Durante la Novena Conferencia Anual de Seguridad Hemisférica, llevada a cabo este jueves en la ciudad de Miami, expertos internacionales analizaron la evolución de las organizaciones criminales transnacionales (OCT) en América Latina y el Caribe, subrayando la complejidad de sus operaciones y conexiones globales con grupos relacionados con China, Italia, Albania y Turquía. La discusión se centró en la influencia que estos actores tienen en la región y que afectan directamente la estabilidad y la seguridad del continente.
Por infobae.com
El panel contó con la participación de la experta estadounidense en delincuencia organizada Vanda Felbab-Brown de la Brookings Institution; Will Freeman, analista en estudios de América Latina en el Council on Foreign Relations; la ex ministra ecuatoriana María Paula Romo, Ivelaw Griffith experto en seguridad, drogas y crimen en el Caribbean Policy Consortium, y César Restrepo, Secretario de Seguridad de Colombia.
Vanda Felbab-Brown
Felbab-Brown destacó la expansión y fortalecimiento de las organizaciones criminales mexicanas como el Cartel de Sinaloa y el Cartel Jalisco Nueva Generación, que han intensificado su control en diversas economías ilícitas, extendiendo su influencia a nivel global. Esta situación ha llevado a un aumento de la violencia en países que antes eran considerados pacíficos dentro de la región.
“El Cartel de Sinaloa y el Cartel Jalisco Nueva Generación han incrementado su control sobre territorios, personas e instituciones, y durante los últimos cinco años de López Obrador lo han hecho sin que el gobierno mexicano haya actuado para contrarrestarlo, y mucho menos para hacer cumplir la ley”, expresó.
Adicionalmente, la confrontación entre estos dos cárteles ha catalizado un aumento de la violencia y la desestabilización en varias naciones de América Latina, que históricamente eran consideradas como “islas de paz”, tales como Chile, Costa Rica y Ecuador.
Para Felbab-Brown, la exigencia de lealtad absoluta que los cárteles imponen a los grupos criminales locales causó “un aumento de la violencia que ha superado la capacidad de respuesta de las instituciones locales”.
Indicó, además, que al imponer su hegemonía, estas organizaciones no solo han exportado sus metodologías violentas sino que han inculcado en los criminales locales la idea de diversificar sus actividades más allá del narcotráfico, adentrándose en sectores como la minería ilegal y el tráfico de vida silvestre.
La organización brasilera Primeiro Comando da Capital (PCC) emerge como otro actor crucial en este complejo tablero de ajedrez criminal.
Con una expansión que trasciende las fronteras brasileñas, el PCC ha fortalecido su red de tráfico de drogas hacia Europa, además de establecer presencia en países como Argentina, Venezuela y regiones tan lejanas como África Occidental.
“El PCC ha logrado no solo una expansión significativa dentro de Brasil sino también ha logrado establecer una presencia notable fuera del país”, destacó la experta estadounidense, subrayando el alcance global que están alcanzando estos grupos criminales latinoamericanos.
La llegada de grupos criminales chinos a América Latina también añade una nueva dimensión al problema. Aprovechando la expansión de las economías legales chinas en la región, estas organizaciones han comenzado a desarrollar redes de corrupción y a controlar a la diáspora china con el fin de asegurar la alineación de sus actividades con los intereses del régimen chino.
“Están construyendo redes de corrupción que afectan a las clases empresariales y políticas, lo que representa un desafío multidimensional para la región”, alertó Felbab-Brown.
Will Freeman
Por su parte, el analista en estudios de América Latina en el Council on Foreign Relations, Will Freeman abordó cómo el aumento en la producción de cocaína en Sudamérica, especialmente en Colombia, Perú y Bolivia, plantea desafíos para las democracias del continente, afectando directamente la política y la economía locales.
Este notable incremento en la producción, según cifras de la ONU, ha sido liderado por Colombia, donde, sorprendentemente, se registró un repunte en el cultivo de coca justo antes del acuerdo de paz de 2016.
Freeman señaló que la caída de los precios del petróleo y la disminución de la asistencia de Estados Unidos, sumado al desafío del gobierno colombiano por llenar los vacíos territoriales dejados por las FARC, “abrió la puerta a nuevos enfrentamientos por el control criminal”.
La globalización de la demanda de cocaína es otro factor crítico, con mercados emergentes ampliando el espectro de operación del tráfico de drogas y presentando retos complejos para la ley y la sociedad civil.
Freeman advirtió sobre “la reorganización de la delincuencia organizada en Sudamérica”, destacando la importancia de entender y enfrentar estas transformaciones para salvaguardar los principios democráticos del continente.
Además, la expansión de las rutas de tráfico ha fortalecido económicamente a los grupos criminales regionales, como el Primeiro Comando da Capital (PCC) en Brasil, permitiéndoles diversificar sus actividades ilegales.
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