La familia del colombiano Edwin Arrieta le pidió este miércoles al Gobierno de su país que interceda para garantizar la independencia de la Justicia en el juicio que se realiza en Tailandia contra el español Daniel Sancho por el supuesto asesinato premeditado del cirujano.
“Hemos pedido apoyo y acompañamiento al Ministerio de Relaciones Exteriores, al Consulado de Colombia en Tailandia y a nuestras autoridades diplomáticas y confiamos (en que) se puedan pronunciar de carácter urgente sobre el requerimiento solicitado”, expresó la familia en un comunicado.
El juicio contra Sancho por el supuesto asesinato premeditado de Arrieta concluirá el jueves, un día antes de lo previsto, con un testigo más de la defensa y un alegato final del acusado, según pudo saber EFE.
En el documento divulgado hoy, la familia asegura que “confía en “la independencia judicial. Confía en las leyes y en qué Tailandia es un país serio”.
Sin embargo, la familia denunció “por medio del abogado español Juan Ospina que la presencia de un diplomático extranjero en un juicio que es a puerta cerrada, sólo con familiares directos de las partes (…) puede significar un mensaje implícito que no nos gusta y que esperamos no condicione la resolución del Tribunal”.
En ese sentido, la familia Arrieta dijo que la petición de apoyo y acompañamiento hecha al Gobierno colombiano es “en pro de garantizar el principio de ‘igualdad de armas’ el cual consiste en que cada parte debe tener una oportunidad razonable para presentar su caso en condiciones que no lo pongan en desventaja con respecto a su oponente”.
Por todo lo anterior, la familia de la víctima solicitó la presencia de “un miembro consular (de Colombia) en el juicio o en su caso un pronunciamiento expreso por esta circunstancia donde se ha invertido el principio de ‘igualdad de armas’ antes mencionado”.
Inquietudes de la defensa
Sobre este caso, el abogado en España de la familia Arrieta, Juan Ospina, manifestó hoy en una entrevista con la emisora colombiana W Radio ciertas “inquietudes” por la presencia del vicecónsul español Ignacio Victórica Hamilton en todas las sesiones del juicio.
“Nos generaba grave malestar y preocupación y una de ellas es la presencia de un miembro de la oficina consular de España en Tailandia, quien estaba allí más allá del mero asesoramiento que suele hacer una persona de estas características”, aseguró el letrado.
De todos modos, explicó que entiende “que cualquier persona en el extranjero, que tiene un juicio de esta magnitud se puede asesorar de su Embajada o su entidad consular, pero nos llamaba poderosamente la atención la asistencia de esta persona a un juicio, que es un juicio a puerta cerrada donde solo pueden entrar familiares directos de las partes”.
Ospina comentó que la presencia de ese funcionario de España “podría ser un mensaje implícito al propio tribunal y entendíamos que podía sentir de alguna manera condicionada su resolución con la presencia de alguien de España dentro de la sala”.
Sancho, de 29 años, que es trasladado a diario a la corte en un furgón policial desde la cercana cárcel de Samui, donde se encuentra en prisión provisional desde el 7 de agosto, está acusado del asesinato premeditado de Arrieta, delito que Tailandia castiga con hasta la pena de muerte, que apenas aplica.
La Fiscalía de la turística isla de Samui acusa al joven español de otros dos delitos: ocultación del cuerpo, por el descuartizamiento de la víctima, cuyos restos fueron encontrados en varios lugares de Phangan, incluido el mar, y destrucción de documentación ajena. EFE