El resultado de las elecciones presidenciales de Venezuela, programadas para el 28 de julio, será trascendental para el futuro de la democracia del país, así como para los más de siete millones de venezolanos que han abandonado el país y han contribuido a un aumento migratorio en Estados Unidos.
Durante los últimos 25 años, el gobierno de Venezuela ha estado controlado por el chavismo, el movimiento socialista que comenzó con la elección democrática de Hugo Chávez en 1998 y que desde entonces se ha vuelto más autoritario. Cuando Chávez murió en 2013, su protegido Nicolás Maduro ganó la presidencia por un margen estrecho.
La economía de Venezuela se desplomó hace casi una década, lo que provocó uno de los mayores desplazamientos del mundo en la historia de Latinoamérica. El flujo de venezolanos y otros migrantes hacia EE. UU. se ha convertido en un tema dominante en la campaña presidencial estadounidense.
Estas son las primeras elecciones venezolanas en más de una década en las que un candidato de la oposición tiene una posibilidad razonable —aunque escasa e improbable— de ganar.
También están en juego el futuro de las reservas de petróleo de Venezuela, las mayores del mundo; la continuidad de las alianzas del país con China, Rusia e Irán, y el curso de una crisis humanitaria interna que ha sumido en un inmenso sufrimiento a una nación que solía ser próspera.
¿Serán unas elecciones libres y justas?
Ya está claro que las elecciones no serán totalmente libres ni justas.
Maduro, de 61 años, controla el poder legislativo, el ejército, la policía, el sistema judicial, el consejo electoral nacional, el presupuesto del país y gran parte de los medios de comunicación, por no mencionar los violentos grupos paramilitares llamados colectivos.
El gobierno de Maduro ha detenido y encarcelado a 10 miembros de la oposición desde enero. Otros cinco tienen órdenes de arresto y se esconden en la embajada de Argentina en Caracas, la capital de Venezuela.
Una propuesta en el poder legislativo permitiría al gobierno suspender la campaña de la oposición en cualquier momento. Muchos venezolanos que viven en el extranjero no han podido registrarse para votar debido a los requisitos costosos y complicados.
E incluso si la mayoría de los votantes votan en contra de Maduro, hay muchas dudas de que Maduro permita que los resultados se hagan públicos o que los acepte.
Si Maduro abandona el poder, es casi seguro que sería el resultado de un acuerdo de salida negociado con la oposición en el que probablemente trataría de ser protegido de enjuiciamiento en un tribunal internacional por cargos de crímenes contra la humanidad.
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