Es lo más natural, ¿no? Una persona revestida de autoridad que dirija y ponga orden en el tránsito terrestre, e, incluso, en momentos excepcionales, como el paso de un elevadísimo funcionario, o su equivalente, proveniente del extranjero, por un justificado apremio, y que razonables motivos de seguridad que son de Estado, tenga prioridad frente a los restantes ciudadanos que se desplazan.
Del excepcional momento en el que se detiene el tráfico automotor y peatonal, no habría mayores molestias para la persona común que puede, en primer lugar, distinguir que no ha habido un accidente que lo obligue inmediatamente a tomar previsiones, incluyendo la posibilidad de huir del sitio; en segundo lugar, ha de generarle confianza que se trate efectivamente de una autoridad competente que debe responder por sus actuaciones, y no de un delincuente; o, en tercer lugar, incapaz de prolongar innecesariamente la justificada medida que falta a las normas, como las indicaciones del semáforo, por ejemplo. Recordamos muy bien aquella inicial y lejana visita a la ciudad de Berlín, cuando repentinamente, dispuestos a cruzar a pie una esquina de la céntrica y concurrida avenida, agentes policiales detuvieron nuestros andares porque pasaban sendos vehículos con los delegados israelíes y palestinos: en menos de tres de los cinco minutos prometidos, quedó resuelto el delicado asunto, se disculparon y todo transcurrió con la debida y muy urbana normalidad.
Por supuesto, los venezolanos distábamos del caso alemán, pero la interrupción de algún recorrido regularmente dependió acá de un agente uniformado, inequívocamente competente, y fueron contados – otro ejemplo – los ministros que gozaron de una ventaja parecida a la del presidente de la República y sus movilidades. Suponemos que hubo abusos, pero solían tener un gran costo político que pocos estuvieron dispuestos a pagar.
En nuestro país, se hizo cada vez más frecuente la excepción con el arribo del único régimen que hemos tenido en este siglo, quedando definitivamente consagrado a partir de la gestión de Juan Barreto como acalde mayor de la ciudad capital, prontamente imitado por todo aquél que tuviera o jurara tener alguna relevancia en los cuadros del poder. Fue durante los inicios de su gestión que nos sorprendió que cualquier motorizado con o sin arma al cinto, repentinamente detuviera y atravesara su motocicleta para prever y facilitar el paso del vehículo de un burgomaestre que, por cierto, promovió lo que llamó la inteligencia social en ruedas. Y, en adelante, la práctica se hizo privilegio inherente a todo dirigente oficialista con o sin responsabilidades públicas que, no faltaba más, ha de surcar raudo y veloz cualquier localidad.
E, igualmente, tenemos la impresión de que el privilegio no requiere de la comunicación previa del agraciado dirigente, o de su asistente para tales fines, con los agentes de tránsito para cumplir con la ruta, porque cuenta con sus propios motorizados a objeto de acelerar cualquier recorrido. Ésta es la otra función de la escolta, como si fuera la Casa Militar, capaz de imponerse en toda arteria vial, añadida la autopista, desprovista de uniformes, o, en todo caso, no muy conocidos por los otros transeúntes, mano de obra posiblemente tomada de los consabidos colectivos que a lo mejor no adscriben a ningún organismo de inteligencia.
La escena es demasiado recurrente en la metrópoli socialista, porque seguramente son muy numerosas las figuras que cuentan con tan significativa ventaja para circularla cómodamente. Y recurrimos a un neologismo, para referirnos a la escolta que contundentemente concede un determinado estatus social a sus protegidos que son al mismo tiempo temidos, pues, el enchufaje tiene sus escalas.
Una posible sociología de los desplazamientos urbanos, apunta a la existencia de una nomenklatura muy particular. Habrá que preguntarse sobre las incursiones aéreas, porque las muy terrenales tienen un sello sin precedentes.