calificado como una “luna de miel democrática”, vivida luego de la muerte de Gómez. Una transición difícil entre dos modelos opuestos. Un momento crucial de nuestra historia que debemos revisar con frecuencia, con el fin de detectar errores y aciertos.
Durante estos quince meses, fue prolífico el cruce de ideas entre jóvenes y experimentados. Nunca cesaron las intensas y vehementes discusiones en torno a las formas de lucha y sobre cómo debía actuarse frente a la gestión lopecista. Se postergaron apetencias y privó el interés general. Luego vinieron otros tiempos. La dura clandestinidad. Otra vez persistir en la creación y organización de los partidos políticos. Reflexión sobre los errores cometidos. Abandono de la ilusiones. Seguir capacitándose en condiciones adversas. Reanudar la formación y desarrollo del liderazgo civilista con la mira puesta en los nuevos desafíos.
Se trataba de rescatar el camino democrático, constitucional y electoral. La candidatura simbólica de Rómulo Gallegos en 1941 fue un nuevo comienzo. La llegada de Isaías Medina Angarita a Miraflores aceleró los cambios de la transición pacífica, Temas estos que abordaremos en próximas notas.
@ferinconccs