Este miércoles el Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid ha abierto diligencias de investigación contra Begoña Gómez, respondiendo a una denuncia presentada por el “sindicato” Manos Limpias, basada en varios artículos periodísticos, uno de ellos confirmado como un bulo. Todo esto ha desembocado en una posible renuncia del presidente del País, Pedro Sánchez, pero ¿Quién es la persona que lo ha iniciado? ¿Quién es el juez que ha abierto estas diligencias?
Por infobae.com
El magistrado no es otro que Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado 41 de los juzgados de Plaza Castilla. Un juez que no es desconocido por los medios ya que ha presidido varios casos polémicos involucrando acusaciones a periodistas, contra futbolistas y otras denuncias presentadas por Manos Limpias.
El juicio contra los 12 periodistas
El caso más conocido de Peinado ocurrió en 2019. En ese momento, el magistrado tomó la decisión de llamar a declarar como investigados a periodistas de ocho destacados medios de comunicación en España, entre ellos El Mundo, El País, ABC, El Confidencial, La Vanguardia, El Español, Cadena Ser y RTVE, por un presunto delito de revelación de secretos, al haber filtrado información, que estaba bajo secreto de sumario, sobre la detención de varios miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR).
La controversia surgió dado que, en el momento de la difusión de estos datos, que incluían detalles de importancia pública como reuniones secretas y planes de subversión, el sumario dirigido por el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, estaba bajo secreto de sumario. No fue sino hasta semanas después cuando este secreto fue levantado, permitiendo entonces una mayor divulgación de la información concerniente a las actividades del grupo acusado de terrorismo. La solicitud para investigar a los periodistas provino de una petición de las defensas de los siete miembros de los CDR en prisión provisional, quienes exigían una indagación sobre el origen de las filtraciones.
Dichas filtraciones revelaron encuentros y comunicaciones sensibles entre los investigados y figuras políticas importantes, como una “reunión secreta in itinere” el 15 de septiembre de 2018 con la hermana del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, con el objetivo de transferir documentación y establecer un canal seguro de comunicación con el entonces presidente, Quim Torra. Además, esta información incluía la existencia de un plan de conspiración contra las instituciones del Estado, lo cual sugería la orquestación de un asalto al Parlamento de Cataluña en un intento por alterar el orden constitucional.
Sin embargo, el caso no llegó muy lejos, ya que afectaba principalmente a funcionarios. La obligación de estos es la de proteger la información que manejan, mientras que los periodistas, por su parte, tienen la obligación de publicarla en caso de ser veraz y de interés público, por lo que los segundos no podían ser imputados.
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