La situación de los derechos humanos en Venezuela no ha experimentado cambios significativos, permaneciendo críticos los informes sobre violaciones, incluidas ejecuciones extrajudiciales, torturas y detenciones arbitrarias por parte de las fuerzas de seguridad de la dictadura de Nicolás Maduro. Organizaciones no gubernamentales (ONGs) como Provea y el Centro Gumilla, documentaron centenares de asesinatos en operativos de seguridad, con un alto porcentaje de las víctimas siendo jóvenes varones de áreas pobres, según el informe anual del Departamento de Estado norteamericano. Además, el Monitor de Uso de Fuerza Letal registró 432 muertes involucrando a las fuerzas de seguridad solo hasta agosto, con la Policía Nacional Bolivariana (PNB) liderando en número de casos.
Por Infobae
Las acciones de grupos armados no estatales y bandas criminales también contribuyen al caos, involucrados en violencia, tráfico humano y explotación de comunidades indígenas, como es el caso de los Yanomami. Acusaciones de reclutamiento forzado de niños por estos grupos armados ilícitos fueron señaladas, presentando incluso una determinación por parte del Secretario de Estado que Venezuela respaldó tales prácticas durante el período de abril de 2022 a marzo de 2023, según el informe al que accedió Infobae.
El Foro Penal y la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, denunciaron cientos de casos de tortura no reportados por temor a represalias. Las víctimas a menudo eran sometidas a tratos crueles como asfixia, descargas eléctricas y fracturas de huesos, lo que destaca la impunidad con la que actúan las fuerzas de Maduro.
“La Defensoría del Pueblo, afín a Maduro, no publicó estadísticas sobre denuncias de tortura por parte de la policía durante el año. Varias ONG denunciaron casos de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes”, señala el informe dado a conocer por el secretario Antony Blinken. “Grupos de derechos humanos y el FFM denunciaron que representantes de Maduro seguían influyendo en el fiscal general y los defensores públicos para que realizaran investigaciones de forma selectiva y subjetiva. Las ONG nacionales de derechos humanos Foro Penal y Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia sostuvieron que cientos de casos de tortura no se denunciaron porque las víctimas temían represalias”.
El texto prosigue: “En ocasiones, los jueces ordenaban la detención preventiva en instalaciones del Servicio de Inteligencia Nacional (SEBIN) o de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), incluso cuando los detenidos alegaban ante el tribunal que habían sido torturados o mostraban signos compatibles con la tortura”.
“Los medios de comunicación y las ONG informaron de que las fuerzas del orden y los militares afines a Maduro golpeaban y humillaban con regularidad a los sospechosos durante las detenciones. También se denunciaron casos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes contra presos. Personas alineadas con Maduro sometieron a detenidos a asfixia, descargas eléctricas, rotura de huesos y ahorcamiento por las extremidades. También se sometió a los detenidos a bajas temperaturas, privación sensorial y privación del sueño; se les obligó a pasar horas de rodillas y se les esposó durante largos periodos de tiempo. Algunos detenidos y sus familiares denunciaron haber recibido amenazas de muerte. Los detenidos denunciaron que las fuerzas de seguridad afines a Maduro los trasladaban de los centros de detención a casas y otros lugares clandestinos donde se cometían abusos. Los tratos crueles implicaban con frecuencia negar a los presos atención médica y mantenerlos durante largos periodos en régimen de aislamiento. Las ONG informaron de que algunos detenidos habían sido víctimas de violencia sexual y de género por parte de las unidades de seguridad”, señala el texto.
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